Nueve cosas que el PP les debe a los huérfanos de la violencia de género para 2015

Hoy hace diez años, un 29 de diciembre, que el BOE publicó la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, aprobada el día anterior, un 28 de diciembre de 2004. Fue la casualidad la que hizo que tal aprobación tuviera lugar un día de los Santos Inocentes. La década transcurrida ha puesto de manifiesto que los derechos y cuidados de los huérfanos de las asesinadas son el flanco más débil de una buena ley en otros muchos aspectos.

La violencia de género sigue siendo una lacra brutal. Alrededor de 800 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003 -primer año en el que comenzó a contabilizarse el número de víctimas-, setenta homicidios cada año. A falta de los datos definitivos de 2014 -a mitad de diciembre, medio centenar de víctimas han muerto, dos más que en 2013-, las estadísticas estiman que más de 600.000 mujeres son maltratadas cada día en España, pero menos de una cuarta parte se atreve a denunciarlo. Además, es habitual que las madres sean asesinadas o maltratadas física y psíquicamente delante de sus hijos menores.

Los derechos de los huérfanos que la ley no supo o no pudo recoger se han tratado de enmendar con propuestas de todos los grupos de la oposición, que a su vez han canalizado las reivindicaciones de los colectivos vinculados al problema. Salvo excepciones puntuales, la respuesta del Gobierno ha sido un NO. Especialmente desde los ministerios más implicados, el de Sanidad de Ana Mato -ahora en manos de Alfonso Alonso-, o el de Justicia de Ruiz Gallardón, ahora pilotado por Rafael Catalá. Pero también Hacienda, de Cristóbal Montoro, lideran esas negativas. Sin embargo, la desprotección de los menores es tan clara que hasta la defensora del Pueblo, Sociedad Becerril, se ha hecho eco de ella en varias ocasiones. Ya en el informe del defensor al Congreso, de 2013, Becerril se refirió "a los daños colaterales que sufren los menores cuando el progenitor ejerce violencia de género sobre su madre, así como el uso que de los hijos se hace por parte de los progenitores inmersos en un proceso de separación o divorcio". Hace cuatro días, en plenas fechas navideñas, Soledad Becerril volvía a la carga y pedía suspender el régimen de visitas de los acusados de violencia de género porque "puede ser peligroso para el menor", y se lo solicitaba al Ministerio de Justicia, para procurar que cuando se dicten medidas cautelares por malos tratos no se imponga un régimen de visitas.

En este contexto, hay una lista de prioridades que quizá el Gobierno de Rajoy tuviera a bien conceder a los huérfanos de las mujeres asesinadas por sus maridos o compañeros, para el 2015, pese a los noes tan prodigados en los últimos años. Ahí van algunos.

1. Conceder a los huérfanos de las víctimas los mismos beneficios sociales y fiscales que tenían sus madres cuando fueron asesinadas. Eximirles del IRPF y de otros impuestos en las ayudas que reciben del Estado. Hasta tres veces en sede parlamentaria, Cristóbal Montoro se ha negado en el Congreso a esta medida propuesta por los socialistas y apoyada por los otros grupos de la oposición.



2. Que la familia de acogida o adopción del huérfano desgrave por ellos, como si fueran unos hijos más. Son mayoría las ocasiones en que los familiares de los hijos de la violencia de género viven con unas economías exiguas, y los niños recién llegados se convierten en una carga familiar. El PP está en contra de que se incorpore "como personas beneficiarias de preferencia de acceso a vivienda protegida, a quienes asumen la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente al menor".



3. Conceder la exención de tasas académicas a los hijos de las víctimas de la violencia de género.



4. Conceder a esos huérfanos ayudas de estudio por un plazo mínimo de dos años. "Los hijos de víctimas reaccionan de dos formas. O bien pierden el curso escolar, repiten y hay una debacle en sus estudios, o bien se encierran en los libros y se convierten en brillantes estudiantes con altas notas" explica la socialista Ángeles Álvarez, para insistir en que a los que pierden el curso por el trauma vivido no se les deben de quitar las becas, sino apoyarles durante al menos esos dos años. "Pedimos -añade la socialista- que los menores que vean afectados sus estudios como consecuencia del estrés postraumático tras casos de violencia de género no sean además castigados por mediadas injustas. Se trata de darles una moratoria de dos años sin tener que cumplir los requisitos de aplicación de umbrales académicos exigidos para la concesión de las becas y ayudas que correspondan".



5. Establecer mecanismos para que las pensiones de orfandad sean de disposición inmediata para que puedan abonar los gastos a los que tienen que hacer frente.



6. Acabar con el cierre de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF). Sólo en la Comunidad de Madrid se han cerrado un tercio en los últimos tiempos. Es brutal el número de madres que tienen que hacer desplazamientos de medio centenar de kilómetros hasta un Punto de Encuentro para que su hijo se entreviste con el padre durante dos horas.



7. Que esos Puntos de Encuentro estén bajo la vigilancia de personal cualificado y que los jueces extremen las cautelas cuando conceden a padres maltratadores las visitas a los hijos, tal y como sugiere la defensora del Pueblo. De esta forma se evitarían casos sangrantes como el de Angela González Carreño, la madre que perdió a su hija Andrea Rascón, de 7 años, en abril del 2003 y que este año motivó la condena de la ONU a España por los fallos en cadena que el sistema español había tenido para con ella y su hija. Han pasado 11 años desde que su exmarido asesinara a su hija y más de 14 desde que en el otoño de 1999 presentara las primeras denuncias por malos tratos. La historia de González Carreño debería incluirse de manual para todos los administradores de Justicia con respeto a la violencia de género.



8. Que de una vez por todas se realice un registro de impagadores de alimentos. Si el impago de la pensión alimenticia ya es de por sí uno de los principales problemas que se han agudizado en los casos de divorcio -apoyándose en la crisis-, en el de los maltratadores, la situación es más hiriente si cabe, puesto que el menor no tiene ya madre que le pueda conseguir la mínima ayuda.



9. Que se regule y administre la justicia como lo que debe ser, justicia, con el llamado Síndrome de Alineación Parental (SAP), donde en estos momentos está centrada la batalla judicial entre los colectivos de mujeres que representan a las maltratadas y la judicatura. El SAP o "la terapia de la amenaza" como la denominan asesores de las mujeres víctimas de la violencia de género "hace responsable a la madre de la buena relación con el padre. Y si no, pueden llegar hasta a quitarte el hijo" explica Álvarez, autora de la Guía para mujeres en situación de violencia de género. Esta amenaza de posible pérdida de la tutela de los hijos mantiene a las mujeres inactivas y "trata de imponer un vínculo de afecto positivo" con el padre maltratador. La diputada socialista recuerda que el "síndrome" no tiene reconocimiento científico "pero ha calado en el imaginario social y judicial y exime a los jueces de preguntarse el motivo por el que los menores no quieren estar o visitar a sus progenitores violentos. Hay que acabar con el mito de que un maltratador es un buen padre" remata Álvarez.