La pobreza infantil es el peor resultado del crecimiento de la desigualdad que asuela nuestra sociedad como consecuencia de la crisis económica y social provocada, primero, y agudizada, después, por la aplicación de las políticas injustas y equivocadas de la derecha política.
Los organismos internacionales como UNICEF estiman en más de dos millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza. Niños y niñas en familias situadas bajo umbrales intolerables desde un punto de vista económico que no garantizan un nivel mínimo de subsistencia. En momentos como los actuales, la responsabilidad de los poderes públicos exige adoptar las medidas que permitan garantizar a estas familias los medios económicos que mitiguen el riesgo de exclusión social. Un riesgo que, padecido por los menores o por personas dependientes, genera efectos irreversibles al incidir en su educación y salud y acabar con cualquier vestigio de aspiración de poder disfrutar en su vida de las mismas oportunidades que los que viven en entornos privilegiados.
Por ello, en el debate de Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una batería de enmiendas destinadas a combatir la pobreza infantil como, por ejemplo, incrementar las cuantías de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo -que en la actualidad apenas alcanzan a 0,80 euros por hijo o hija al día- e incrementar los límites de renta que posibilitan tener derecho a esta asignación económica (por una cuantía de 600 euros al año con un límite de ingresos de 14.000 euros año).
Todo lo posible es poco, porque el austericidio que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo también tiene rostro de niño. No en vano, en España uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza, los hogares con niños y todos sus miembros en paro han aumentado más de un 200%, la inversión se ha recortado casi 800 euros por niño, la pobreza infantil ha crecido más de 8 puntos y España es el tercer país de la OCDE con más pobreza infantil tras Letonia y Grecia. En apenas tres años se ha retrocedido una década en inversión social a la infancia y el Gobierno de Rajoy sólo ha invertido 1 euro por niño en riesgo de pobreza. Por estas razones también proponemos la extensión del subsidio de desempleo a todos los parados que lo han agotado y que tienen cargas familiares por valor del 80% IPREM (426 euros) y 100 euros adicionales por cada hijo a cargo. También proponemos vía enmienda la creación de un fondo contra la pobreza infantil dotado con 1000 millones de euros. Otras enmiendas persiguen reforzar la educación infantil 0-3, impulsando el programa Educa 3 (50 millones de euros), y reforzar las políticas de acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes (60 millones de euros), políticas que el Gobierno del PP ha abandonado totalmente.
Sin duda, el principal reto al que nos enfrentamos los partidos políticos y todos los que nos consideramos socialistas o socialdemócratas es el de ser capaces de presentar una alternativa económica clara al modelo que defienden los conservadores y que está basado en el aumento constante de la desigualdad como vía para garantizar las rentas y status quo de los más favorecidos. La ilusión de prosperidad y riqueza de los años de la burbuja impidió cualquier crítica objetiva sobre la insostenibilidad de lo que sucedía, a pesar de que la desigualdad no se redujo de manera relevante ni en los años de mayor crecimiento económico. Nuestro país fue un gran ejemplo de ello. Las consecuencias de aquellos errores están hoy a la vista. Más desigualdad y concentración de los costes de la crisis en los más desfavorecidos que nada tuvieron que ver con su origen.
Desde una perspectiva teórica, académica, científica, la economía está explicando con rigor y objetividad los estragos generados tanto por la desregulación como por la austeridad. Las inaceptables cifras de pobreza así lo demuestran. Son ya numerosos los estudios que demuestran que los efectos contractivos del ajuste fiscal han sido superiores a lo previsto. A pesar de ello la derecha sigue defendiendo sin respaldo alguno la inexistente "austeridad expansiva" y aplicando allí donde puede un esquema que está retrasando el crecimiento, aumentado las desigualdades y rompiendo el pacto social, la base de nuestra sociedad fundamentada en el principio de igualdad. Es simplemente ideología, es el modelo en el que creen, el que desean. La publicación del libro de Thomas Piketty, Capital en el siglo XXI, que por su profundidad exige una lectura y análisis rigurosos, no sólo demuestra la imparable tendencia que propicia nuestro sistema actual hacia la concentración de riqueza y capital en las manos de unos pocos, sino que respalda una ruta clara de política económica para evitarlo. Este trabajo -que no está exento de críticas, como todo- refuerza claramente la necesidad de gravar fiscalmente con contundencia el capital o riqueza -tanto en sus rendimientos como en su transmisión (sucesiones y donaciones en España)-, así como en la necesidad de combatir a escala global y no digamos europea la evasión fiscal y los paraísos fiscales, verdaderos cobijos y motores de la desigualdad en nuestra sociedad. Este trabajo también desvela el enorme riesgo que existe de que los ricos compren nuestra democracia.
