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La deuda social de Google (y de Facebook, Microsoft, etc.)

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A día de hoy nadie puede responder cuánto dinero factura Google en España. No dice mucho de un Estado moderno pero es un fenómeno que le sucede a casi todo el continente europeo. La denominada nube ha sido una de las operaciones fiscales más complejas e importantes del siglo. A determinada escala mercantil o política las reglas pierden su virtualidad. Ojeando las cuentas anuales de Google Spain S.L. sabemos que los servicios a los usuarios españoles de Google se facturan esencialmente desde empresas fuera de España como Google Inc (norteamericana) o Google Irlanda. Ninguna de estas empresas tienen centros de desarrollo tecnológico aquí. Google factura sus servicios a los usuarios españoles desde fuera de España, mientras aquí mantiene una especie de consulado, y esos son precisamente los servicios que no tributan en España. Google Spain, S.L. apenas factura 52 millones en España, una cantidad simbólica, y los factura no a los usuarios sino a empresas de su mismo grupo, residentes fuera de España. La facturación parece que se limita exclusivamente a cubrir costes y de esta forma se las apaña para que apenas tenga que pagar beneficio alguno en nuestro país. Las pérdidas que aparecen en el balance de 2012 -¿alguien puede creerse que Google pierda dinero en España?- se generaron por el pago del Impuesto de Sociedades (1,6 millones, cifra ridícula para reflejar el volumen de actividad del Grupo en España), pues el resultado que la empresa decidió tener antes de impuestos son 250.606,10 euros de beneficio. Ese comportamiento elusivo de las reglas fiscales que afectan al resto de los empresarios que hacen negocio en España, cuando menos, resulta objetivamente injusto.

Es importante poner palabras a los hechos y estas empresas usan técnicas que vienen a despreciar las reglas de las sociedades que las hacen millonarias. Eso sí, favoreciéndose de las tributaciones parásitas en Europa, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, etc, que siguen obstaculizando el avance de la Unión Europea y se aprovechan de la debilidad institucional de países como España. Todo ello causa un enorme drenaje de recursos fundamentales y que se han venido a traducir en beneficios libres de impuestos y expatriados, el práctico desmantelamiento de sectores industriales enteros muchos vinculados con la cultura, incluida la prensa. Basta ojear las cuentas anuales de Google Spain S.L. , que están auditadas por Ernst and Young, para comprobar la opacidad de las operaciones entre empresas del grupo. Esa insuficiente información no tiene respaldo en el derecho español.


Reino Unido ha dicho basta y ha regulado fiscalmente la sangría, obligando a tributar el 25% de lo que se factura a través de cualquier empresa vinculada, esté donde esté. Sin embargo, esto no salda la deuda social de estas empresas. Porque la deuda fiscal no es la única en la que incurren compañías como Facebook, Microsoft o Google. Son ya viejos pastores que se limitan a explotar mercados cautivos, donde apenas invierten en desarrollar tecnología.

A Reino Unido esto le preocupa menos: ellos han sustituido el agotamiento del petróleo del Mar del Norte por la producción de software, su nuevo oro negro y del que son uno de los agentes productores fundamentales. En España no solo no se entiende este tipo de industria, sino que se la margina. Y detrás del rastro de ceros y unos de las empresas multinacionales que explotan los mercados tecnológicos cautivos, no queda apenas nada, economías dependientes, adjetivas, vasallas... ¿Qué inversión en I+D hace Google o Facebook en España? ¿Y Microsoft?, ¿cuántos ingenieros tiene Google en España, qué desarrolla Microsoft?

Nuestro país debe corregir urgentemente el desequilibrio estructural de los mercados tecnológicos cautivos, sin duda muy rentables para las empresas que los explotan, y, en consecuencia, regular e imponer la obligación de que parte de esos beneficios se reinviertan en I+D en nuestro país. No se trata de expropiar, sino de que, como multinacionales que son, lo sean también a los efectos de desarrollar tecnología, esa que venden de forma mundial. Eso es lo justo y lo que garantiza que las economías que son sus clientes sobrevivan y crezcan.

Es verdad que a lo largo de mucho tiempo España ha mantenido una relación con la tecnología desde la dependencia exterior. Que hemos confundido industrialización con capacidad de innovación y desarrollo industrial. No son lo mismo. Para compensar esa asimetría, planteamos desde Hispalinux un compromiso que afecte a un porcentaje sobre el volumen de negocio de esas empresas y que debiera ser invertido en el país en forma de investigación y desarrollo. Es decir, que queden aquí algunas de las semillas del fruto, porque la explotación de los mercados tecnológicos debe implicar inversión en desarrollo de investigación y desarrollo en el ámbito local.

Este problema, es verdad, no sólo afecta a las multinacionales norteamericanas, sino a las propias multinacionales españolas. Es inaudito que empresas como Telefónica, con una gran parte de su estructura heredera del sector público, y siendo la empresa española que más invierte en I+D, a nivel mundial sólo represente la número 40, mientras que nuestra economía supuestamente ocupa el octavo lugar. Telefónica invierte, pero muy lejos de lo que podría hacer, confortable en la explotación de un mercado tecnológico cautivo herencia del monopolio, un mercado histórico que generaciones de españoles le han regalado. Pero sus ganancias no tienen relación con su inversión en I+D. Las posiciones de dominio en mercados tecnológicos cautivos, donde los beneficios son extraordinarios, no sólo tienen que tributar en las sociedades donde se generan sino que tienen que dejar investigación y desarrollo, no dependencia, cautividad y estancamiento.

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