A quienes han soportado hasta la saturación la grosera descalificación del PSOE como alternativa diferenciada al PP, haciéndolo pasar como parte indistinguida de un mismo paquete de partidos tradicionales del régimen del 78, debería sometérseles al test de su comparación en dos ámbitos muy específicos.
Y ello por si no bastara la elocuencia de sus balances de resultados en materia de derechos y libertades, donde todos los avances han venido impulsados y aprobados por el PSOE con el voto en contra de la derecha, y todos los retrocesos han sido después perpetrados por los regresos del PP al Gobierno. Esos dos ámbitos son la gestión de RTVE como medio de informativos público y la política de Justicia. Ejemplos muy ilustrativos de que la diferencia entre PP y PSOE sí que existe, sí que importa, y sí se nota.
En la etapa del PP, RTVE ha sido invariablemente sometida a una sucesión de purgas sectarias de profesionales de contrastada capacidad crítica, para recolocar en los puestos de dirección de informativos y opinión a los talibanes más obsecuentemente vendidos al propagandismo beligerante del PP y de la imagen personal de los dirigentes de la derecha. La adulación a los portavoces del PP ha sido la característica de sus entrevistadores, presentadores y tertulianos, en grueso contraste con la hostilidad o menosprecio de sus oponentes. Las instrucciones políticas -por pinganillo u orden directa- dominan la escaleta de los telediarios desde la convicción de que no hay nada que se resista a una persistente radiación de manipulación informativa y selección de noticias conforme a sus intereses.
En Justicia, el asunto es aún más grave si cabe.
El PP siempre ha considerado el espacio judicial -jueces, magistrados, fiscales, cuerpo de funcionarios de la Administración de Justicia- un predio de su propiedad. A la composición mayoritariamente conservadora de esos cuerpos les ha aplicado el PP en el Gobierno una presión atornillante orientada a dejar claro quién manda aquí a sus miembros individuales. La contrarreforma del CGPJ -un órgano defectuosamente concebido en la propia Constitución de 1978 (art. 122 CE)- perpetrada por el dimitido ministro Gallardón, se orientó explícitamente a acentuar ese mensaje de poder puro y duro de la dirección política y judicial sobre el desenvolvimiento de las carreras profesionales de jueces y magistrados.
El caso Gürtel es, como todo el mundo sabe a estas alturas, no sólo un escándalo mayúsculo, que da noticia de una trama de corrupción pandémica en la colmena del PP, sino uno de los sumarios de mayor complejidad de la historia procesal española desde la Transición. Su instrucción ha acumulado, desde hace 6 años, 100.000 folios, decenas de tomos y un centenar de comisiones rogatorias al extranjero. Todo ello bajo la competencia del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional.
Haberle hincado el diente a la corrupción de la tesorería del PP le costó el puesto al mismo Baltasar Garzón, al que la derecha política y mediática habían adulado, jaleado y glorificado durante largos años, y hasta la náusea, mientras lo visualizaron como un torpedo contra los últimos rescoldos del felipismo tardío.
Expulsado Garzón de la carrera judicial, el mensaje a la entera judicatura española era claro y terminante: "si así han hecho picadillo al juez estrella y mediático por excelencia en la constelación judicial española, ¿qué no podrían hacerle al resto de los jueces mortales si osan importunar a quien manda aquí?".
El sustituto en ese Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional -el Juez Pablo Ruz- ha dedicado varias años a desovillar el complejo entramado de enriquecimientos ilícitos montados desde el cuartel general del PP en Génova con la autoría crucial del tesorero al que Rajoy tranquilizaba y le pedía "se fuerte"... ¡incluso cuando ya se sabía de sus cuentas millonarias y ocultas al fisco en Suiza y otros paraísos!
El completamiento del sumario está ahora pendiente de la Comisión Permanente del mismo CGPJ, que el PP reformó con su sola mayoría absoluta para acentuar su poder de dominio sobre las carreras de jueces, reforzada aún más con un nuevo vocal del PP después del oportuno episodio de dimisión del vocal de CiU inspeccionado en su coche mientras regresaba de Andorra.
Esa misma Comisión Permanente amenaza ahora con dejar colgado de la brocha de la Gürtel el sumario. Para que no pueda ser completado en este año crucial de 2015, en el que el PP se abisma a un pastel de castigos electorales a los que la conclusión del sumario del caso Gürtel podría poner la guinda... Y no se complementará, no si la derecha que impone su ordeno y mando sobre la política judicial puede hacer algo para impedirlo.
Para empeorarlo aun más, lo que hemos conocido acerca de la intención de mayoría absoluta del PP para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal camina en un sentido igualmente represivo: ordenar el fin del sumario en 6 meses, aunque salga el sol por Antequera, equivale a otorgar carta de impunidad a los corruptos que pueden torpedear los sumarios e investigaciones que les apuntan con recursos y abogados caros al alcance solo de los muy ricos y de los muy poderosos.
La descabellada idea de que el ministro de Interior pueda ordenar directamente, sin autorización judicial previa, una escucha telefónica o la interceptación de comunicaciones privadas, es radicalmente contraria a la Constitución (art. 18.3). Esa con la que tanto se llenan la boca los dirigentes del PP, sin que se la hayan leído ni la respeten lo bastante.