Como apuntaba este verano en Sistema Digital, desde que Joseph Stiglitz alertase en 1998 de las consecuencias económicas de la desigualdad en un trabajo que mantiene toda su vigencia, nadie duda ya de sus dramáticas consecuencias. Hoy incluso el FMI argumenta que la desigualdad lastra el crecimiento (Redistribución, desigualdad y crecimiento, FMI 2014).
Mientras, el aumento de la desigualdad se está generalizando. Durante 2014 el think tank británico Policy Network ha abierto un debate y análisis sobre los llamados "nuevos inseguros", ante la evidencia de la tendencia a la baja en la remuneración de profesiones que exigen niveles de formación altos, y que hasta ahora se habían mantenido estables. Los nuevos inseguros se suman a la legión de desposeídos y amenazados por las políticas de la derecha -trabajadores poco cualificados, mayores, inmigrantes, niños...-. Los nuevos inseguros son científicos, ingenieros, profesionales liberales, profesores y empleados del sector público, amenazados por los copagos, el alza del coste de la vida o la competencia a sus trabajos desde el exterior de nuestras fronteras -gracias a las nuevas tecnologías-, que temen que sus hijos vivirán peor que ellos. Colectivos que se suman a los que ya han caído en el desempleo y la precariedad, los que continúan marginados por culpa de la inacabada batalla por la igualdad de género, a los pensionistas, y a las inmensas bolsas de excluidos que viven bajo el umbral de la pobreza.
Las cifras de pobreza infantil, que no han dejado de aumentar durante los años de crisis, son inaceptables. La lucha contra este problema social debe ser una prioridad para el Gobierno. La dimensión y el alcance de esta lacra hacen necesario un gran pacto con las fuerzas políticas, las administraciones públicas y las organizaciones sociales y de defensa de la infancia.
Los organismos internacionales como UNICEF estiman en más de dos millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza. Niños y niñas en familias situadas bajo umbrales intolerables desde un punto de vista económico que no garantizan un nivel mínimo de subsistencia. En momentos como los actuales, la responsabilidad de los poderes públicos exige adoptar las medidas que permitan garantizar a estas familias los medios económicos que mitiguen el riesgo de exclusión social. Un riesgo que, padecido por los menores o por personas dependientes, genera efectos irreversibles al incidir en su educación y salud y acabar con cualquier vestigio de aspiración de poder disfrutar en su vida de las mismas oportunidades que los que viven en entornos privilegiados.
Por ello, en el debate de Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una batería de enmiendas destinadas a combatir la pobreza infantil como, por ejemplo, incrementar las cuantías de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo -que en la actualidad apenas alcanzan a 0,80 euros por hijo o hija al día- e incrementar los límites de renta que posibilitan tener derecho a esta asignación económica (por una cuantía de 600 euros al año con un límite de ingresos de 14.000 euros año).
Todo lo posible es poco, porque el austericidio que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo también tiene rostro de niño. No en vano, en España uno de cada cuatro niños está en riesgo de pobreza, los hogares con niños y todos sus miembros en paro han aumentado más de un 200%, la inversión se ha recortado casi 800 euros por niño, la pobreza infantil ha crecido más de 8 puntos y España es el tercer país de la OCDE con más pobreza infantil tras Letonia y Grecia. En apenas tres años se ha retrocedido una década en inversión social a la infancia y el Gobierno de Rajoy sólo ha invertido 1 euro por niño en riesgo de pobreza. Por estas razones también proponemos la extensión del subsidio de desempleo a todos los parados que lo han agotado y que tienen cargas familiares por valor del 80% IPREM (426 euros) y 100 euros adicionales por cada hijo a cargo. También proponemos vía enmienda la creación de un fondo contra la pobreza infantil dotado con 1000 millones de euros. Otras enmiendas persiguen reforzar la educación infantil 0-3, impulsando el programa Educa 3 (50 millones de euros), y reforzar las políticas de acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes (60 millones de euros), políticas que el Gobierno del PP ha abandonado totalmente.
