Puro postureo. Como cada año, miles de ciudadanos aguardan pacientemente en fila para visitar el Congreso de los Diputados. La casa de todos abre sus puertas una vez al año. Y no deja de ser una terrible metáfora de lo que realmente es, a día de hoy, la relación entre los ciudadanos y las instituciones que las representan. Los gestos, como este inocente acto, pone de manifiesto lo que supura la gran herida de nuestro país: el desprecio de los políticos por los ciudadanos. Y eso hay que solucionarlo.
Dirán los políticos que, cuando se abren canales de participación, la gente pasa. Pero no, la ciudadanía no pasa. La misma lógica paternalista de quién recibe visitas una vez al año que no hace daño se suele dar en este análisis. Como si la culpa fuese solo de la gente. Y eso no es cierto. De hecho, si nos fijamos en la participación de los españoles en plataformas como Change.org, la auténtica marca España es la de la participación. A día de hoy, más de seis millones de españoles son usuarios de la plataforma en nuestro país. España es, de hecho, el país con una mayor proporción de usuarios del mundo. Vamos, que la gente en España se mueve. Y en la dirección correcta.
¿Pero por qué menciono este caso? Porque demuestra que, cuando la gente tiene herramientas efectivas para canalizar su participación, lo hace. Y eso es precisamente lo que nuestras instituciones no están permitiendo. Es la historia de siempre: en el papel, tenemos instrumentos para participar. En la práctica, ponemos la zancadilla a todo el que lo intente.
Nuestra Constitución incluye varios instrumentos para canalizar esa participación. Desde las propias elecciones ya saben, una vez cada cuatro años a los referéndums no hace falta que mencione el tema catalán ni el hecho de que apenas se hayan celebrado dos referendums nacionales en casi cuatro décadas de democracia o las iniciativas legislativas populares -que, en cuanto entran al Congreso, son ignoradas, sin olvidar el derecho a petición.
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De esto es de lo que me gustaría hablar hoy: de la Constitución y el derecho de petición.
Nuestra Constitución recoge el derecho de petición ante las cámaras. Lo hace desde 1837. Y consiste, básicamente, en poder pedir a los diputados que se preocupen por este o aquel tema. Cada año miles de personas lo ejercen. Y sienten el desasosiego de unas cámaras que pasan de ellos. Así que, para todos aquellos que hoy se van a dar golpes en el pecho con la carta magna en la mano, quizás sería bueno que entendieran que la mejor defensa de la Constitución sería desarrollarla para que todos podamos participar de la vida pública. Para que participemos más y mejor.
En primer lugar, ha llegado el momento de derribar los muros que obstaculizan la participación. Y ese primer muro es el de los trámites que deben cumplimentar los ciudadanos para dirigirse a las cámaras. Hoy, para ejercer el Derecho de petición es necesario aportar un listado engorroso de datos ante un registro en el Congreso. Es el momento de aliarse con la tecnología para facilitar que el mayor número de personas se puedan dirigir a los que les representan mediante una sencilla petición online. Tanto los datos necesarios para iniciar un proceso como la necesidad de registro deben entrar también en el siglo XXI ya que lo importante no es quien lo pide porque una petición no tiene que generar efectos jurídicos sino que es importante por lo que pide. Vamos, parezcámonos un poco más al sistema inglés en esto de no pedir tanto al ciudadano y preocuparse de lo que verdad importa que es atenderlo.
En segundo lugar, a día de hoy, para poder sumarse a la petición de otro hay que ir al mismo registro y dar la misma cantidad de datos y seguir la misma cantidad de procedimientos que con la petición inicial. Eso tiene que cambiar y adaptarse al siglo XXI donde los ciudadanos pueden sumarse rápidamente y sin muchos requisitos a la petición de otro a través de las nuevas tecnologías. Porque, de nuevo, lo importante no es tener un registro de los firmantes sino tomar el pulso a lo que está ocurriendo en las calles. No es ninguna barbaridad, el gobierno de Obama lo hace ya desde algunos años desde su portal "We the People", donde cualquiera se puede sumar a la petición de otro tan solo con su nombre y su correo electrónico. Y el Gobierno contesta.
Y en tercer lugar, el Derecho de petición recogido en nuestra legislación tiene una herramienta fantástica: las audiencias. Pero esas audiencias tienen un apellido fatídico: "especiales". Las audiencias especiales son la posibilidad de que el promotor de una petición pueda ser escuchado en el Congreso si los diputados quieren y les viene bien. Eso también tiene que cambiar. Es necesario hacer de la excepción, la norma. Las Cortes deben recibir y escuchar a los promotores de esas peticiones. Que lo que hoy son audiencias especiales, pasen a ser la normalidad en un parlamento abierto a su pueblo. ¿No nos sentiríamos más representados si cada semana pudiéramos ver a varios ciudadanos defendiendo asuntos que les preocupan antes sus señorías? No hace falta que contesten, ya lo hago yo: sería una pasada.
Cuando hablamos de mejoras democráticas, oímos enseguida eso de que "nos queda mucho camino por recorrer". Pero no es verdad. Esta modificación es tan sencilla como cambiar tres artículos del derecho de petición. Por ello, no veo mejor modo de conmemorar el día de la Constitución que planteando reformas sencillas para que nuestra democracia sea mucho mejor. De abrir, de par en par, las puertas de las Cortes. Todos los días del año. Abrir las ventanas para que se vaya el olor a naftalina.
