Cuando analizamos las cifras relacionadas con el rescate bancario que los portavoces de los bancos pretenden que llamemos "rescate a las cajas de ahorro", perdemos del todo la magnitud de la inyección de caudales públicos si no lo comparamos con alguna referencia más cercana.
Una unidad que todos entendemos sería el sueldo de un mileurista, antaño medida de trabajadores poco remunerados, hoy en día un sueldo que muchos querrían tener en su cuenta corriente.
La primera barrera que nos encontramos a la hora de analizar el verdadero coste del rescate es la falta de trasparencia de los datos, que no están centralizados ni desglosados de forma completa en ningún sitio oficial, ni en el Banco de España, ni en el FROB. Hay información parcial y dispersa, lo cual dificulta la cuantificación real de los costes y el uso concreto que cada entidad financiera ha hecho del dinero público. El Banco de España ha publicado sendas notas informativas, en septiembre de 2013 y una más reciente el 12 de junio de este año, en la que se cifran algunas partidas importantes del rescate, pero se deja fuera otras también notables, como los Esquemas de Protección de Activos (EPA) que garantizan a los bancos privados a los que se adjudicaron muchas de las cajas de ahorro que no tendrán que hacer frente a la mayoría de pérdidas en un periodo de hasta 10 años.
Las ayudas directas más conocidas ascienden a 63687 millones de euros, de los que solo se han recuperado 1760 millones por operaciones de Banca Cívica y NCG Banco, 1304 millones por la venta en bolsa del 7,5% de Bankia (plusvalía de 301 millones), lo que aportará Banesco (783 millones por la compra de NCG Banco) y los hasta 1187 millones del BBVA por Catalunya Caixa. Los importes recuperados relacionados con las adjudicaciones a bancos tienen, sin embargo, letra pequeña escondida, ya que adquieren entidades con créditos fiscales que se podrán descontar del pago de tributos futuros (los DTA).
Por otro lado tenemos entidades adjudicadas con la ventaja de un Esquema de Protección de Activos, que blinda a los bancos compradores de determinadas pérdidas durante plazos de hasta 10 años; este dinero no se ha computado en los 63687 millones y supone pérdidas potenciales que pueden rebasar los 10000 millones de euros según diferentes estimaciones.
Tampoco se conoce el importe total que corresponde a la ganancia obtenida por los bancos privados al obtener financiación del Banco Central Europeo a coste cercano a 0 y comprar con esta liquidez deuda de países como España, que llegó a rentar un 4%. Estos miles de millones de euros ganados no dejan de ser ayudas indirectas, cuyo riesgo solo sufrirían los bancos si realmente hubiera quitas en la deuda española en algún momento del futuro y se mantuvieran los activos en los balances bancarios.
Como podemos comprobar, las cifras se disparan del cómputo oficial y, además, muchas aún no se pueden cuantificar. Lo que sí está claro es que solo teniendo en cuenta los 63687 millones, equivale a los ingresos totales de 5,3 millones de mileuristas en un año. En otras palabras, más de 5 millones de mileuristas deberían trabajar un año entero y no gastar ni un euro, ni pagar impuestos, para sufragar el rescate bancario.
Estamos ante la transferencia de dinero público a un sector económico más grande de la historia reciente, sector que además no parece que haya cumplido su función social de una forma adecuada durante la crisis económica. Si ha sido imprescindible o no muchos expertos independientes lo cuestionan, pero más allá de ello, antes que tarde se deberá auditar qué dinero, a quién y cómo se ha empleado, por el bien de la transparencia y reputación de nuestros bancos que hacen bien su trabajo.
Una unidad que todos entendemos sería el sueldo de un mileurista, antaño medida de trabajadores poco remunerados, hoy en día un sueldo que muchos querrían tener en su cuenta corriente.
La primera barrera que nos encontramos a la hora de analizar el verdadero coste del rescate es la falta de trasparencia de los datos, que no están centralizados ni desglosados de forma completa en ningún sitio oficial, ni en el Banco de España, ni en el FROB. Hay información parcial y dispersa, lo cual dificulta la cuantificación real de los costes y el uso concreto que cada entidad financiera ha hecho del dinero público. El Banco de España ha publicado sendas notas informativas, en septiembre de 2013 y una más reciente el 12 de junio de este año, en la que se cifran algunas partidas importantes del rescate, pero se deja fuera otras también notables, como los Esquemas de Protección de Activos (EPA) que garantizan a los bancos privados a los que se adjudicaron muchas de las cajas de ahorro que no tendrán que hacer frente a la mayoría de pérdidas en un periodo de hasta 10 años.
Las ayudas directas más conocidas ascienden a 63687 millones de euros, de los que solo se han recuperado 1760 millones por operaciones de Banca Cívica y NCG Banco, 1304 millones por la venta en bolsa del 7,5% de Bankia (plusvalía de 301 millones), lo que aportará Banesco (783 millones por la compra de NCG Banco) y los hasta 1187 millones del BBVA por Catalunya Caixa. Los importes recuperados relacionados con las adjudicaciones a bancos tienen, sin embargo, letra pequeña escondida, ya que adquieren entidades con créditos fiscales que se podrán descontar del pago de tributos futuros (los DTA).
Por otro lado tenemos entidades adjudicadas con la ventaja de un Esquema de Protección de Activos, que blinda a los bancos compradores de determinadas pérdidas durante plazos de hasta 10 años; este dinero no se ha computado en los 63687 millones y supone pérdidas potenciales que pueden rebasar los 10000 millones de euros según diferentes estimaciones.
Tampoco se conoce el importe total que corresponde a la ganancia obtenida por los bancos privados al obtener financiación del Banco Central Europeo a coste cercano a 0 y comprar con esta liquidez deuda de países como España, que llegó a rentar un 4%. Estos miles de millones de euros ganados no dejan de ser ayudas indirectas, cuyo riesgo solo sufrirían los bancos si realmente hubiera quitas en la deuda española en algún momento del futuro y se mantuvieran los activos en los balances bancarios.
Como podemos comprobar, las cifras se disparan del cómputo oficial y, además, muchas aún no se pueden cuantificar. Lo que sí está claro es que solo teniendo en cuenta los 63687 millones, equivale a los ingresos totales de 5,3 millones de mileuristas en un año. En otras palabras, más de 5 millones de mileuristas deberían trabajar un año entero y no gastar ni un euro, ni pagar impuestos, para sufragar el rescate bancario.
Estamos ante la transferencia de dinero público a un sector económico más grande de la historia reciente, sector que además no parece que haya cumplido su función social de una forma adecuada durante la crisis económica. Si ha sido imprescindible o no muchos expertos independientes lo cuestionan, pero más allá de ello, antes que tarde se deberá auditar qué dinero, a quién y cómo se ha empleado, por el bien de la transparencia y reputación de nuestros bancos que hacen bien su trabajo.