Sin duda, el principal reto al que nos enfrentamos los partidos políticos y todos los que nos consideramos socialistas o socialdemócratas es el de ser capaces de presentar una alternativa económica clara al modelo que defienden los conservadores y que está basado en el aumento constante de la desigualdad como vía para garantizar las rentas y status quo de los más favorecidos. La ilusión de prosperidad y riqueza de los años de la burbuja impidió cualquier crítica objetiva sobre la insostenibilidad de lo que sucedía, a pesar de que la desigualdad no se redujo de manera relevante ni en los años de mayor crecimiento económico. Nuestro país fue un gran ejemplo de ello. Las consecuencias de aquellos errores están hoy a la vista. Más desigualdad y concentración de los costes de la crisis en los más desfavorecidos que nada tuvieron que ver con su origen.
Desde una perspectiva teórica, académica, científica, la economía está explicando con rigor y objetividad los estragos generados tanto por la desregulación como por la austeridad. Las inaceptables cifras de pobreza así lo demuestran. Son ya numerosos los estudios que demuestran que los efectos contractivos del ajuste fiscal han sido superiores a lo previsto. A pesar de ello la derecha sigue defendiendo sin respaldo alguno la inexistente "austeridad expansiva" y aplicando allí donde puede un esquema que está retrasando el crecimiento, aumentado las desigualdades y rompiendo el pacto social, la base de nuestra sociedad fundamentada en el principio de igualdad. Es simplemente ideología, es el modelo en el que creen, el que desean. La publicación del libro de Thomas Piketty, Capital en el siglo XXI, que por su profundidad exige una lectura y análisis rigurosos, no sólo demuestra la imparable tendencia que propicia nuestro sistema actual hacia la concentración de riqueza y capital en las manos de unos pocos, sino que respalda una ruta clara de política económica para evitarlo. Este trabajo -que no está exento de críticas, como todo- refuerza claramente la necesidad de gravar fiscalmente con contundencia el capital o riqueza -tanto en sus rendimientos como en su transmisión (sucesiones y donaciones en España)-, así como en la necesidad de combatir a escala global y no digamos europea la evasión fiscal y los paraísos fiscales, verdaderos cobijos y motores de la desigualdad en nuestra sociedad. Este trabajo también desvela el enorme riesgo que existe de que los ricos compren nuestra democracia.
Como apuntaba este verano en Sistema Digital, desde que Joseph Stiglitz alertase en 1998 de las consecuencias económicas de la desigualdad en un trabajo que mantiene toda su vigencia, nadie duda ya de sus dramáticas consecuencias. Hoy incluso el FMI argumenta que la desigualdad lastra el crecimiento (Redistribución, desigualdad y crecimiento, FMI 2014).
Mientras, el aumento de la desigualdad se está generalizando. Durante 2014 el think tank británico Policy Network ha abierto un debate y análisis sobre los llamados "nuevos inseguros", ante la evidencia de la tendencia a la baja en la remuneración de profesiones que exigen niveles de formación altos, y que hasta ahora se habían mantenido estables. Los nuevos inseguros se suman a la legión de desposeídos y amenazados por las políticas de la derecha -trabajadores poco cualificados, mayores, inmigrantes, niños...-. Los nuevos inseguros son científicos, ingenieros, profesionales liberales, profesores y empleados del sector público, amenazados por los copagos, el alza del coste de la vida o la competencia a sus trabajos desde el exterior de nuestras fronteras -gracias a las nuevas tecnologías-, que temen que sus hijos vivirán peor que ellos. Colectivos que se suman a los que ya han caído en el desempleo y la precariedad, los que continúan marginados por culpa de la inacabada batalla por la igualdad de género, a los pensionistas, y a las inmensas bolsas de excluidos que viven bajo el umbral de la pobreza.
Las cifras de pobreza infantil, que no han dejado de aumentar durante los años de crisis, son inaceptables. La lucha contra este problema social debe ser una prioridad para el Gobierno. La dimensión y el alcance de esta lacra hacen necesario un gran pacto con las fuerzas políticas, las administraciones públicas y las organizaciones sociales y de defensa de la infancia.