Acaba de publicarse Intxaurrondo. La sombra del nogal, un libro de la serie negra de Ediciones El Garaje, pero que no es ficción, sino la realidad que describe el autor, Ion Arretxe, detenido el 26 de noviembre de 1985, a sus 21 años, y a partir de entonces torturado por la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo (Guipuzcoa), en aplicación de la entonces recién aprobada Ley Antiterrorista, que permite diez días de detención policial incomunicada. La coincidencia de esta obra con mi reciente libro Democracia de papel, editado por Catarata, donde se evoca la intervención parlamentaria sostenida unos meses antes por el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, contra esa ley, propuesta por el Gobierno socialista, atrajo mi interés por el libro de Arretxe, que me he leído casi de un tirón.A la vista del escalofriante relato de Arretxe, los alegatos del diputado Bandrés, expuestos solo unos cuantos meses antes de que Arretxe fuera torturado, ganan fuerza ahora. En la misma línea de lo que defendía el socialista Gregorio Peces-Barba años antes, desde la oposición, Bandrés, en septiembre de 1984 preguntaba: "¿Para qué sirve tener a una persona incomunicada durante diez días si desde el primero, con la Constitución en la mano, puede negarse a declarar?". Bandrés se contestaba a sí mismo que la detención gubernativa incomunicada favorece la tortura.
Frente a la mayoría parlamentaria de entonces -socialistas y centristas-, que rechazó la enmienda de Bandrés, el relato de Arretxe, 30 años después, da la razón al diputado de Euskadiko Ezkerra: "Uno de los guardias civiles sacó del bolsillo un papel y leyó que tenía 'derecho a no declarar contra ti mismo y a no declararte culpable, tienes derecho a designar un abogado y a solicitar su presencia, (...) tienes derecho a ser reconocido por un médico forense'". "Y añadió", relata Arretxe, "pasándome el papel por las narices: 'Estos son tus derechos, chaval. Mejor dicho..., estos eran tus derechos. Porque como ya te he dicho antes, el mismísimo Barrionuevo [ministro del Interior de la época] ha ordenado que te apliquemos la Ley Antiterrorista, así que, ... tachín, tachán'. Ris, ras..., rompió el papel'. 'A partir de ahora no tienes ninguno. Eso es la Ley Antiterrorista, muchachote... ¿Alguna duda?'"
El comandante Galindo
Con ese estilo chulesco y despiadado de los torturadores, los días transcurrieron muy duros para Arretxe, desde que le sacaron de la cama a las tres y media de la mañana, le llevaron a un río en el que le interrogaron metiéndole la cabeza una y otra vez en el agua, hasta los constantes golpes, humillaciones e insultos, ya en la casa-cuartel de Intxaurrondo, en demanda de que detallara comandos y reconociera delitos, sin ni siquiera dejarle dormir.
Y la imprevista visita de Enrique Rodríguez Galindo [condenado 15 años después, en 2000, a 71 años de cárcel, por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala]:
-"¿Tú sabes quién soy yo?
-Sí, usted es Galindo, el comandante Galindo.
-¿Me estáis haciendo algún tipo de seguimiento los de tu comando, o qué?
-No, nada de eso.
-¿Y cómo es que me conoces?
-Le conozco de verlo en la prensa y en la televisión.
(...)
Me agarró de los huevos, con una mano, y me los apretó.
-Uahhhhhhhhhhhhhhh...
-Ya sabes para que te hemos traído aquí, para que nos cuentes cosas.
-Uahhhhhhhhhhhhhhhhh
-Así que no nos hagas perder el tiempo y vete hablando, chaval, porque si no, te retorceré los huevos hasta explotártelos.
-Uahhhhhhhhhhhhhhhh
Me dio un último apretón (...) y se marchó"
Un episodio impresionante se produjo con motivo del traslado de Ion Arretxe a otro departamento dentro del cuartel, para tomarle las huellas y completar su ficha policial. Al llegar a una zona ajardinada, donde jugaban varios niños -hijos del cuerpo, según se decía antiguamente-, el guardia que custodiaba a Ion les llamó:
"-Eh, chavales, venid. ¿Quereis ver a un etarra? Tengo aquí uno que quería matar a vuestros padres".
Arretxe relata como los niños se acercaron a él para insultarle y pegarle patadas y puñetazos:
"Llegaban desde todos los patios, los niños y las niñas", describe Ion Arretxe, "como llegan los gorriones a la llamada del pan. Interrumpían sus juegos para sumarse al festín (...) Me entraron muchas ganas de llorar. De dolor, de rabia, de pena... Sobre todo de pena".
Trasladado a Madrid y puesto a disposición judicial, Ion Arretxe -que ni siquiera era de ETA- quedó en libertad sin cargos. El autor relata en el epílogo de su libro que denunció los hechos a la justicia y que el primer juez al que contó los detalles "tuvo que abandonar varias veces la sala porque, según dijo, se estaba poniendo malo". Y añade: "El tiempo fue pasando, y con él fueron sucediéndose los jueces, uno detrás de otro, hasta cinco. Y al final, se archivó el caso. Apenas podíamos aportar pruebas. Era nuestra palabra contra la suya".
Democracia de papel recoge el testimonio de la ex magistrada Manuela Carmena, avergonzada de la respuesta judicial contra la tortura, y de cómo, ante algunas denuncias de torturas, se contesta: "¡No calumnie a la Guardia Civil!". Y en los casos en que la evidencia hace incontestable que hubo tortura, se responde: "Pero es que esta gente mata".
Otro juez decente, Ramón Sáez, fue el ponente de una sentencia de 230 folios en la que se absolvió a 40 acusados de terrorismo con base en unas declaraciones obtenidas de unos detenidos incomunicados. El libro hace referencia al artículo que publiqué el 24-6-2014 aquí, en El Huffington Post, titulado Alegato judicial contra la tortura.
90 guardias civiles citados por una juez
En las décadas de democracia ha habido poca sensibilidad, desde el poder, para erradicar la tortura, a pesar de que el artículo 15 de la Constitución establece tajantemente que nadie, "en ningún caso", puede ser sometido "a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes.
La actitud política que favorece la tortura, con olvido de la contundente prohibición constitucional, viene desde muy lejos, dentro de la etapa democrática. Democracia de papel se refiere a "un caso concreto, que hubiera permitido investigar si se habían producido torturas", y que "concluyó con el respaldo del Gobierno socialista a los supuestos torturadores", que no tuvieron que acudir al llamamiento judicial.
Fue la llamada de la juez de Bilbao Elisabeth Huertas a 90 guardias civiles para que declararan ante su juzgado, a fin de averiguar si se habían producido las torturas que se denunciaban. En el libro hago referencia al artículo publicado en El País el 19-9-1986, titulado Ledesma [entonces ministro de Justicia], que explica que la incomparecencia de guardias evitó la vulneración de sus derechos fundamentales. Los de los guardias civiles. Y dos días después, el titular del artículo también era explícito: El Gobierno [presidido por Felipe González] se ampara en la 'razón de Estado' para explicar lo inexplicable.
De aquellos polvos vinieron otros lodos que debilitaron la democracia e incumplieron la Constitución de 1978 en sus mandatos más sensibles a los derechos humanos. Ahí está la reciente sentencia del Tribunal Supremo criminalizando el derecho de manifestación.