Creo que ha llegado el momento de reformar el derecho a petición.
Dirán los políticos que, cuando se abren canales de participación, la gente pasa. Pero no, la ciudadanía no pasa. La misma lógica paternalista de quién recibe visitas una vez al año que no hace daño se suele dar en este análisis. Como si la culpa fuese solo de la gente. Y eso no es cierto. De hecho, si nos fijamos en la participación de los españoles en plataformas como Change.org, la auténtica marca España es la de la participación. A día de hoy, más de seis millones de españoles son usuarios de la plataforma en nuestro país. España es, de hecho, el país con una mayor proporción de usuarios del mundo. Vamos, que la gente en España se mueve. Y en la dirección correcta.
¿Pero por qué menciono este caso? Porque demuestra que, cuando la gente tiene herramientas efectivas para canalizar su participación, lo hace. Y eso es precisamente lo que nuestras instituciones no están permitiendo. Es la historia de siempre: en el papel, tenemos instrumentos para participar. En la práctica, ponemos la zancadilla a todo el que lo intente.
Nuestra Constitución incluye varios instrumentos para canalizar esa participación. Desde las propias elecciones ya saben, una vez cada cuatro años a los referéndums no hace falta que mencione el tema catalán ni el hecho de que apenas se hayan celebrado dos referendums nacionales en casi cuatro décadas de democracia o las iniciativas legislativas populares -que, en cuanto entran al Congreso, son ignoradas, sin olvidar el derecho a petición.
De esto es de lo que me gustaría hablar hoy: de la Constitución y el derecho de petición.
Nuestra Constitución recoge el derecho de petición ante las cámaras. Lo hace desde 1837. Y consiste, básicamente, en poder pedir a los diputados que se preocupen por este o aquel tema. Cada año miles de personas lo ejercen. Y sienten el desasosiego de unas cámaras que pasan de ellos. Así que, para todos aquellos que hoy se van a dar golpes en el pecho con la carta magna en la mano, quizás sería bueno que entendieran que la mejor defensa de la Constitución sería desarrollarla para que todos podamos participar de la vida pública. Para que participemos más y mejor.
En primer lugar, ha llegado el momento de derribar los muros que obstaculizan la participación. Y ese primer muro es el de los trámites que deben cumplimentar los ciudadanos para dirigirse a las cámaras. Hoy, para ejercer el Derecho de petición es necesario aportar un listado engorroso de datos ante un registro en el Congreso. Es el momento de aliarse con la tecnología para facilitar que el mayor número de personas se puedan dirigir a los que les representan mediante una sencilla petición online. Tanto los datos necesarios para iniciar un proceso como la necesidad de registro deben entrar también en el siglo XXI ya que lo importante no es quien lo pide porque una petición no tiene que generar efectos jurídicos sino que es importante por lo que pide. Vamos, parezcámonos un poco más al sistema inglés en esto de no pedir tanto al ciudadano y preocuparse de lo que verdad importa que es atenderlo.
En segundo lugar, a día de hoy, para poder sumarse a la petición de otro hay que ir al mismo registro y dar la misma cantidad de datos y seguir la misma cantidad de procedimientos que con la petición inicial. Eso tiene que cambiar y adaptarse al siglo XXI donde los ciudadanos pueden sumarse rápidamente y sin muchos requisitos a la petición de otro a través de las nuevas tecnologías. Porque, de nuevo, lo importante no es tener un registro de los firmantes sino tomar el pulso a lo que está ocurriendo en las calles. No es ninguna barbaridad, el gobierno de Obama lo hace ya desde algunos años desde su portal "We the People", donde cualquiera se puede sumar a la petición de otro tan solo con su nombre y su correo electrónico. Y el Gobierno contesta.
Y en tercer lugar, el Derecho de petición recogido en nuestra legislación tiene una herramienta fantástica: las audiencias. Pero esas audiencias tienen un apellido fatídico: "especiales". Las audiencias especiales son la posibilidad de que el promotor de una petición pueda ser escuchado en el Congreso si los diputados quieren y les viene bien. Eso también tiene que cambiar. Es necesario hacer de la excepción, la norma. Las Cortes deben recibir y escuchar a los promotores de esas peticiones. Que lo que hoy son audiencias especiales, pasen a ser la normalidad en un parlamento abierto a su pueblo. ¿No nos sentiríamos más representados si cada semana pudiéramos ver a varios ciudadanos defendiendo asuntos que les preocupan antes sus señorías? No hace falta que contesten, ya lo hago yo: sería una pasada.
Cuando hablamos de mejoras democráticas, oímos enseguida eso de que "nos queda mucho camino por recorrer". Pero no es verdad. Esta modificación es tan sencilla como cambiar tres artículos del derecho de petición. Por ello, no veo mejor modo de conmemorar el día de la Constitución que planteando reformas sencillas para que nuestra democracia sea mucho mejor. De abrir, de par en par, las puertas de las Cortes. Todos los días del año. Abrir las ventanas para que se vaya el olor a naftalina.
Creo que ha llegado el momento de reformar el derecho a petición.