Hoy jueves 26 de marzo de 2015 se va a aprobar en el Congreso la polémica Ley de Seguridad Ciudadana. El propio nombre de la ley es un eufemismo de difícil digestión para una ciudadanía a la que se quiere proteger amordazándole la boca. ¿Por qué se quiere criminalizar la protesta pacífica? ¿De qué tienen miedo los políticos que hoy va a votar a favor de esta ley indigna e impropia en un estado democrático?
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Porque esta ley, más que generar seguridad en la ciudadanía, lo que persigue es evitar sobresaltos e incomodidades al poder, que es algo muy diferente. ¿Cómo es posible que los diputados de un partido, ahogado en casos de corrupción, quieran criminalizar a quienes mediante la protesta pacífica están denunciando el expolio de este país? En el caso de Greenpeace, el expolio de la naturaleza, del agua que bebemos y el aire que respiramos, de la tierra que pisamos, de la energía que necesitamos para vivir ¿De qué pasta moral están hechos?
Que un Gobierno, y el partido mayoritario que lo sustenta, legislen sin tapujos contra Greenpeace y otros colectivos y asociaciones ciudadanas lo considero un elogio. Ladran, luego cabalgamos. Con esta ley, no van a conseguir que dejemos atrás 40 años de lucha pacífica contra la degradación del planeta. Señalando dónde se cometen los desmanes contra la naturaleza y quiénes son sus responsables. La acción directa no violenta forma parte del ADN de Greenpeace. Gracias a ella, y a nuestra independencia política y económica, hemos conseguido sacar los colores a los principales depredadores de la naturaleza, y conseguido avances legislativos indiscutibles en la defensa del medio ambiente.
La ciudadanía ha de saber que hoy su Parlamento va a a aprobar una ley que pretende ahorrar una verdad incómoda a quienes destruyen el medio ambiente. Que un conjunto de políticos acomplejados y superados por el desencanto social han decidido legislar en su propio beneficio, para evitarse escenas molestas.
En 1985, los servicios secretos franceses trataron de callar nuestra voz poniendo dos bombas al Rainbow Warrior. Sin llegar tan lejos, durante muchas décadas han intentado escarmentarnos pidiendo penas de cárcel a nuestros activistas. Ya sea por denunciar la falta de liderazgo de los políticos en la lucha contra el cambio climático en Dinamarca, por denunciar el tráfico ilegal de carne de ballena en Japón o el riesgo de la energía nuclear en España.
Ahora, con estas leyes mordazas, tratan de intimidar al mensajero a golpe de cuantiosas multas y listados de infracciones que contradicen los derechos fundamentales, lo que denota la baja calidad democrática del Gobierno.
No permitamos que unos políticos atrapados en el pantanal de la corrupción y las puertas giratorias consume esta tropelía contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la protesta pacífica.
Porque esta ley, más que generar seguridad en la ciudadanía, lo que persigue es evitar sobresaltos e incomodidades al poder, que es algo muy diferente. ¿Cómo es posible que los diputados de un partido, ahogado en casos de corrupción, quieran criminalizar a quienes mediante la protesta pacífica están denunciando el expolio de este país? En el caso de Greenpeace, el expolio de la naturaleza, del agua que bebemos y el aire que respiramos, de la tierra que pisamos, de la energía que necesitamos para vivir ¿De qué pasta moral están hechos?
Que un Gobierno, y el partido mayoritario que lo sustenta, legislen sin tapujos contra Greenpeace y otros colectivos y asociaciones ciudadanas lo considero un elogio. Ladran, luego cabalgamos. Con esta ley, no van a conseguir que dejemos atrás 40 años de lucha pacífica contra la degradación del planeta. Señalando dónde se cometen los desmanes contra la naturaleza y quiénes son sus responsables. La acción directa no violenta forma parte del ADN de Greenpeace. Gracias a ella, y a nuestra independencia política y económica, hemos conseguido sacar los colores a los principales depredadores de la naturaleza, y conseguido avances legislativos indiscutibles en la defensa del medio ambiente.
La ciudadanía ha de saber que hoy su Parlamento va a a aprobar una ley que pretende ahorrar una verdad incómoda a quienes destruyen el medio ambiente. Que un conjunto de políticos acomplejados y superados por el desencanto social han decidido legislar en su propio beneficio, para evitarse escenas molestas.
En 1985, los servicios secretos franceses trataron de callar nuestra voz poniendo dos bombas al Rainbow Warrior. Sin llegar tan lejos, durante muchas décadas han intentado escarmentarnos pidiendo penas de cárcel a nuestros activistas. Ya sea por denunciar la falta de liderazgo de los políticos en la lucha contra el cambio climático en Dinamarca, por denunciar el tráfico ilegal de carne de ballena en Japón o el riesgo de la energía nuclear en España.
Ahora, con estas leyes mordazas, tratan de intimidar al mensajero a golpe de cuantiosas multas y listados de infracciones que contradicen los derechos fundamentales, lo que denota la baja calidad democrática del Gobierno.
No permitamos que unos políticos atrapados en el pantanal de la corrupción y las puertas giratorias consume esta tropelía contra la libertad de expresión y el libre ejercicio de la protesta pacífica.