Tras un largo verano, se ha cumplido el plazo que el mismo ministro de Justicia se dio para la aprobación de la contrarreforma del aborto. Gallardón ha condicionado su futuro político al recorte de la libertad de las mujeres en un último intento por sacar adelante la penalización del aborto. Pero Rajoy, que en un primer momento aplaudió la idea de la contrarreforma utilizando los derechos de las mujeres como moneda de cambio con los sectores más ultraconservadores y fundamentalistas, ahora, ante otra nueva etapa de procesos electorales, vuelve a frenar su aprobación. Porque lo que le importa al PP y a su Gobierno es el puñado de votos que eso les dé o les quite en las próximas elecciones. Lleva los mil días de legislatura traficando con los derechos de las mujeres, como mercancía electoral, según le dictan las encuestas y el calendario de elecciones.
Al Gobierno de Rajoy no le preocupa el sufrimiento de las mujeres; la humillación de no poder elegir por una misma; o poner la salud, incluso la vida, en riesgo. No le ha preocupado que su contrarreforma excluyera al 92% de las mujeres que interrumpen su embarazo, abocándolas al aborto clandestino e inseguro. No le ha importado que no existiera ni demanda, ni alarma social y que la ley de 2010, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, haya conseguido reducir un 5% la tasa de aborto en nuestro país, porque es una ley que pone la prioridad en la prevención. Ni tampoco le ha preocupado que nos salgamos de Europa, donde prácticamente todos los países tienen leyes de plazos similares. Lo único que le ha hecho empezar a replantearse renunciar a la penalizacion del aborto han sido las encuestas electorales de su gurú político de cabecera.
Se ha demostrado que todos los argumentos que esgrimieron (que la restricción del aborto era una cuestión fundamental de su programa electoral, que pretendían defender la vida, que era el legado paterno del propio ministro Gallardón, la lucha contra la violencia estructural, la intención de favorecer la salida de la crisis aumentando la natalidad o el intento de otorgar autenticidad sólo a las mujeres que son madres) eran, y son, argumentos falsos.
Pero la amenaza no queda resuelta. Nos encontramos en un momento clave para elevar el nivel de exigencia en la defensa de los derechos de las mujeres.
Desde el Partido Socialista insistimos en que Mariano Rajoy retire la amenaza que pesa en el derecho a decidir sobre la maternidad, por lo que debe renunciar definitivamente a la contrarreforma de penalización del aborto. Y, también, retirar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE. Porque con sus amenazas, vía consejo de ministros y vía recurso de inconstitucionalidad, han creado un estado de alerta, confusión y desasosiego en el conjunto de la sociedad, y especialmente en las mujeres.
El Gobierno de Rajoy debería ya haber comprendido que además de renunciar a la contrarreforma del aborto, también debería retirar el recurso de inconstitucionalidad. Porque los mismos que han promovido la contrarreforma desde el Consejo de Ministros son los que firmaron el recurso: el presidente Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y las y los ministros Fernández Díaz, Báñez, Mato o el ex ministro Cañete. Deberían comprender que sería socialmente insoportable vivir en un país donde el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad no se reconociera, de igual forma en que lo hacen para todas las ciudadanas, todas las democracias de los países europeos.
Desde el Gobierno buscan un pacto a un consenso que apoye su anteproyecto de ley. Pero saben que no cabe un pacto para recortar la libertad de las mujeres, que el consenso para limitar los derechos es imposible, porque la libertad no se negocia. Si sigue adelante el anteproyecto y no retiran el recurso, nos encontrarán a los y las socialistas de frente en las instituciones y, también, en las calles.
