Esta pregunta no tiene una respuesta fácil aunque en la mayoría de los países desarrollados el estado asume algún tipo de papel. Puede oscilar entre las posiciones de los gobiernos de los estados norteamericanos que asumen aproximadamente un 35 por ciento del presupuesto de las universidades públicas como media (aunque las diferencias son sustanciales, por ejemplo California todavía casi aporta un 50 por ciento a pesar de la crisis y los estados del noroeste que financian apenas un 15 por ciento) y las de los países escandinavos que aportan la totalidad.
En Norteamérica se impone poco a poco entre los políticos que el que quiera una educación universitaria que se la pague ya que los estudiantes son los primeros beneficiados. Un argumento discutible ya que la sociedad en su conjunto se beneficia del trabajo de emprendedores, médicos, físicos o periodistas. Pero al mismo tiempo se entiende si tenemos en cuenta que la diferencia salarial entre un titulado universitario y una persona que carece de título es de un 172 por ciento (en España la media era de un 32 por ciento antes de la crisis y ahora probablemente sea incluso menos).
En los sistemas mixtos como el español y buena parte de los del continente en que los alumnos asumen de un 10 a un 25 por ciento del coste de la matrícula. La idea es que de esta forma se garantiza la igualdad de oportunidades y que la sociedad se enriquece gracias a las contribuciones de los titulados. En la práctica, esta idea puede rebatirse ya que hay gente que tiene problemas para pagar esos mil y pico euros anuales y la contribución a la sociedad es relativa ya que el mercado laboral español no puede absorber a muchos de los jóvenes universitarios que acaban emigrando a otros países. Para más inri, el desprestigio de la universidad pública pone en inferioridad de condiciones laborales a aquellos que no tienen la oportunidad de aprender inglés y estudiar posgrados y masters en universidades extranjeras, generalmente anglosajonas.
Por último, tenemos a los países nórdicos con sus políticas del todo gratis (una política que también se da en algunos países en vías de desarrollo como Argentina) fundamentadas en que el esfuerzo económico debe recaer en la sociedad en su conjunto. Ayuda a sostener este modelo que son países con altos niveles de renta y mercados laborales relativamente sanos.
Siempre me ha gustado el modelo anglosajón según el cual los gobiernos ofrecen préstamos a bajo interés a los estudiantes que los pagan cuando se integran en la fuerza laboral. Conjuga un cierto nivel de igualdad de oportunidades, responsabilidad individual y promueve la meritocracia. En un país como España tiene un serio problema. Con un mercado laboral históricamente tan pobre (hoy en estado comatoso en el que actualmente hay ingenieros de telecomunicaciones que apenas llegan a los mil euros mensuales de salario) parece mucho pedir que se puedan devolver las ayudas. Con este sistema el estado probablemente ingresaría menos que actualmente.
Probablemente el sistema actual sea el menos malo de los posibles considerando las circunstancias. Es barato y ofrece un nivel de calidad aceptable, que no excelente o muy bueno, por mucho que digan. Sirve para salir del paso dignamente como una camisa de Zara o un escritorio de IKEA.
Es cuestionable que funcione en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades. Permite matricularse a muchos estudiantes (es verdad que algunas becas más hacen falta para estudiantes de mérito pero también hay quien se queja de los precios de la matrícula y prefiere gastarse cantidades muy superiores en irse de vacaciones) pero otra cuestión es lo que su preparación les permite lograr después.
Quizás una buena lección que podemos aprender es que la mejor universidad pública que cumple su función al final no es la más barata sino la de mayor calidad. La que permite competir en igualdad de condiciones con los que pueden pagarse estudios universitarios de postín en el extranjero a estudiantes de cualquier procedencia gracias al mérito.
Y lograr este tipo de universidad hoy exige muchas reformas pero también dinero en un mercado de profesores cada vez más internacionalizado.
En Norteamérica se impone poco a poco entre los políticos que el que quiera una educación universitaria que se la pague ya que los estudiantes son los primeros beneficiados. Un argumento discutible ya que la sociedad en su conjunto se beneficia del trabajo de emprendedores, médicos, físicos o periodistas. Pero al mismo tiempo se entiende si tenemos en cuenta que la diferencia salarial entre un titulado universitario y una persona que carece de título es de un 172 por ciento (en España la media era de un 32 por ciento antes de la crisis y ahora probablemente sea incluso menos).
En los sistemas mixtos como el español y buena parte de los del continente en que los alumnos asumen de un 10 a un 25 por ciento del coste de la matrícula. La idea es que de esta forma se garantiza la igualdad de oportunidades y que la sociedad se enriquece gracias a las contribuciones de los titulados. En la práctica, esta idea puede rebatirse ya que hay gente que tiene problemas para pagar esos mil y pico euros anuales y la contribución a la sociedad es relativa ya que el mercado laboral español no puede absorber a muchos de los jóvenes universitarios que acaban emigrando a otros países. Para más inri, el desprestigio de la universidad pública pone en inferioridad de condiciones laborales a aquellos que no tienen la oportunidad de aprender inglés y estudiar posgrados y masters en universidades extranjeras, generalmente anglosajonas.
Por último, tenemos a los países nórdicos con sus políticas del todo gratis (una política que también se da en algunos países en vías de desarrollo como Argentina) fundamentadas en que el esfuerzo económico debe recaer en la sociedad en su conjunto. Ayuda a sostener este modelo que son países con altos niveles de renta y mercados laborales relativamente sanos.
Siempre me ha gustado el modelo anglosajón según el cual los gobiernos ofrecen préstamos a bajo interés a los estudiantes que los pagan cuando se integran en la fuerza laboral. Conjuga un cierto nivel de igualdad de oportunidades, responsabilidad individual y promueve la meritocracia. En un país como España tiene un serio problema. Con un mercado laboral históricamente tan pobre (hoy en estado comatoso en el que actualmente hay ingenieros de telecomunicaciones que apenas llegan a los mil euros mensuales de salario) parece mucho pedir que se puedan devolver las ayudas. Con este sistema el estado probablemente ingresaría menos que actualmente.
Probablemente el sistema actual sea el menos malo de los posibles considerando las circunstancias. Es barato y ofrece un nivel de calidad aceptable, que no excelente o muy bueno, por mucho que digan. Sirve para salir del paso dignamente como una camisa de Zara o un escritorio de IKEA.
Es cuestionable que funcione en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades. Permite matricularse a muchos estudiantes (es verdad que algunas becas más hacen falta para estudiantes de mérito pero también hay quien se queja de los precios de la matrícula y prefiere gastarse cantidades muy superiores en irse de vacaciones) pero otra cuestión es lo que su preparación les permite lograr después.
Quizás una buena lección que podemos aprender es que la mejor universidad pública que cumple su función al final no es la más barata sino la de mayor calidad. La que permite competir en igualdad de condiciones con los que pueden pagarse estudios universitarios de postín en el extranjero a estudiantes de cualquier procedencia gracias al mérito.
Y lograr este tipo de universidad hoy exige muchas reformas pero también dinero en un mercado de profesores cada vez más internacionalizado.