El CIS revelaba hace unos días que continúa creciendo la preocupación de los ciudadanos por la corrupción. Es el problema más señalado tras el paro y, por delante, incluso, de los problemas económicos.
Según una encuesta publicada en El Mundo, el 84% de los ciudadanos creen que el Partido Popular ha mantenido una contabilidad B. El 87% opina que este partido recibía dinero en negro de los adjudicatarios de la obra pública. La encuesta señala, inclusive, que el 75% de los votantes del Partido Popular opinan que su partido se financió con las adjudicaciones de obras. Tan sólo un 10% de esos electores niegan que el PP se haya financiado de forma ilegal.
La preocupación ciudadana por la corrupción ha crecido nada menos que en un 32% en los dos últimos años, multiplicándose por seis. Resulta alarmante, a la vez que lógico, este incremento si tenemos en cuenta que el partido que gobierna en España es el que se ha visto salpicado, de arriba a abajo, por el escándalo de mayor magnitud desde el inicio de la democracia.
Sucesos como las protestas de los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos ponen de manifiesto no solo el rechazo a la gestión dudosa de una obra faraónica, sino el hartazgo y la desconfianza hacia la gestión del alcalde de su ciudad. Ponen sobre el asfalto de la calle Vitoria el rechazo a la influencia de intereses particulares que condicionan las decisiones políticas y se imponen por encima de los graves problemas que viven los ciudadanos, día a día, como el paro, los recortes sociales o la falta de expectativas para la juventud.
El alcalde del Partido Popular, Javier Lacalle, ha traicionado una vez más la confianza de los burgaleses y los acontecimientos de Gamonal son el resultado del rechazo de los vecinos a esta traición. La ciudad de Burgos, y en general todas nuestras instituciones democráticas, necesitan basarse en la confianza entre representantes y representados, y un alcalde o un Ayuntamiento no se pueden sostener si ésta confianza falta.
Cuando el regidor pide a sus ciudadanos -que están sufriendo el paro, la falta de recursos, las subidas de impuestos, los recortes sociales- un esfuerzo de ocho millones de euros del presupuesto público, éstos deben poder confiar en que la razón que se les ha dado para construir ese bulevar es una razón con argumentos tan sólidos como objetivos. Pero no lo eran.
El alcalde Lacalle solicita a sus vecinos que consientan que se desvíe dinero hacia una obra que solo beneficia a unos pocos, en lugar de usarlo en la Guardería de Río Vena que han cerrado, en mejorar las escuelas públicas, en ayudas sociales para aquellas familias donde no entra ni un euro desde hace meses debido al incremento del paro, en auxiliar a personas desesperadas, en estimular la creación de empleo mediante estrategias pensadas para los vecinos de la ciudad que peor lo están pasando. El edil traiciona la confianza porque da respuestas falsas a problemas verdaderos, y da respuestas falsas porque son otros los intereses y las prioridades los que se han impuesto, y los vecinos lo han sabido decir muy claro.
Priorizar la construcción de un bulevar de ocho millones de euros por encima de todas estas cuestiones no es sólo una decisión inoportuna de un alcalde insensible hacia sus vecinos más vulnerables, es también el reflejo del secuestro de los intereses de la mayoría por parte del alcalde de Burgos que no está a su servicio, sino que es cómplice de los intereses particulares y empresariales del constructor Méndez Pozo, quien sin haberse presentado nunca a las elecciones, viene manejando los hilos de la ciudad desde hace demasiado tiempo, como también han reflejado algunos medios de comunicación, incluso de ámbito nacional.
Así que, cuando en un barrio, en una ciudad o en un país democrático los ciudadanos perciben esto de una manera tan descarada, salen a la calle como lo han hecho los vecinos de Gamonal. Y cuando digo "salen a la calle" estoy reconociendo a la sociedad pacífica y organizada que se ha movilizado, la mayoritaria. La excepción, la parte mínima, la que se manifiesta con actos violentos no debe ni desmerecer el objetivo, ni recibir más protagonismo que el de la condena de sus actos y la acción de la justicia.
Deberíamos tener en cuenta que la crisis económica está actuando como una lupa sobre la crisis institucional y política que ya vivía nuestro país y, por ello, es momento de gestionar desde la confianza pública de la que nos dotan los ciudadanos mediante las urnas.
Este es el escenario, la suma de circunstancias que desencadenan esta tormenta perfecta. Por eso, cuando se ha de tomar una decisión por parte de un responsable público, cuando se produce un conflicto, cuando se está al borde de la fractura social, han de hacerse análisis con perspectiva y tener en cuenta, mostrando respeto, el tiempo en que se vive. No es el momento de limitarse a dar explicaciones vagas, buscar culpas reduccionistas ni a criminalizar a quien protesta.
Por el contrario, es el momento, más que nunca, de tomar decisiones responsables, esforzarnos en el diálogo y en el acuerdo. Deben anteponerse, de una forma más transparente que nunca, los intereses generales de los ciudadanos a cualesquiera otros. Debe quedar claro que son las personas, sus circunstancias y sus necesidades sociales, especialmente las de las más vulnerables, lo primordial para un gobernante.
Y, sólo así, y en ausencia de recetas y varitas mágicas, vamos a poder combatir la crisis institucional y política que vivimos y que nos ayudará a disputar la otra, la económica, cultural y social.
Porque, si no se hace o se hace lo contrario, como el alcalde de Burgos y las políticas antisociales del Partido Popular, no sólo se debilitan aún más las instituciones públicas, motivando la desconfianza, sino que además se ahonda en la generación de desigualdades. Desigualdades que generan inseguridad y, desde la inseguridad, poco tarda en surgir el conflicto social.
