Los países que quieren entrar en la UE tienen la obligación de cumplir con los más altos estándares de derechos humanos y gobernanza democrática. Este deber es necesario. Ser miembro de la UE es un privilegio. Las puertas de la UE permanecen firmemente cerradas para aquellos países que no respetan la libertad de prensa, la igualdad de derechos para los homosexuales o la independencia del poder judicial. La posibilidad de adhesión a la UE es un gran incentivo para que los diferentes países tengan que hacer lo posible para enmarcarse en una democracia modélica.
Por extraño que parezca, no somos tan estrictos cuando se trata de países que ya son miembros. En los últimos años, la UE ha sido incapaz y ha estado poco dispuesta a la hora de sancionar a los miembros del club que no respetaban las reglas. Una y otra vez, los derechos fundamentales han sido y siguen siendo violados en países como Hungría, donde Orban, públicamente y con una actitud desafiante, declaró que ya no cree en la democracia liberal.
La UE sólo dispone de pocos y débiles instrumentos para asegurarse de que sus miembros mantienen su compromiso con la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Además, los Estados miembros tienen pocas ganas de que existan normas vinculantes para regular esas áreas. Todos los Estados miembros han firmado los Tratados de la UE pero, en la práctica, son muy reacios a aplicar las normas que han firmado. La aplicación de esas normas se deja en manos de los tribunales europeos en Luxemburgo y Estrasburgo.
Por eso pedimos un pacto europeo para defender nuestros valores democráticos, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro, con instrumentos eficaces para garantizar que todos sus miembros se atengan a las normas.
La crisis financiera y su impacto en la economía y los presupuestos europeos llevó a la Unión Europea a tomar medidas para reforzar su coherencia presupuestaria y económica, la adopción de nuevos instrumentos para que los Estados miembros respeten sus obligaciones y compromisos, de acuerdo con los Tratados. Se necesita una estrategia común y un impulso político para alcanzar un mismo estándar en el nivel de cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de la UE.
Pedimos a las instituciones europeas que cumplan sus responsabilidades y sus obligaciones contempladas en el Tratado, comprometiéndose a diseñar una hoja de ruta para la adopción de un Pacto de Gobernanza Democrática, sin dilaciones injustificadas. Instamos al vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, responsable del Estado de derecho y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, a garantizar que la Comisión cumple su función como guardiana de los tratados y a abordar la manera en que tanto los Estados miembros como las instituciones de la UE cumplen con los valores de la UE, tal y como figuran en los Tratados.
Necesitamos un Pacto de Gobernanza Democrática de la UE (PGD) que describa los instrumentos para mantener y hacer cumplir las normas de gobernanza democrática, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales. Debe ser un Pacto que todos los Estados miembros y las instituciones de la UE tengan que firmar. El Pacto de Gobernanza Democrática debe convertirse para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en lo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es para la Eurozona.
Por extraño que parezca, no somos tan estrictos cuando se trata de países que ya son miembros. En los últimos años, la UE ha sido incapaz y ha estado poco dispuesta a la hora de sancionar a los miembros del club que no respetaban las reglas. Una y otra vez, los derechos fundamentales han sido y siguen siendo violados en países como Hungría, donde Orban, públicamente y con una actitud desafiante, declaró que ya no cree en la democracia liberal.
La UE sólo dispone de pocos y débiles instrumentos para asegurarse de que sus miembros mantienen su compromiso con la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Además, los Estados miembros tienen pocas ganas de que existan normas vinculantes para regular esas áreas. Todos los Estados miembros han firmado los Tratados de la UE pero, en la práctica, son muy reacios a aplicar las normas que han firmado. La aplicación de esas normas se deja en manos de los tribunales europeos en Luxemburgo y Estrasburgo.
Por eso pedimos un pacto europeo para defender nuestros valores democráticos, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro, con instrumentos eficaces para garantizar que todos sus miembros se atengan a las normas.
La crisis financiera y su impacto en la economía y los presupuestos europeos llevó a la Unión Europea a tomar medidas para reforzar su coherencia presupuestaria y económica, la adopción de nuevos instrumentos para que los Estados miembros respeten sus obligaciones y compromisos, de acuerdo con los Tratados. Se necesita una estrategia común y un impulso político para alcanzar un mismo estándar en el nivel de cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de la UE.
Pedimos a las instituciones europeas que cumplan sus responsabilidades y sus obligaciones contempladas en el Tratado, comprometiéndose a diseñar una hoja de ruta para la adopción de un Pacto de Gobernanza Democrática, sin dilaciones injustificadas. Instamos al vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, responsable del Estado de derecho y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, a garantizar que la Comisión cumple su función como guardiana de los tratados y a abordar la manera en que tanto los Estados miembros como las instituciones de la UE cumplen con los valores de la UE, tal y como figuran en los Tratados.
Necesitamos un Pacto de Gobernanza Democrática de la UE (PGD) que describa los instrumentos para mantener y hacer cumplir las normas de gobernanza democrática, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales. Debe ser un Pacto que todos los Estados miembros y las instituciones de la UE tengan que firmar. El Pacto de Gobernanza Democrática debe convertirse para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en lo que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es para la Eurozona.