La presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 es un buen momento, tras cuatro ejercicios, para llevar a cabo un balance de la gestión realizada por el PP. La estrategia para mejorar la competitividad de la economía española se ha basado en la apuesta por el dogmatismo de la austeridad y la reducción permanente de los costes salariales, dejando abandonada la innovación productiva y la formación del capital humano. Estas dos medidas han hundido el crecimiento económico y el empleo, y han ampliado la brecha de desigualdad y pobreza en nuestro país.
La situación económica a nivel europeo, lejos de resolverse, tiene muchas incertidumbres para lo que queda de 2014 y, sobre todo, para 2015. Hay muchas dudas sobre el estancamiento de la eurozona. No se sabe si solo será transitorio o si, por el contrario, nos va a conducir de nuevo hacia otra recesión. En una economía abierta e interdependiente, el impacto sobre nuestra economía es evidente, afectando ya a las exportaciones y a la balanza por cuenta corriente.
En España, el crecimiento del PIB sigue siendo insuficiente para reducir el desempleo estructural y generar empleo de calidad. El Gobierno, según sus propias previsiones, acabará la legislatura con 400.000 personas menos trabajando de las que había en 2011 y con una tasa de paro similar a la que se encontró, a pesar de la caída extraordinaria de la población activa.
Preocupa sobremanera dos fenómenos que se han acrecentado con el Gobierno del Partido Popular. Estamos hablando, primero, de un elevado nivel de desempleo de larga duración, cuya manifestación más dramática es la caída de la protección por desempleo a mínimos históricos. Y segundo, el problema de la dualidad o, de forma más explícita, el empobrecimiento de un nuevo colectivo de trabajadores precarios que tienen salarios más bajos y contratos temporales o/y a tiempo parcial de manera involuntaria.
En cuanto a la orientación de la política fiscal, el Gobierno sigue apostando por el recorte del gasto público y renuncia a corregir nuestro problema de ingresos. Dicho coloquialmente: resignación a recaudar más de los que más tienen y pagan poco o de los que nunca pagan porque defraudan. Recientemente, en una entrevista en el El País , el economista especializado en desigualdad, Thomas Piketty, señalaba que en España la riqueza patrimonial supone entre siete y ocho veces el PIB, y que sería una locura no pedir a esa riqueza una mayor contribución. ¿Qué hace el Gobierno? Decide mirar para otro lado y aprueba una amnistía fiscal para beneficiar a los grandes patrimonios.
Aunque resulte necesario mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público (gastar mejor), no tenemos un problema de exceso de gasto si lo comparamos con la media de la zona euro. Si descontamos a dicho nivel de gasto lo que se paga por intereses de la deuda y ajustamos por el ciclo económico, tenemos un gasto público en relación al PIB similar al de la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo, previo al pleno desarrollo del Estado de bienestar en España.
Según el proyecto de presupuestos del Gobierno, por el lado de los gastos, el pago de los intereses de la deuda será la mayor partida de gasto no financiero en 2015 (35.490 millones de euros), con un incremento casi un 30% desde 2011. Por el contrario, las prestaciones por desempleo caerán en 4427 millones de euros el próximo año, prácticamente el equivalente al coste recaudatorio que en 2015 tendrá la reforma fiscal. Las pensiones apenas aumentan un 0,25% en términos nominales, como pasó en 2014, el mínimo previsto en la última reforma del Gobierno. Es decir, las pensiones se congelan. La inversión en I+D+i se ha reducido un 25% desde 2011, lo que pone de manifiesto que la mejora de la productividad de la economía española no es una prioridad para este Gobierno. Esto significa que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la inversión (educación e I+D+i) y la financiación de los servicios públicos esenciales. Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la protección social en un contexto de elevado desempleo y nuevos empleos precarios, poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita. El alarmante aumento de las cifras de pobreza y exclusión social, en particular las de la infancia, haría necesario intensificar el esfuerzo no sólo para mantener, sino para incrementar, la financiación de los servicios sociales. Sin embargo, al Gobierno del Partido Popular ni está ni se le espera en políticas para reducir la desigualdad.
Pero si hay un rasgo común que se repite allí donde gobierna el PP es la tendencia al crecimiento descontrolado de la deuda pública a costa de los contribuyentes. En 2015, superará por primera vez el 100% del PIB. Cualquier análisis sosegado a medio plazo debería tener en cuenta los riesgos de deflación o baja inflación, que supone un serio problema para sostenibilidad de la deuda pública. Por tanto, se demuestra una vez más cómo se desmorona el mito de la buena gestión del PP, cuyos hitos de referencia han sido los despilfarros en Caja Madrid, la Comunidad Valenciana o el Ayuntamiento de Madrid.
En definitiva, estos Presupuestos ponen de manifiesto el fracaso de la política económica del Gobierno adoptada a lo largo de la legislatura. El PP está dibujando un país en el que no se reconocen la mayoría de los ciudadanos. Un país con un elevado desempleo estructural, bajos salarios, niveles mínimos de prestaciones sociales y pensiones, etc. Necesitamos un modelo de país radicalmente distinto, debemos aspirar a emular a aquellos países que han demostrado que es compatible tener una renta per cápita elevada, bajos niveles de paro, alta productividad y unas finanzas públicas equilibradas a lo largo del ciclo, con elevados niveles de protección social.
