Lo más interesante estaba pasando fuera de las puertas del Congreso. Dentro, el partido que gobierna continuaba explicándose a sí mismo que "las encuestas de intención de voto esconden mucho voto oculto", como aseguraba uno de los principales ministros de Rajoy para dominar el pánico. Con una explicación tan sencilla es más fácil seguir gobernando al margen de la calle, incluso en contra de los derechos más elementales de los ciudadanos. "Democracia, la ciudadanía no te olvida", se leía en la corona de flores que, frente a los leones, había depositado un colectivo de activistas ante la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como #leymordaza y que más que proteger a los ciudadanos, lo que pretende es salvaguardar a los dirigentes de las protestas.
El Ejecutivo se ha ajustado un poco más el nudo, Windsor, por supuesto, y donde ellos ven una corbata de seda, el resto contemplamos una soga que cada día aprieta más la garganta. Ellos achacan el ligero dolor a un constipado que pasará antes de las próximas elecciones, mientras los demás tomamos nota ante la clase magistral que solo 48 horas antes habían dado sobre cómo hacerse el nudo de la soga en tres cómodos pasos, para algo ensayan a diario:
Primer paso. Coges la encuesta que revela que 8 de cada 10 españoles se oponen a la #leymordaza, realizada por Metroscopia para Avaaz.org -organización global de movilización online- y te la ciñes al cuello. Multas de hasta 30.000 euros por no enseñar el DNI a la policía, pretender impedir un desahucio o grabar a antidisturbios golpeando a manifestantes le parecen exageradas al 79% de los encuestados. Alejandra Jacinto, de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que junto a SOS Racismo, Greenpeace y No Somos Delito han pedido a la oposición que se comprometa a derogarla -pocos han respondido en alto-, dice: "Estamos aquí porque con esta ley lo que pretende el Gobierno es ilegalizar la defensa de los derechos humanos, penalizar toda forma de expresión ciudadana y penalizar las protestas antidesahucio con multas de hasta 30.000 euros. ¿Qué amenaza es para la seguridad protestar contra los desahucios? Ejercemos la protesta pacífica. Eso sí, bien que se encargan de proteger a los bancos y entidades financieras, entrar a protestar en una oficina puede estar penado hasta con multas de 1.000 euros". Jesús Calpe, de la Asociación de Abogados Independientes (ALA), se pregunta "cómo puede ser delito grabar a un agente de la autoridad en una manifestación. Se trata de proteger los derechos fundamentales de la Constitución y esta ley se los carga. Creo que hay muchos motivos para afirmar que esta ley es anticonstitucional; el articulo 21 de la Constitución, por ejemplo, reconoce el derecho de reunión sin necesidad de tener que pedir autorización".
Segundo paso. Crees que giras la soga en torno al juez Ruz, que casualmente se ocupa de la Gürtel y de la financiación B del PP , y en realidad das dos vueltas sobre tu propio cuello. Como ha humillado y señalado a dirigentes con pedigrí, ahora es el momento de hacerle morder el polvo. "El Gobierno se ha salido con la suya, que era apartar a un juez independiente y trabajador de casos como Gürtel, Bárcenas y financiación del PP en un año electoral como es el 2015. Todo es una trampa porque a Ruz 1) le han puesto fecha de caducidad, el mes de marzo; 2) le llevan a una situación de precariedad total, porque de aquí a marzo, cualquier asunto en un terreno tan complicado como este, le va a condicionar con los medios que tiene; 3) le restan autoridad de cara a los implicados y al exterior con esa fecha de caducidad. Y además, le humillan, porque le dicen: "Pida usted quedarse hasta marzo al CGPJ y luego pida otra vez al nuevo juez quedarse de apoyo'", explica Rosa Aguilar, portavoz de Justicia del PSOE. Los jueces, los únicos que en estos tres años han logrado hacer frente al avance implacable de la política del decretazo, se sitúan también en el objetivo. Ellos están para asegurarse de que las leyes que dicta el Gobierno se cumplan, no para cuestionar a sus miembros ni opinar sobre la legalidad de las normas.
Tercer paso. Introduces la punta de la soga por en el portal de Transparencia -que el propio Gobierno controla a través del Consejo de la Transparencia, cuya presidenta Ester Arizmendi ha sido nombrada por Moncloa saltándose el compromiso de consensuar con la oposición-, y tiras fuerte. La puesta en marcha del portal de la Transparencia ha sido de entrada decepcionante. Para solicitar información, el usuario debe registrarse con DNI electrónico o certificado de usuario y sortear todo tipo de desalentadores enlaces y campos a rellenar cuya finalidad parece más destinada a hacerte tirar la toalla más que animarte a lograr la información requerida. La mayoría de los datos cargados en el portal ya eran del dominio público como si la gente fuera tonta y se conformase solo con comprobar que existe una web que dice ser un canto al open data. "Una chapuza. Muy poco accesible. Increíble que no puedas descargarte nada. Pero las especificaciones eran las que eran y aunque la gente que lo ha estado montando ha trabajado mucho, se tenía que ceñir al guión", reconoce un alto funcionario experto en open data.
