Nunca se me habría ocurrido pensar que aquí se torturara, ni que, por si fuera poco, hubiese formas de silenciarlo. Hasta hace unos días, habría puesto ingenuamente la mano en el fuego para negarlo. No obstante, después de ver el documental Ciutat morta, sobre el caso 4F, tengo serias dudas. Parece que, aun en Barcelona, nadie, o cuando menos algunas personas, puede descartar del todo la posibilidad de ser torturado, ni siquiera respecto a las fuerzas de seguridad. ¿Cuántas veces se ha torturado aquí y no ha pasado nada? ¿Cuántas historias de tortura no han sido objeto de documentales por desconocerse o simplemente porque no han existido los medios para darlas a conocer? ¿Cuántos casos de tortura se han conseguido silenciar?
El derecho debe estar siempre supeditado a la idea de justicia. Por ello, es necesario exigir responsabilidades a todos los que sabían y encubrieron de forma deliberada la barbaridad de que se torturase, juzgase y condenase a personas inocentes. Los que eligieron a sus víctimas a dedo por el motivo que fuera tienen que responder por sus actos. Independientemente de todos los posibles tecnicismos detrás de los cuales se podría esconder la imposibilidad de reabrir un caso de estas características, determinados principios de justicia deben llevar a ello. Al poner en evidencia datos que apuntan a la inocencia de personas torturadas y condenadas, las informaciones aportadas por este documental son relevantes y deben ser tenidas en cuenta. Asimismo, denotan que hubo serias irregularidades en el proceso que afectan a las pruebas aportadas en aquel momento. No se pueden aceptar y dar por zanjados casos de privación de libertad de personas sobre la base de un castillo de arena de presuntas mentiras, que además parece desmoronarse. Se trata de un claro caso de atentado a la dignidad humana. ¿Quiénes son los torturadores? ¿Quiénes los encubrieron? ¿Cuántas víctimas ha habido ya en este país? ¿Hay un perfil concreto de torturados o eventuales torturados? ¿Se sigue torturando hoy cuando no hay cámaras ni testigos?
Los ciudadanos deben poder confiar en todos y cada uno de los responsables de proteger y servir a la ciudadanía. La información aportada por este documental que pone en evidencia -o, cuando menos, suscita serias dudas sobre las condenas de personas aparentemente inocentes, así como la declaración reciente de un agente jubilado de la Guardia Urbana sobre la tortura como práctica recurrente-, es motivo suficiente para reabrir dicho caso. No podemos condenar a inocentes y apartarlos de la sociedad mientras los que presuntamente fallaron a la justicia y a la verdad, recorren de punta a punta la ciudad sin el mínimo reproche. Sería una burda burla. ¿Haremos la vista gorda ante tal situación, sin la mínima curiosidad y ánimo de hacer justicia? Los ciudadanos deben exigir por todos los medios legales posibles la reapertura de este caso. No hacerlo sería un craso error. Aunque parezca mentira, hablamos de tortura.
Ilustración: Irina Colomer Llamas
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