Puede que la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto ha sido recientemente aprobado, incluya disposiciones sobre drogas o eventos deportivos, pero no nos engañemos: esta ley no trata de proteger a las personas, trata de criminalizar las protestas y restringir el derecho de expresión.
Acabo de estar en Madrid y Barcelona por la publicación de la traducción al español de mi libro Los Verdes somos los Nuevos Rojos. Mi trabajo se centra en cómo se está criminalizando el activismo político. Debido a mi ámbito de trabajo y a que vivo en Estados Unidos, es raro que nuevas leyes de "seguridad ciudadana" o medidas represivas lleguen a sorprenderme. Las estoy viendo cada día.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Ciudadana representa un peligroso aumento de cómo se intenta acallar la libertad de manifestarse.
Por ejemplo, los delitos graves incluyen:
- Escalar un edificio público como acción de protesta (tal y como ha hecho Greenpeace en los últimos meses).
- Saltar a un ruedo para protestar.
- Llevar una capucha o cualquier tipo de indumentaria que impida la identificación de los manifestantes a las fuerzas de seguridad.
Todo ello es sancionable con multas entre 1.001 y 30.000 euros.
Otros delitos menos graves incluyen colocar una tienda de campaña en un espacio público, tal y como ha hecho el Movimiento 15M, fotografiar a la policía o no seguir la ruta de una manifestación permitida. Estas y otras infracciones son multadas hasta con 1.000 euros.
He documentado ampliamente los mecanismos que han permitido que esto se lleve a cabo en los Estados Unidos y son idénticos a lo que está ocurriendo ahora mismo en España.
Por ejemplo, el movimiento ecologista de Estados Unidos ha estado llevando a cabo actos de desobediencia civil pacíficos para detener la construcción del oleoducto Keystone XL. Los activistas han bloqueado las carreteras y se han encadenado a los equipos. Como resultado, ahora se enfrentan a mayor tiempo en prisión. En algunos casos, son las multinacionales las que lo solicitan directamente. En un ejemplo reciente, informé sobre cómo TransCanada está instruyendo a la policía sobre cómo procesar a los manifestantes:
En otra ocasión, un estudiante universitario llamado Tim DeChristopher, irrumpió en una subasta del Gobierno donde se estaban vendiendo tierras a las multinacionales. Tim levantó la mano para comprar estas tierras aunque sabía que no tenía dinero. La subasta del Gobierno se declaró ilegal posteriormente pero Tim fue sentenciado a 2 años de prisión.
Ahora en Estados Unidos hay una expansión radical de esta criminalización. Algunos estados han aprobado leyes nuevas cuyo objetivo específico son activistas que fotografían o graban granjas industriales y mataderos. Algunos políticos han llamado a estos investigadores "terroristas". Hace sólo unas semanas, una investigadora infiltrada que mostró la crueldad hacia los animales en una granja -y cuyo vídeo condujo a procesos penales- fue acusada de crueldad hacia los animales. Decir que grabar la crueldad hacia los animales es lo mismo que causársela es parecido a lo que estas nuevas leyes españolas pretenden para proteger a los ciudadanos. George Orwell se sentiría orgulloso.
Ya estamos viviendo un crecimiento de estas tácticas estadounidenses en otros países. En Australia, las multinacionales están solicitando nuevas leyes contra fotografías que son exactamente iguales que en Estados Unidos.
En España, un grupo de activistas de Igualdad Animal también se encuentra en medio de un proceso criminal. Cuando fueron detenidos, fueron etiquetados inmediatamente como "terroristas" y amenazas a la seguridad pública. Les han acusado ligeramente de la suelta de visones de una granja pero resulta absurdo. Se persigue a estos activistas políticos ya que han sido increíblemente efectivos contra industrias muy poderosas y han expuesto al público lo que está sucediendo.
Independientemente de lo que pensemos sobre los derechos de los animales, estos activistas se merecen un apoyo total. De lo que he sido testigo de primera mano en Estados Unidos es que cuando las personas son objeto de persecución debido a sus creencias políticas, el gobierno nunca se detiene con ellas. Se extiende a otros movimientos sociales también, y pone todas nuestras libertades en riesgo. Esto es precisamente de lo que estamos siendo testigos con la Ley de Seguridad Ciudadana.
Uno puede pensar: "Bueno, yo no escalo edificios públicos ni voy a manifestaciones, ¿por qué me debería preocupar?"
El mayor peligro de esta legislación no es que todo el que se manifieste acabe en prisión o tenga que pagar una multa. El peligro real es lo que llamamos en Estados Unidos chilling effect o efecto paralizante.
Esta ley no prohíbe, paraliza. Hace que la gente tenga miedo de expresarse y manifestarse. Les hace preguntarse si serán detenidos o tendrán que pagar multas por sus acciones.
Lo más importante, es que leyes como estas tratan sobre el miedo. Sirven para que tengamos miedo de usar nuestros derechos.
Durante muchos años en Estados Unidos, esta represión ocasionó un temor generalizado. Sin embargo, esto está cambiando ahora. La gente está indignada por estos ataques a la democracia, y hay más gente activándose. Yo espero que esta ley represiva en España tenga los mismos resultados: en lugar de inspirar temor, deben inspirar enfado y motivar a la gente a defender sus libertades.
Puedes leer aquí un avance del libro Los Verdes somos los nuevos Rojos.