La situación económica a nivel europeo, lejos de resolverse, tiene muchas incertidumbres para lo que queda de 2014 y, sobre todo, para 2015. Hay muchas dudas sobre el estancamiento de la eurozona. No se sabe si solo será transitorio o si, por el contrario, nos va a conducir de nuevo hacia otra recesión. En una economía abierta e interdependiente, el impacto sobre nuestra economía es evidente, afectando ya a las exportaciones y a la balanza por cuenta corriente.
En España, el crecimiento del PIB sigue siendo insuficiente para reducir el desempleo estructural y generar empleo de calidad. El Gobierno, según sus propias previsiones, acabará la legislatura con 400.000 personas menos trabajando de las que había en 2011 y con una tasa de paro similar a la que se encontró, a pesar de la caída extraordinaria de la población activa.
Preocupa sobremanera dos fenómenos que se han acrecentado con el Gobierno del Partido Popular. Estamos hablando, primero, de un elevado nivel de desempleo de larga duración, cuya manifestación más dramática es la caída de la protección por desempleo a mínimos históricos. Y segundo, el problema de la dualidad o, de forma más explícita, el empobrecimiento de un nuevo colectivo de trabajadores precarios que tienen salarios más bajos y contratos temporales o/y a tiempo parcial de manera involuntaria.
En cuanto a la orientación de la política fiscal, el Gobierno sigue apostando por el recorte del gasto público y renuncia a corregir nuestro problema de ingresos. Dicho coloquialmente: resignación a recaudar más de los que más tienen y pagan poco o de los que nunca pagan porque defraudan. Recientemente, en una entrevista en el El País , el economista especializado en desigualdad, Thomas Piketty, señalaba que en España la riqueza patrimonial supone entre siete y ocho veces el PIB, y que sería una locura no pedir a esa riqueza una mayor contribución. ¿Qué hace el Gobierno? Decide mirar para otro lado y aprueba una amnistía fiscal para beneficiar a los grandes patrimonios.
Aunque resulte necesario mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público (gastar mejor), no tenemos un problema de exceso de gasto si lo comparamos con la media de la zona euro. Si descontamos a dicho nivel de gasto lo que se paga por intereses de la deuda y ajustamos por el ciclo económico, tenemos un gasto público en relación al PIB similar al de la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo, previo al pleno desarrollo del Estado de bienestar en España.
Según el proyecto de presupuestos del Gobierno, por el lado de los gastos, el pago de los intereses de la deuda será la mayor partida de gasto no financiero en 2015 (35.490 millones de euros), con un incremento casi un 30% desde 2011. Por el contrario, las prestaciones por desempleo caerán en 4427 millones de euros el próximo año, prácticamente el equivalente al coste recaudatorio que en 2015 tendrá la reforma fiscal. Las pensiones apenas aumentan un 0,25% en términos nominales, como pasó en 2014, el mínimo previsto en la última reforma del Gobierno. Es decir, las pensiones se congelan. La inversión en I+D+i se ha reducido un 25% desde 2011, lo que pone de manifiesto que la mejora de la productividad de la economía española no es una prioridad para este Gobierno. Esto significa que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la inversión (educación e I+D+i) y la financiación de los servicios públicos esenciales. Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la protección social en un contexto de elevado desempleo y nuevos empleos precarios, poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita. El alarmante aumento de las cifras de pobreza y exclusión social, en particular las de la infancia, haría necesario intensificar el esfuerzo no sólo para mantener, sino para incrementar, la financiación de los servicios sociales. Sin embargo, al Gobierno del Partido Popular ni está ni se le espera en políticas para reducir la desigualdad.
Pero si hay un rasgo común que se repite allí donde gobierna el PP es la tendencia al crecimiento descontrolado de la deuda pública a costa de los contribuyentes. En 2015, superará por primera vez el 100% del PIB. Cualquier análisis sosegado a medio plazo debería tener en cuenta los riesgos de deflación o baja inflación, que supone un serio problema para sostenibilidad de la deuda pública. Por tanto, se demuestra una vez más cómo se desmorona el mito de la buena gestión del PP, cuyos hitos de referencia han sido los despilfarros en Caja Madrid, la Comunidad Valenciana o el Ayuntamiento de Madrid.
En definitiva, estos Presupuestos ponen de manifiesto el fracaso de la política económica del Gobierno adoptada a lo largo de la legislatura. El PP está dibujando un país en el que no se reconocen la mayoría de los ciudadanos. Un país con un elevado desempleo estructural, bajos salarios, niveles mínimos de prestaciones sociales y pensiones, etc. Necesitamos un modelo de país radicalmente distinto, debemos aspirar a emular a aquellos países que han demostrado que es compatible tener una renta per cápita elevada, bajos niveles de paro, alta productividad y unas finanzas públicas equilibradas a lo largo del ciclo, con elevados niveles de protección social.