Ocho de cada diez personas piensan que en España, las leyes están hechas para
proteger a los poderosos. El dato -reflejado en el informe de Oxfam Gobernar
para las élites- es tan poco edificante como descriptivo. Por un lado, refleja la
imagen que 37 millones de españoles tienen de las leyes que rigen su
convivencia; un sistema viciado donde unos pocos se enriquecen a costa de
todos. Y por otro, señala una lectura todavía más peligrosa. La clase política
española, esa amalgama de 80.000 representantes sufragada con dinero público,
ha dejado su papel como protector de los más débiles para garantizar el
enriquecimiento de aquellos que, cada vez, son más ricos.
El documento elaborado por Oxfam habla de una percepción. Un sentir ciudadano
que no surge de la nada. Se respalda una y otra vez con un abanico de datos.
Según los Técnicos de Hacienda del Estado, la crisis ha disparado en España la
brecha entre ricos y pobres. El 20% de los contribuyentes más ricos acapara el
44% de todos los ingresos declarados. En el otro extremo, el 20% de los más
pobres recibe solo el 6,6% del dinero que se mueve en el país. Según la misma
fuente, desde 2007, más de dos millones de personas en España han pasado a
vivir por debajo del umbral de la pobreza mientras los millonarios españoles han
crecido un 13%. El empresario Amancio Ortega, dueño del imperio Inditex,
encabeza la lista de los más ricos del país con un patrimonio estimado de 43.000
millones de euros. Según la revista Forbes, el industrial gallego es el hombre que
más aumentó su fortuna en 2012 en todo el planeta, con unas ganancias de
16.818 millones de euros.
En suma, las estadísticas oficiales colocan a España como el país con mayor
fractura económica de toda la Unión Europea por sexto año consecutivo.
Y mientras, los gobernantes de todo signo y color político, al contrario de lo que
cabría esperar, han facilitado con sus políticas que la brecha sea cada vez más
amplia. Un ejemplo: en noviembre de 2008, el entonces presidente José Luís
Rodríguez Zapatero compareció ante los medios de medio mundo tras una reunión
del G-20 en Washington, y anunció una lucha sin cuartel contra los paraísos
fiscales. El 28 de abril de 2008, medio año antes de la reunión extraordinaria del
G-20, su propio Gobierno aprobó con un real decreto una normativa que dejaba
completamente exenta del pago de impuestos la compra de bonos del tesoro y
otros productos financieros públicos desde paraísos fiscales. Si compras desde
España, pagas. Si lo haces desde las Islas Vírgenes, no. Un año después,
mientras el ejecutivo socialista filtraba a la prensa su plan de acción contra los
paraísos fiscales, ofreció un anonimato casi completo para aquellos que invierten
su dinero en deuda pública española desde paraísos fiscales. Además de no
pagar impuestos, los inversores no podrían ser investigados por Hacienda. La
medida resultó tan polémica que fue retirada. Pero solo sobre el papel, ya que el
Gobierno de Zapatero la aprobó sin apenas publicidad un año después, en el
primer día de agosto de 2011. Desde que se publicó en el BOE el Real Decreto
1145/2011, cualquier defraudador que tenga su dinero en paraísos fiscales puede
comprar deuda pública española bajo la cortina más dura del secreto bancario.
Según un informe encargado en 2010 por la OCDE a la consultora Merrill Lyinch,
los españoles esconden 175.000 millones de euros en paraísos fiscales. Más del
presupuesto completo del Estado para todo un año. No hace falta estudio alguno
para entender que ni uno solo de los 4,7 millones de parados del país o de los
nueve millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (el
21,6% de la población española) se han beneficiado de esta medida.
Para incrementar esa brecha y participar en la llamada competencia fiscal, España
se ha convertido de facto en un paraíso fiscal para grandes capitales. Por un lado, 13
las grandes fortunas españolas se acumulan en las llamadas SICAV, supuestas
cooperativas de inversión que en realidad se encuentran solo en manos de las
grandes fortunas nacionales y que tributan sus beneficios anuales en acciones
solo al 1%. Por otro lado, los capitales extranjeros cuentan con las llamadas ETVE
(Empresa de Tenencia de Valores Extranjeros), que tampoco pagan impuestos en
España por los beneficios de sus empresas participadas en el extranjero. Este es,
desde hace décadas, el funcionamiento de cualquier paraíso fiscal del planeta. Y
multinacionales como Pepsi o la petrolera Exxon se benefician de ello. Los
distintos gobiernos nacionales han frenado de forma sistemática los intentos de
poner coto a las prácticas de este tipo de sociedades, con la excusa soterrada de
evitar la fuga de capitales. Por si esto fuera poco, el Ejecutivo de Mariano Rajoy
aprobó en 2011 una amnistía fiscal que permitió a cualquier defraudador repatriar
su dinero a España con una simple multa del 10% de la cuantía. Basta saber que
en el país, el tipo impositivo máximo para una persona alcanza el 56% para
entender la rentabilidad de la operación.
