Este encabezamiento de mi comentario podría ser el
resumen de lo que está
aconteciendo en todo el mundo desde el desencadenamiento de la crisis y la
consolidación de un capitalismo turbo-financiero. En tres décadas, de 1945 a
1975, se redujo a la mitad la desigualdad en la Europa occidental gracias a la
aplicación de las políticas redistributivas consagradas tras el final de la Segunda
Gran Guerra, y tras la aceptación de que el libre mercado comporta muchas
facilidades para la competitividad y el intercambio
económico, pero no resulta muy
concernido por los temas de justicia social. El artículo 9.2 de la Constitución
Española (copiado de manera tardía, gracias al franquismo, de artículos
semejantes de las constituciones alemana o italiana
aprobadas a finales de los
40), dice: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social". En ese apartado se resume todo el proyecto
de democratización de la vida
política y social que impulsó la ciudadanía europea
tras vencer al fascismo y como
alternativa a una economía estatalizada. El modelo
de "Europa Social" que desde
allí se extendió, representó durante muchos años un
faro en un mundo en el que
seguía predominando la injusticia y la desigualdad.
Hoy, estamos constatando que cada vez parece haber
menos posibilidades de
que ese modelo de convivencia y de justicia social
que durante decenios simbolizó
la Unión Europea, pueda mantenerse. En efecto, desde 1975 ha ido aumentando
la desigualdad entre los sectores más y menos favorecidos en toda Europa, y de
hecho volvemos a estar en niveles de desigualdad que nos retrotraen a la primera
mitad del siglo XX. España, que se integró con esperanza a la Unión Europea en
1986, y logró poco a poco ir recuperando el gap de
su tardía incorporación a la
democracia, ve hoy cómo los logros sociales conseguidos en poco tiempo, se
deterioran rápidamente y se ven estructuralmente amenazados.
Es bastante evidente que todo ello tiene sus raíces
en un cambio muy profundo
del sistema económico y de las fuentes que los grandes intereses buscan para
satisfacer sus ansias de beneficio. Es evidente que
esas fuentes de beneficio se
buscan cada vez más en la economía financiera y cada vez menos en la economía
productiva. Las ventajas son evidentes, sobre todo
si uno lo ve desde el punto de
vista fiscal. El dinero circula, no tiene patria, cuesta mucho seguir su rastro en
plena maraña legal. Crece la evasión y, sobre todo,
la elusión fiscal. Prestar dinero
es mejor que pagar salarios, pagar impuestos, o preocuparse por conseguir cuotas
de mercado. Los poderes públicos están crecientemente en manos de los grandes
fondos de inversiones. Y deben plegarse a sus condiciones. Los medios de
comunicación, en plena crisis de soporte, van viendo absorbidas sus empresas por
los poderes financieros, poniendo en cuestión la independencia de la información.
En este contexto, el propio concepto de trabajo que
fue construyéndose en la era
industrial, y que vinculaba el trayecto vital al trabajo, va perdiendo sentido, y en la
misma proporción pierden fuerza el conjunto de políticas sociales que se crearon,
articulando trabajo con educación, con salud, con prestaciones de desempleo o
con pensiones. El trabajo está pasando de ser dependiente, permanente y
continuo, a ser no dependiente o falsamente autónomo, intermitente y precario. En
ese contexto, las estructuras de defensa de los derechos que se habían ido
creando van viendo amenazada su posición. Unos pocos, los más poderosos,
tienen mucha voz. Se les hace mucho caso, Muchos otros, los menos poderosos,
tienen muy poca voz. No se les oye. No cuentan.
¿Qué hacer? Demostrar que más desigualdad es menos
futuro. Luchar por más
transparencia, para que se pueda saber quién defiende qué, y qué intereses hay
detrás. Luchar de manera global por la legalidad fiscal. Avanzar en la creación de
una tasa sobre las transacciones financieras. Y sobre todo, ser consciente que
luchar por la democracia no es sólo luchar para que
cada cuatro años haya
elecciones, sino para asegurar los valores que la democracia incorpora. Que son
la justicia y la igualdad. En España necesitamos más transparencia que evite
que se repita el insoportable nivel de corrupción al que hemos asistido en los
últimos años, de clara colusión entre intereses económicos y uso sesgado y
desviado de las competencias que todos hemos delegado en los servidores
públicos. Necesitamos cambios en la legislación sobre partidos, para cambiar
tanto las vías de financiación de los mismos, evitando los contubernios y
mecanismos de presión aplazada que las donaciones acostumbran a generar, y
formas de elección de nuestros representantes que permitan mejores formas de
"accountability", de rendición de cuentas, para que
tengan que explicarnos qué
han hecho con nuestra confianza y con nuestros impuestos. Sería asímismo
importante avanzar en la defensa de los bienes comunes, de esos recursos
básicos (agua, energía, vivienda,...) sin los cuáles
la supervivencia y la cohesión
social no están garantizadas. Necesitamos en fin, un reset democrático, que
legitime de nuevo la política y lo público, como espacio de respuesta colectiva a
los problemas comunes.
El documento de Oxfam que se presenta a la cumbre de Davos entiendo que va
en esa misma línea. Aporta datos, incorpora grosor moral a sus propuestas, y
pone de relieve que si la sociedad civil global organizada es capaz de interactuar
de manera conjunta, conectando sinsabores, luchas y
conflictos, pero también
solidaridades, recursos e iniciativas a nivel global, también podría hacerlo los
poderes públicos, consiguiendo que los buenos propósitos que muchas veces en
cumbres de este tipo se plantean, puedan ser luego
seguidos e implementados.
Más igualdad es más justicia, más democracia.
Este artículo forma parte del informe de Oxfam Intermón Gobernar para las élites: riqueza extrema y abuso de poder.