Desde el Partido Socialista invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a la manifestación del día 28 de septiembre para que, de una vez por todas, Rajoy y su Gobierno entienda que debe dejar de amenazar la libertad y derechos de las mujeres. Esta será una victoria del conjunto de la sociedad, fruto de la suma de muchos esfuerzos, fruto de la contestación social de prácticamente todos los sectores y profesionales implicados directamente en el desarrollo de la ley de 2010, que se han pronunciado en contra, junto con asociaciones de mujeres y feministas, y organizaciones y entidades civiles de todo tipo. Y también de la oposición, donde el PSOE, desde el primer momento, ha estado firmemente comprometido, porque sin libertad y respeto a los derechos de las mujeres, la democracia está incompleta.
Al Gobierno de Rajoy no le preocupa el sufrimiento de las mujeres; la humillación de no poder elegir por una misma; o poner la salud, incluso la vida, en riesgo. No le ha preocupado que su contrarreforma excluyera al 92% de las mujeres que interrumpen su embarazo, abocándolas al aborto clandestino e inseguro. No le ha importado que no existiera ni demanda, ni alarma social y que la ley de 2010, de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, haya conseguido reducir un 5% la tasa de aborto en nuestro país, porque es una ley que pone la prioridad en la prevención. Ni tampoco le ha preocupado que nos salgamos de Europa, donde prácticamente todos los países tienen leyes de plazos similares. Lo único que le ha hecho empezar a replantearse renunciar a la penalizacion del aborto han sido las encuestas electorales de su gurú político de cabecera.
Se ha demostrado que todos los argumentos que esgrimieron (que la restricción del aborto era una cuestión fundamental de su programa electoral, que pretendían defender la vida, que era el legado paterno del propio ministro Gallardón, la lucha contra la violencia estructural, la intención de favorecer la salida de la crisis aumentando la natalidad o el intento de otorgar autenticidad sólo a las mujeres que son madres) eran, y son, argumentos falsos.
Pero la amenaza no queda resuelta. Nos encontramos en un momento clave para elevar el nivel de exigencia en la defensa de los derechos de las mujeres.
Desde el Partido Socialista insistimos en que Mariano Rajoy retire la amenaza que pesa en el derecho a decidir sobre la maternidad, por lo que debe renunciar definitivamente a la contrarreforma de penalización del aborto. Y, también, retirar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la IVE. Porque con sus amenazas, vía consejo de ministros y vía recurso de inconstitucionalidad, han creado un estado de alerta, confusión y desasosiego en el conjunto de la sociedad, y especialmente en las mujeres.
El Gobierno de Rajoy debería ya haber comprendido que además de renunciar a la contrarreforma del aborto, también debería retirar el recurso de inconstitucionalidad. Porque los mismos que han promovido la contrarreforma desde el Consejo de Ministros son los que firmaron el recurso: el presidente Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y las y los ministros Fernández Díaz, Báñez, Mato o el ex ministro Cañete. Deberían comprender que sería socialmente insoportable vivir en un país donde el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad no se reconociera, de igual forma en que lo hacen para todas las ciudadanas, todas las democracias de los países europeos.
Desde el Gobierno buscan un pacto a un consenso que apoye su anteproyecto de ley. Pero saben que no cabe un pacto para recortar la libertad de las mujeres, que el consenso para limitar los derechos es imposible, porque la libertad no se negocia. Si sigue adelante el anteproyecto y no retiran el recurso, nos encontrarán a los y las socialistas de frente en las instituciones y, también, en las calles.
Desde el Partido Socialista invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a la manifestación del día 28 de septiembre para que, de una vez por todas, Rajoy y su Gobierno entienda que debe dejar de amenazar la libertad y derechos de las mujeres. Esta será una victoria del conjunto de la sociedad, fruto de la suma de muchos esfuerzos, fruto de la contestación social de prácticamente todos los sectores y profesionales implicados directamente en el desarrollo de la ley de 2010, que se han pronunciado en contra, junto con asociaciones de mujeres y feministas, y organizaciones y entidades civiles de todo tipo. Y también de la oposición, donde el PSOE, desde el primer momento, ha estado firmemente comprometido, porque sin libertad y respeto a los derechos de las mujeres, la democracia está incompleta.