Mientras sonaban las doce campanadas del Año Nuevo y nos repetíamos los buenos propósitos de siempre para el año entrante, centenares de enfermos de hepatitis C seguían encerrados en hospitales de toda España (Madrid, Girona, Córdoba...) No pedían caprichos y regalos navideños, ni siquiera vivienda o trabajo, sino algo aún mucho más básico y sencillo: continuar viviendo.
Un principio activo (sofosbuvir), comercializado como Sovaldi por el gigante farmacéutico californiano Gilead, ofrecía esperanzas fundadas de curación en combinación con algunos otros medicamentos, pero un gran obstáculo se cruzaba en su camino: su precio. Por obra y gracia de la mano invisible de Adam Smith y de la omnímoda libertad que poseen los dueños del mercado para imponer precios y condiciones, Gilead, que no inventó el fármaco, sino que compró el laboratorio que lo creó, dictaminó que el precio del tratamiento de 12 semanas era de 84.000 dólares, llegando a 168.000 dólares en los casos (pacientes afectados por el genotipo 3 del virus) que precisan tratamiento durante 24 semanas.
El hiperlaboratorio farmacéutico no salía así de su función básica: ganar dinero y obtener el mayor beneficio posible, comprando la patente y comunicando a enfermos e instituciones sanitarias el precio establecido. Sin embargo, los Gobiernos de los distintos países echan cuentas y ven que no tienen dinero suficiente para costear el medicamento para todas las personas afectadas. Y como siempre, la decisión final es que paguen el pato los 130 a 170 millones de seres humanos infectados con hepatitis C. En otras palabras, la historia interminable o el eterno retorno de lo mismo.
Personalmente, procuro hacerme cargo de estas situaciones con empatía con las personas encerradas e infectadas con el virus de la hepatitis C, por lo que mi primer impulso es acosar día y noche a los responsables de las instituciones sanitarias centrales y autonómicas con la esperanza de que se les atraganten el turrón y las uvas, y rectifiquen. Mi segundo impulso es desear con todas mis fuerzas que esos ¿responsables? gubernamentales vivan durante unos meses en el infierno de saberse infectados o saber que sus familiares más próximos están infectados por el virus de la hepatitis C (no otra cosa me viene a la cabeza cuando, salvatis salvandis, me topo con una barrera arquitectónica en un edificio público, equivalente para mi silla de ruedas a subir a la cumbre del Aneto).
Si algo hay hoy realmente intocable y sagrado en el mundo occidental bienviviente es el mito de la propiedad privada. En algunas Constituciones se quiere maquillarlo con expresiones añadidas que poco o nada significan en el terreno de la vida real: economía "social" de mercado, "interés general" o "bien de la comunidad". De hecho, quien ose poner en tela de juicio los intereses, objetivos y reglas del mercado (=de los grandes propietarios, financieros, empresarios y especuladores en general) será objeto de toda suerte de descalificaciones y sanciones. Arreciará sobre las personas, las instituciones y los Gobiernos que osaren no aceptar el precio de Sovaldi impuesto por Gilead una tormenta de amenazas y presiones por cometer tamaño acto de rebeldía contra los sacrosantos designios de los amos del mercado.
En tal caso, los Gobiernos están entre la espada y la pared, a poco que la ciudadanía despierte de sus letargo: qué es más fundamental e importante, el derecho a la propiedad privada (Constitución española. Art. 33) o el derecho universal a la vida y a la integridad física y moral (Constitución, art. 15; artículo 3 de la Carta Universal de los Derechos Humanos). Dicen los Gobiernos (por ejemplo, el español) que solo pueden atender los casos muy graves por no haber recursos económicos para todos los infectados de hepatitis C (900.000 personas solo en nuestro país). Sin embargo, se me ocurren unos cuantas formas de obtener recursos más que suficientes sin lesionar lo más mínimo los derechos y las libertades de la ciudadanía, pero sobre todo tengo la clara certeza de qué decidir ante el dilema de escoger entre el derecho a la propiedad privada de un producto farmacéutico por parte de un laboratorio, por muy californiano que sea, y el derecho a la vida y a la salud de un ser humano.
