Cuesta asimilar las escalofriantes cifras de la corrupción en España durante los últimos años: 1700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales y más de 500 imputados, tan solo veinte de los cuales cumplen condena en prisión. Más difíciles de digerir todavía, como clavos ardiendo, son los casi 7000 millones de euros defraudados a las arcas públicas desde el año 2000, si solamente sumamos las cantidades defraudadas en el caso Malaya (2400 millones), el caso de los ERE (1200 millones), el caso Edu (2000 millones), el caso Gürtel (120 millones) y otros fraudes como el del caso Palma Arena. Un número que podría ser mucho mayor si tuviésemos en cuenta, por ejemplo, los 3000 millones de euros derivados del posible blanqueo de dinero de Oleguer Pujol. Según un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas en 2013 que tiene en cuenta una dimensión mucho mayor que la que reflejan las estadísticas oficiales, el coste social de la corrupción en este país se estima en 40 000 millones de euros anuales.
No es de extrañar, pues, tras repasar todos estos datos, que la corrupción siga siendo el segundo problema que más preocupa a la sociedad española, según el Barómetro del CIS. De hecho, España fue el segundo país tras Siria donde más aumentó la percepción de la corrupción en 2013 y descendió diez posiciones en el Índice de Percepción de Corrupción, de acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Internacional. Además, la Comisión Europea aún ve insuficiente la futura Ley de Transparencia propuesta por el Gobierno porque carece de mecanismos independientes de control, y pide que se realice una auditoría externa anual de cada formación política y que se publique en línea su cuenta de resultados. Un sistema de transparencia que podría parecerse, por ejemplo, al establecido actualmente en el Reino Unido, donde el ciudadano goza de mayor acceso al diputado y de información detallada sobre su trabajo, controlado mediante la web TheyWorkForYou, como se recuerda en el episodio Sin Transparencia del programa Salvados. En cambio, aquí las declaraciones de bienes que nuestros diputados presentaron en el Congreso en agosto estaban llenas de imprecisiones, hasta tal punto que hay quienes declararon poseer vehículos de la marca coche.
Si analizamos los principales motivos de la corrupción, destacan la avaricia de los dirigentes políticos, la falta de principios éticos para desempeñar los cargos públicos y la opacidad en la gestión de los recursos estatales. Como ciudadanos comprometidos, podemos intervenir en las dos primeras causas tratando de fomentar la sensibilidad ante la corrupción, concienciando sobre los daños que ocasiona y educando en la honradez. Respecto al tercer motivo, podemos promover una mayor transparencia en las gestiones estatales para garantizar un control más estricto de las instituciones públicas.
Últimamente han salido a la luz nuevas herramientas que proponen mecanismos de control sobre el gasto público para fomentar la transparencia y el empoderamiento ciudadano. Por ejemplo, la Fundación Ciudadana Civio está desarrollando diversas plataformas que facilitan a los ciudadanos información sobre la gestión pública y sobre la rendición de cuentas de las instituciones. En Quién Manda se configura un mapa de poder en España con el objetivo de revelar esos vínculos, regular los lobbies y demandar que se publiquen las agendas de trabajo completas de los cargos públicos. El proyecto ¿Dónde van mis impuestos?, también impulsado por Civio, muestra claramente cómo se distribuye nuestro presupuesto, de dónde vienen nuestros ingresos y a qué se destinan. Con el mismo objetivo de fomentar la transparencia y la participación ciudadana, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ha creado los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM), formados por personas de un mismo municipio que tienen como finalidad explicar de manera sencilla cómo se gestionan los presupuestos aprobados por los Ayuntamientos y cuáles son los derechos que, como ciudadanos, podemos exigir. La página web Sueldos Públicos es el primer medio digital que da a conocer de forma libre y contrastada los salarios de los cargos públicos a fin de informar sobre la gestión de nuestros políticos. En la misma línea, la iniciativa Qué hacen los diputados informa sobre la trayectoria profesional y política de los 350 diputados del Congreso, así como sobre sus declaraciones de bienes, comparecencias y votaciones en pleno.