El nudo, eso sí, ha quedado de lo más ajustadito.
El Ejecutivo se ha ajustado un poco más el nudo, Windsor, por supuesto, y donde ellos ven una corbata de seda, el resto contemplamos una soga que cada día aprieta más la garganta. Ellos achacan el ligero dolor a un constipado que pasará antes de las próximas elecciones, mientras los demás tomamos nota ante la clase magistral que solo 48 horas antes habían dado sobre cómo hacerse el nudo de la soga en tres cómodos pasos, para algo ensayan a diario:
Primer paso. Coges la encuesta que revela que 8 de cada 10 españoles se oponen a la #leymordaza, realizada por Metroscopia para Avaaz.org -organización global de movilización online- y te la ciñes al cuello. Multas de hasta 30.000 euros por no enseñar el DNI a la policía, pretender impedir un desahucio o grabar a antidisturbios golpeando a manifestantes le parecen exageradas al 79% de los encuestados. Alejandra Jacinto, de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que junto a SOS Racismo, Greenpeace y No Somos Delito han pedido a la oposición que se comprometa a derogarla -pocos han respondido en alto-, dice: "Estamos aquí porque con esta ley lo que pretende el Gobierno es ilegalizar la defensa de los derechos humanos, penalizar toda forma de expresión ciudadana y penalizar las protestas antidesahucio con multas de hasta 30.000 euros. ¿Qué amenaza es para la seguridad protestar contra los desahucios? Ejercemos la protesta pacífica. Eso sí, bien que se encargan de proteger a los bancos y entidades financieras, entrar a protestar en una oficina puede estar penado hasta con multas de 1.000 euros". Jesús Calpe, de la Asociación de Abogados Independientes (ALA), se pregunta "cómo puede ser delito grabar a un agente de la autoridad en una manifestación. Se trata de proteger los derechos fundamentales de la Constitución y esta ley se los carga. Creo que hay muchos motivos para afirmar que esta ley es anticonstitucional; el articulo 21 de la Constitución, por ejemplo, reconoce el derecho de reunión sin necesidad de tener que pedir autorización".
Segundo paso. Crees que giras la soga en torno al juez Ruz, que casualmente se ocupa de la Gürtel y de la financiación B del PP , y en realidad das dos vueltas sobre tu propio cuello. Como ha humillado y señalado a dirigentes con pedigrí, ahora es el momento de hacerle morder el polvo. "El Gobierno se ha salido con la suya, que era apartar a un juez independiente y trabajador de casos como Gürtel, Bárcenas y financiación del PP en un año electoral como es el 2015. Todo es una trampa porque a Ruz 1) le han puesto fecha de caducidad, el mes de marzo; 2) le llevan a una situación de precariedad total, porque de aquí a marzo, cualquier asunto en un terreno tan complicado como este, le va a condicionar con los medios que tiene; 3) le restan autoridad de cara a los implicados y al exterior con esa fecha de caducidad. Y además, le humillan, porque le dicen: "Pida usted quedarse hasta marzo al CGPJ y luego pida otra vez al nuevo juez quedarse de apoyo'", explica Rosa Aguilar, portavoz de Justicia del PSOE. Los jueces, los únicos que en estos tres años han logrado hacer frente al avance implacable de la política del decretazo, se sitúan también en el objetivo. Ellos están para asegurarse de que las leyes que dicta el Gobierno se cumplan, no para cuestionar a sus miembros ni opinar sobre la legalidad de las normas.
Tercer paso. Introduces la punta de la soga por en el portal de Transparencia -que el propio Gobierno controla a través del Consejo de la Transparencia, cuya presidenta Ester Arizmendi ha sido nombrada por Moncloa saltándose el compromiso de consensuar con la oposición-, y tiras fuerte. La puesta en marcha del portal de la Transparencia ha sido de entrada decepcionante. Para solicitar información, el usuario debe registrarse con DNI electrónico o certificado de usuario y sortear todo tipo de desalentadores enlaces y campos a rellenar cuya finalidad parece más destinada a hacerte tirar la toalla más que animarte a lograr la información requerida. La mayoría de los datos cargados en el portal ya eran del dominio público como si la gente fuera tonta y se conformase solo con comprobar que existe una web que dice ser un canto al open data. "Una chapuza. Muy poco accesible. Increíble que no puedas descargarte nada. Pero las especificaciones eran las que eran y aunque la gente que lo ha estado montando ha trabajado mucho, se tenía que ceñir al guión", reconoce un alto funcionario experto en open data.
El nudo, eso sí, ha quedado de lo más ajustadito.