Por desgracia, no tenemos gobernantes dispuestos a resolver el dilema a favor de la ciudadanía y hacer realmente efectivos todos y cada uno de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas, pues básicamente son vasallos y lacayos de los verdaderos dueños del mundo: los amos del dinero y de las cachiporras.
Un principio activo (sofosbuvir), comercializado como Sovaldi por el gigante farmacéutico californiano Gilead, ofrecía esperanzas fundadas de curación en combinación con algunos otros medicamentos, pero un gran obstáculo se cruzaba en su camino: su precio. Por obra y gracia de la mano invisible de Adam Smith y de la omnímoda libertad que poseen los dueños del mercado para imponer precios y condiciones, Gilead, que no inventó el fármaco, sino que compró el laboratorio que lo creó, dictaminó que el precio del tratamiento de 12 semanas era de 84.000 dólares, llegando a 168.000 dólares en los casos (pacientes afectados por el genotipo 3 del virus) que precisan tratamiento durante 24 semanas.
El hiperlaboratorio farmacéutico no salía así de su función básica: ganar dinero y obtener el mayor beneficio posible, comprando la patente y comunicando a enfermos e instituciones sanitarias el precio establecido. Sin embargo, los Gobiernos de los distintos países echan cuentas y ven que no tienen dinero suficiente para costear el medicamento para todas las personas afectadas. Y como siempre, la decisión final es que paguen el pato los 130 a 170 millones de seres humanos infectados con hepatitis C. En otras palabras, la historia interminable o el eterno retorno de lo mismo.
Personalmente, procuro hacerme cargo de estas situaciones con empatía con las personas encerradas e infectadas con el virus de la hepatitis C, por lo que mi primer impulso es acosar día y noche a los responsables de las instituciones sanitarias centrales y autonómicas con la esperanza de que se les atraganten el turrón y las uvas, y rectifiquen. Mi segundo impulso es desear con todas mis fuerzas que esos ¿responsables? gubernamentales vivan durante unos meses en el infierno de saberse infectados o saber que sus familiares más próximos están infectados por el virus de la hepatitis C (no otra cosa me viene a la cabeza cuando, salvatis salvandis, me topo con una barrera arquitectónica en un edificio público, equivalente para mi silla de ruedas a subir a la cumbre del Aneto).
Si algo hay hoy realmente intocable y sagrado en el mundo occidental bienviviente es el mito de la propiedad privada. En algunas Constituciones se quiere maquillarlo con expresiones añadidas que poco o nada significan en el terreno de la vida real: economía "social" de mercado, "interés general" o "bien de la comunidad". De hecho, quien ose poner en tela de juicio los intereses, objetivos y reglas del mercado (=de los grandes propietarios, financieros, empresarios y especuladores en general) será objeto de toda suerte de descalificaciones y sanciones. Arreciará sobre las personas, las instituciones y los Gobiernos que osaren no aceptar el precio de Sovaldi impuesto por Gilead una tormenta de amenazas y presiones por cometer tamaño acto de rebeldía contra los sacrosantos designios de los amos del mercado.
En tal caso, los Gobiernos están entre la espada y la pared, a poco que la ciudadanía despierte de sus letargo: qué es más fundamental e importante, el derecho a la propiedad privada (Constitución española. Art. 33) o el derecho universal a la vida y a la integridad física y moral (Constitución, art. 15; artículo 3 de la Carta Universal de los Derechos Humanos). Dicen los Gobiernos (por ejemplo, el español) que solo pueden atender los casos muy graves por no haber recursos económicos para todos los infectados de hepatitis C (900.000 personas solo en nuestro país). Sin embargo, se me ocurren unos cuantas formas de obtener recursos más que suficientes sin lesionar lo más mínimo los derechos y las libertades de la ciudadanía, pero sobre todo tengo la clara certeza de qué decidir ante el dilema de escoger entre el derecho a la propiedad privada de un producto farmacéutico por parte de un laboratorio, por muy californiano que sea, y el derecho a la vida y a la salud de un ser humano.
Por desgracia, no tenemos gobernantes dispuestos a resolver el dilema a favor de la ciudadanía y hacer realmente efectivos todos y cada uno de los derechos humanos fundamentales y las libertades públicas, pues básicamente son vasallos y lacayos de los verdaderos dueños del mundo: los amos del dinero y de las cachiporras.