Sin embargo, la brecha entre ricos y pobres en España no se ha generado
únicamente por las políticas proteccionistas para los grandes capitales. Además, la
clase política nacional ha antepuesto en incontables ocasiones los intereses de los
más poderosos por encima del interés general. Basta poner algunos ejemplos:
tanto PP como PSOE, los principales partidos del país, han rechazado en varias
ocasiones la dación en pago de las personas que no pueden pagar sus hipotecas
a causa de la crisis frente a la banca. Este mismo verano, el Parlamento Europeo
premió el movimiento español antidesahucios por su lucha con este mismo
objetivo. Además, el pasado 17 de diciembre, el Partido Popular rechazó por su
mayoría parlamentaria la propuesta de prohibir los cortes de luz -un bien de
primera necesidad- a las personas que no pueden hacer frente al recibo. Según la
asociación Ecoserveis, cuatro millones de personas en España carecen de fondos para encender la calefacción en invierno. Mientras, el Ejecutivo lleva años
permitiendo un sistema de subasta energética que ha engrosado de forma
millonaria las arcas de las eléctricas españolas. Y que ha permitido la entrada de
grandes especuladores financieros internacionales -Goldman Sachs o Morgan
Standley entre otros- para engrosar la factura. La medida se puede entender
mejor cuando vemos al expresidente Felipe González como consejero de Gas
Natural con un sueldo aproximado de 126.000 euros al año o al expresidente
José María Aznar, como asesor externo de la eléctrica Endesa. Por la misma firma
de energía ha pasado por ejemplo Elena Salgado, exvicepresidenta económica, el
diputado de CIU Miquel Roca, Pio Cabanillas, exministro portavoz del Partido
Popular en la era Aznar, Rodolfo Martín Villa, también exvicepresidente del
Gobierno, e incluso el actual ministro de Economía, Luis de Guindos.
Otro ejemplo: en abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió inyectar
22.000 millones de dinero público para rescatar Bankia. La explicación del
Ejecutivo fue la necesaria intervención para evitar el cierre de uno de los bancos
más potentes del país; si Bankia caía, los pequeños ahorradores perderían su
dinero. Sin embargo, el argumento era una cortina de humo. El Fondo de Garantía
de Depósitos, financiado por los distintos bancos del país, garantiza por ley la
recuperación de los depósitos hasta 100.000 euros. Es decir, solo los medianos y
grandes inversores perderían en realidad sus fondos, mientras los bancos se
hacían cargo del resto. En lugar de eso, la factura del desastre bancario se pasó
uno por uno a todos los ciudadanos, fueran o no clientes de Bankia, por vía de
impuestos. En la actualidad, la entidad financiera, rescatada con dinero público,
ejecuta el 80% de los desahucios que se producen en Madrid, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La brecha en los ámbitos más vitales para el ciudadano se ha hecho cada vez más
palpable. Hasta el punto de afectar a los aspectos más elementales de la vida
pública. En el sector sanitario, el Gobierno ha implantado un sistema de copago para medicamentos que afecta mucho más al bolsillo del enfermo más
desfavorecido que al de cualquier acaudalado. En la Comunidad Valenciana, la
falta de fondos obligó este mismo invierno a apagar la calefacción de varios
colegios públicos. Y mientras se frena la inmigración ilegal de los más
desfavorecidos, el Gobierno aprobó el 27 de septiembre de 2013 la concesión del
permiso de residencia para cualquier extranjero que dispusiera al menos de medio
millón de euros para comprar inmuebles en España.
Desde el inicio de la crisis, las medidas se han sucedido siempre en la misma
dirección: la de aumentar la brecha entre unos y otros. Una reforma del mercado
laboral que facilita el despido, bajadas en la prestación por desempleo, rebajas en
el salario mínimo... todo apunta en la misma dirección. En abril de 2011, el
Gobierno dejó de ligar las grandes rebajas fiscales para las multinacionales al
mantenimiento de sus plantillas. Cuatro meses después, Telefónica anunció su
intención de despedir a 8.500 empleados. El año anterior, la multinacional
española, lejos de tener pérdidas, alcanzó los mayores beneficios obtenidos nunca
por una empresa española: 10.167 millones de euros. El pasado mes de enero,
el presidente Rajoy anunció que España saldría de la crisis en 2014. Hay brotes
verdes. El crédito llega a las grandes empresas y hasta Bill Gates invierte en
España. Ese mismo día, 4,7 millones de personas están todavía esperando en la
cola del paro, 9 millones tienen problemas para pagar el recibo de la luz y casi la
mitad de los ciudadanos españoles mayores de 15 años tiene problemas para
comprar comida, ropa o medicamentos.
Este artículo forma parte del informe de Oxfam Intermón Gobernar para las élites: riqueza extrema y abuso de poder.