Según una encuesta publicada en El Mundo, el 84% de los ciudadanos creen que el Partido Popular ha mantenido una contabilidad B. El 87% opina que este partido recibía dinero en negro de los adjudicatarios de la obra pública. La encuesta señala, inclusive, que el 75% de los votantes del Partido Popular opinan que su partido se financió con las adjudicaciones de obras. Tan sólo un 10% de esos electores niegan que el PP se haya financiado de forma ilegal.
La preocupación ciudadana por la corrupción ha crecido nada menos que en un 32% en los dos últimos años, multiplicándose por seis. Resulta alarmante, a la vez que lógico, este incremento si tenemos en cuenta que el partido que gobierna en España es el que se ha visto salpicado, de arriba a abajo, por el escándalo de mayor magnitud desde el inicio de la democracia.
Sucesos como las protestas de los vecinos del barrio de Gamonal en Burgos ponen de manifiesto no solo el rechazo a la gestión dudosa de una obra faraónica, sino el hartazgo y la desconfianza hacia la gestión del alcalde de su ciudad. Ponen sobre el asfalto de la calle Vitoria el rechazo a la influencia de intereses particulares que condicionan las decisiones políticas y se imponen por encima de los graves problemas que viven los ciudadanos, día a día, como el paro, los recortes sociales o la falta de expectativas para la juventud.
El alcalde del Partido Popular, Javier Lacalle, ha traicionado una vez más la confianza de los burgaleses y los acontecimientos de Gamonal son el resultado del rechazo de los vecinos a esta traición. La ciudad de Burgos, y en general todas nuestras instituciones democráticas, necesitan basarse en la confianza entre representantes y representados, y un alcalde o un Ayuntamiento no se pueden sostener si ésta confianza falta.
Cuando el regidor pide a sus ciudadanos -que están sufriendo el paro, la falta de recursos, las subidas de impuestos, los recortes sociales- un esfuerzo de ocho millones de euros del presupuesto público, éstos deben poder confiar en que la razón que se les ha dado para construir ese bulevar es una razón con argumentos tan sólidos como objetivos. Pero no lo eran.
El alcalde Lacalle solicita a sus vecinos que consientan que se desvíe dinero hacia una obra que solo beneficia a unos pocos, en lugar de usarlo en la Guardería de Río Vena que han cerrado, en mejorar las escuelas públicas, en ayudas sociales para aquellas familias donde no entra ni un euro desde hace meses debido al incremento del paro, en auxiliar a personas desesperadas, en estimular la creación de empleo mediante estrategias pensadas para los vecinos de la ciudad que peor lo están pasando. El edil traiciona la confianza porque da respuestas falsas a problemas verdaderos, y da respuestas falsas porque son otros los intereses y las prioridades los que se han impuesto, y los vecinos lo han sabido decir muy claro.
Priorizar la construcción de un bulevar de ocho millones de euros por encima de todas estas cuestiones no es sólo una decisión inoportuna de un alcalde insensible hacia sus vecinos más vulnerables, es también el reflejo del secuestro de los intereses de la mayoría por parte del alcalde de Burgos que no está a su servicio, sino que es cómplice de los intereses particulares y empresariales del constructor Méndez Pozo, quien sin haberse presentado nunca a las elecciones, viene manejando los hilos de la ciudad desde hace demasiado tiempo, como también han reflejado algunos medios de comunicación, incluso de ámbito nacional.
Así que, cuando en un barrio, en una ciudad o en un país democrático los ciudadanos perciben esto de una manera tan descarada, salen a la calle como lo han hecho los vecinos de Gamonal. Y cuando digo "salen a la calle" estoy reconociendo a la sociedad pacífica y organizada que se ha movilizado, la mayoritaria. La excepción, la parte mínima, la que se manifiesta con actos violentos no debe ni desmerecer el objetivo, ni recibir más protagonismo que el de la condena de sus actos y la acción de la justicia.
Deberíamos tener en cuenta que la crisis económica está actuando como una lupa sobre la crisis institucional y política que ya vivía nuestro país y, por ello, es momento de gestionar desde la confianza pública de la que nos dotan los ciudadanos mediante las urnas.
Este es el escenario, la suma de circunstancias que desencadenan esta tormenta perfecta. Por eso, cuando se ha de tomar una decisión por parte de un responsable público, cuando se produce un conflicto, cuando se está al borde de la fractura social, han de hacerse análisis con perspectiva y tener en cuenta, mostrando respeto, el tiempo en que se vive. No es el momento de limitarse a dar explicaciones vagas, buscar culpas reduccionistas ni a criminalizar a quien protesta.
Por el contrario, es el momento, más que nunca, de tomar decisiones responsables, esforzarnos en el diálogo y en el acuerdo. Deben anteponerse, de una forma más transparente que nunca, los intereses generales de los ciudadanos a cualesquiera otros. Debe quedar claro que son las personas, sus circunstancias y sus necesidades sociales, especialmente las de las más vulnerables, lo primordial para un gobernante.
Y, sólo así, y en ausencia de recetas y varitas mágicas, vamos a poder combatir la crisis institucional y política que vivimos y que nos ayudará a disputar la otra, la económica, cultural y social.
Porque, si no se hace o se hace lo contrario, como el alcalde de Burgos y las políticas antisociales del Partido Popular, no sólo se debilitan aún más las instituciones públicas, motivando la desconfianza, sino que además se ahonda en la generación de desigualdades. Desigualdades que generan inseguridad y, desde la inseguridad, poco tarda en surgir el conflicto social.