La lucha contra la corrupción y la opacidad en las gestiones públicas sigue siendo la máxima prioridad en un país en el que se acaba de conocer que consejeros y directivos de Caja Madrid gastaron 15 millones de euros mediante el uso de tarjetas de crédito facilitadas por la entidad y ocultas al fisco. Ni que decir tiene que el remedio más fiable para erradicar la corrupción y la defraudación solo puede componerse de transparencia, más transparencia y mucha más transparencia.
No es de extrañar, pues, tras repasar todos estos datos, que la corrupción siga siendo el segundo problema que más preocupa a la sociedad española, según el Barómetro del CIS. De hecho, España fue el segundo país tras Siria donde más aumentó la percepción de la corrupción en 2013 y descendió diez posiciones en el Índice de Percepción de Corrupción, de acuerdo con un informe de la ONG Transparencia Internacional. Además, la Comisión Europea aún ve insuficiente la futura Ley de Transparencia propuesta por el Gobierno porque carece de mecanismos independientes de control, y pide que se realice una auditoría externa anual de cada formación política y que se publique en línea su cuenta de resultados. Un sistema de transparencia que podría parecerse, por ejemplo, al establecido actualmente en el Reino Unido, donde el ciudadano goza de mayor acceso al diputado y de información detallada sobre su trabajo, controlado mediante la web TheyWorkForYou, como se recuerda en el episodio Sin Transparencia del programa Salvados. En cambio, aquí las declaraciones de bienes que nuestros diputados presentaron en el Congreso en agosto estaban llenas de imprecisiones, hasta tal punto que hay quienes declararon poseer vehículos de la marca coche.
Si analizamos los principales motivos de la corrupción, destacan la avaricia de los dirigentes políticos, la falta de principios éticos para desempeñar los cargos públicos y la opacidad en la gestión de los recursos estatales. Como ciudadanos comprometidos, podemos intervenir en las dos primeras causas tratando de fomentar la sensibilidad ante la corrupción, concienciando sobre los daños que ocasiona y educando en la honradez. Respecto al tercer motivo, podemos promover una mayor transparencia en las gestiones estatales para garantizar un control más estricto de las instituciones públicas.
Últimamente han salido a la luz nuevas herramientas que proponen mecanismos de control sobre el gasto público para fomentar la transparencia y el empoderamiento ciudadano. Por ejemplo, la Fundación Ciudadana Civio está desarrollando diversas plataformas que facilitan a los ciudadanos información sobre la gestión pública y sobre la rendición de cuentas de las instituciones. En Quién Manda se configura un mapa de poder en España con el objetivo de revelar esos vínculos, regular los lobbies y demandar que se publiquen las agendas de trabajo completas de los cargos públicos. El proyecto ¿Dónde van mis impuestos?, también impulsado por Civio, muestra claramente cómo se distribuye nuestro presupuesto, de dónde vienen nuestros ingresos y a qué se destinan. Con el mismo objetivo de fomentar la transparencia y la participación ciudadana, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ha creado los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCM), formados por personas de un mismo municipio que tienen como finalidad explicar de manera sencilla cómo se gestionan los presupuestos aprobados por los Ayuntamientos y cuáles son los derechos que, como ciudadanos, podemos exigir. La página web Sueldos Públicos es el primer medio digital que da a conocer de forma libre y contrastada los salarios de los cargos públicos a fin de informar sobre la gestión de nuestros políticos. En la misma línea, la iniciativa Qué hacen los diputados informa sobre la trayectoria profesional y política de los 350 diputados del Congreso, así como sobre sus declaraciones de bienes, comparecencias y votaciones en pleno.
La lucha contra la corrupción y la opacidad en las gestiones públicas sigue siendo la máxima prioridad en un país en el que se acaba de conocer que consejeros y directivos de Caja Madrid gastaron 15 millones de euros mediante el uso de tarjetas de crédito facilitadas por la entidad y ocultas al fisco. Ni que decir tiene que el remedio más fiable para erradicar la corrupción y la defraudación solo puede componerse de transparencia, más transparencia y mucha más transparencia.