Pongamos que este domingo, 9 de noviembre, se celebra la consulta alternativa sobre la independencia de Cataluña.
Pongamos que de la organización y del control de la jornada se responsabilizan las organizaciones ciudadanas de carácter soberanista.
Pongamos que las Administraciones públicas se abstienen de participar a fin de evitar cualquier fisura en la legalidad.
Pongamos que algún cargo público decide sacrificarse en el altar de la independencia, para correr voluntariamente el riesgo de ser sancionado.
Pongamos que...
Como todos esto puede ocurrir, intentemos situarnos en el Día Después, el 10 de noviembre, para ganar en perspectiva: ¿sabrá canalizar el debilitado equipo de Mariano Rajoy unos acontecimientos que habrán discurrido en paralelo a la legalidad? ¿Cómo evitar la repetición de nuevas mareas ciudadanas? Las pistas ofrecidas hasta ahora dibujan una acción de gobierno regida con criterios de la respetable Abogacía del Estado. Ahí está la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para confirmarlo. Un Gobierno, al que la estrategia política se le escurre entre las manos y no sólo ante el conflicto catalán.
El Tribunal Constitucional ha aceptado el último recurso del Ejecutivo contra la celebración de un sucedáneo de la pretendida consulta. Y lo ha hecho por unanimidad. Como tiene cinco meses para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión..., ya verá finalmente lo que decide.
También por unanimidad, el Constitucional ha avisado a la Moncloa de que no piensa advertir al presidente Artur Mas de los riesgos que correría si incumple el mandato, como le habían solicitado. Y, aunque la unanimidad no sea signo de neutralidad, en el entorno del más alto tribunal del Estado existen pocas dudas de que sus actuales componentes intentan ahora borrar la imagen de desencuentro que ofreció -en otros momentos y con una composición diferente de magistrados- ante recursos que afectaban también a los catalanes y que, ¡ah!, fueron planteados asimismo por el PP.¿Serán pelmazos estos catalanes?.
Si, al final, los colectivos ciudadanos independentistas son los que organizan la consulta alternativa del 9N, y ésta resulta exitosa, la voz de la calle saldrá robustecida una vez más, mientras la democracia estrictamente representativa habrá vuelto a exhibir sus carencias.
El Día Después, el 10 de noviembre, Mariano Rajoy tendrá que asumir de una vez por todas algo que pretende ignorar: que las situaciones que en Cataluña ha creado un amplio sector soberanista, antes minoritario, no pueden abordarse únicamente con las tablas de la Ley en la mano.
Me temo que no será capaz.
Pongamos que de la organización y del control de la jornada se responsabilizan las organizaciones ciudadanas de carácter soberanista.
Pongamos que las Administraciones públicas se abstienen de participar a fin de evitar cualquier fisura en la legalidad.
Pongamos que algún cargo público decide sacrificarse en el altar de la independencia, para correr voluntariamente el riesgo de ser sancionado.
Pongamos que...
Como todos esto puede ocurrir, intentemos situarnos en el Día Después, el 10 de noviembre, para ganar en perspectiva: ¿sabrá canalizar el debilitado equipo de Mariano Rajoy unos acontecimientos que habrán discurrido en paralelo a la legalidad? ¿Cómo evitar la repetición de nuevas mareas ciudadanas? Las pistas ofrecidas hasta ahora dibujan una acción de gobierno regida con criterios de la respetable Abogacía del Estado. Ahí está la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para confirmarlo. Un Gobierno, al que la estrategia política se le escurre entre las manos y no sólo ante el conflicto catalán.
El Tribunal Constitucional ha aceptado el último recurso del Ejecutivo contra la celebración de un sucedáneo de la pretendida consulta. Y lo ha hecho por unanimidad. Como tiene cinco meses para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión..., ya verá finalmente lo que decide.
También por unanimidad, el Constitucional ha avisado a la Moncloa de que no piensa advertir al presidente Artur Mas de los riesgos que correría si incumple el mandato, como le habían solicitado. Y, aunque la unanimidad no sea signo de neutralidad, en el entorno del más alto tribunal del Estado existen pocas dudas de que sus actuales componentes intentan ahora borrar la imagen de desencuentro que ofreció -en otros momentos y con una composición diferente de magistrados- ante recursos que afectaban también a los catalanes y que, ¡ah!, fueron planteados asimismo por el PP.¿Serán pelmazos estos catalanes?.
Si, al final, los colectivos ciudadanos independentistas son los que organizan la consulta alternativa del 9N, y ésta resulta exitosa, la voz de la calle saldrá robustecida una vez más, mientras la democracia estrictamente representativa habrá vuelto a exhibir sus carencias.
El Día Después, el 10 de noviembre, Mariano Rajoy tendrá que asumir de una vez por todas algo que pretende ignorar: que las situaciones que en Cataluña ha creado un amplio sector soberanista, antes minoritario, no pueden abordarse únicamente con las tablas de la Ley en la mano.
Me temo que no será capaz.