Hace tiempo que lo vienen diciendo los sindicatos. Salimos de la recesión, pero no superamos la crisis. Cinco años después de las políticas de austeridad, de la dogmática batalla contra el déficit, de la renuncia a la inversión pública, de la quiebra de las relaciones laborales y la negociación colectiva, del ataque sin precedentes a los derechos sociales y laborales, del deterioro del Estado de bienestar y de los servicios públicos, y del crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, ve la luz la EPA del primer trimestre de 2015 y buena parte de los cantos de sirena del gobierno acaban dándose de bruces con la realidad: 114.300 empleos destruidos, caída de la ocupación y la población activa y como consecuencia de lo anterior tímido descenso del desempleo en 13.100 personas, pero en un escenario de insoportable tasa de paro (23,78%). La economía y el país mismo se encogen.
Detrás de este diagnóstico o de la evolución macroeconómica, que tanto gusta exhibir a los portavoces del Gobierno, hay millones de ciudadanos/as que cada vez lo pasan peor, 5.444.460 personas en el desempleo, 1.800.000 hogares con todos sus miembros en paro y más de la mitad de los jóvenes en edad de trabajar sin poder hacerlo. Así que seamos claros: las severas e injustas políticas de austeridad y recortes que impulsaron los gobernantes europeos en 2010 y que se aplicaron con especial intransigencia en nuestro país arrojan un balance indeseable: una crisis económica con devastadores efectos sobre el empleo, la cohesión social y la calidad de vida de la ciudadanía.
Desigualdad y renta mínima
Lo dijimos y lo decimos: así no salimos de la crisis. Las políticas de austeridad han golpeado a millones de personas en Europa, especialmente a países como Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, Chipre o España. Pero ha sido el propio proyecto europeo el que ha conocido un profundo descrédito. La deplorable gestión de la crisis a cargo de la llamada troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) debe tener urgente punto final. Es necesario iniciar un nuevo tiempo en Europa y en España, con actuaciones concretas para impulsar la economía, el empleo de calidad y la mejora de la protección social. Son las personas nuestro objetivo, y solo así las estadísticas macroeconómicas podrán ser explicadas sin recurrir a estrafalarias interpretaciones contables.
Un Plan de inversiones como el propuesto por la CES, más ambicioso que el llamado Plan Juncker, un calendario más amplio y flexible de reducción del déficit y de la deuda, una política fiscal europea más armonizada, la eliminación de los paraísos fiscales, un suelo salarial mínimo europeo y una decidida lucha contra la desigualdad en general y en su vertiente especifica de género, son algunas de las tareas que deben acometer, a mi juicio, los gobernantes europeos y por supuesto en España. Si por el contrario, la Unión Europea sigue agarrada a la inercia de las políticas de austeridad, insinuando únicamente aisladas declaraciones retóricas del presidente de la Comisión y dejando la gestión de la economía al Banco Central Europeo y los resultados al albur de la evolución del precio de los hidrocarburos, no sería descartable una nueva fase recesiva de las economías europeas con graves consecuencias para el bienestar de la ciudadanía, después de los efectos de las dos que hemos atravesado en estos siete años.
España protagoniza este año un intenso ciclo electoral: tras las elecciones andaluzas del 22 de marzo, municipales y autonómicas el 24 de mayo, elecciones catalanas -quizás en septiembre- y generales en el último trimestre de 2015. Una buena ocasión para que las formaciones políticas se pronuncien sobre el rumbo económico y social del país. Ya no valen ni el trueque de los números ni la fabulación de soluciones mágicas. Hay que bajar al terreno de juego, compartir diagnóstico y comprometerse con la realidad. CCOO cree además, que hay que fijar prioridades: políticas expansivas para impulsar el crecimiento; recuperar el empleo de calidad como objetivo central de la política económica y proteger a las personas desempleadas; avanzar con decisión hacia un nuevo modelo productivo; reconstruir el estado de bienestar y recuperar los derechos perdidos; hacer efectiva una democracia más real y participativa.
Como sindicato estamos en disposición de trabajar para apuntalar el cambio de ciclo desde la estabilidad en las relaciones de trabajo, a través de un acuerdo de convenios que apueste por el empleo de calidad, y con una política salarial que permita el inicio de la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios y que apueste por el reforzamiento del papel de la negociación colectiva, especialmente la sectorial.
Por otro lado, es urgente una particular atención a la población más joven, para reducir sensiblemente la insoportable tasa de desempleo juvenil y para poner freno a la sangría que supone la emigración forzada a que se ven forzados.
Pero este primero de mayo, elevamos la voz con una propuesta precisa, concreta para combatir la desigualdad. Sabemos que la lucha contra desigualdad, imprescindible para creer en la democracia, exige actuaciones en varios ámbitos, pero CCOO y UGT se han propuesto levantar la bandera de la RENTA MÍNIMA, como una de sus prioridades básicas. El 21 de abril, registramos en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular sobre una Prestación de Ingresos Mínimos (renta mínima), que atienda las necesidades de las personas más afectadas por la crisis económica. Una iniciativa con la que se pretende ampliar la protección social a 2,1 millones de personas y a 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro, en los que viven cerca de 6 millones de personas. No hay excusas. El poder legislativo que resulte de las urnas del próximo otoño tiene en sus manos la decisión de que la economía española cambie de rumbo y que las personas que peor lo pasan dispongan, en tanto no encuentran un empleo, de unos ingresos mínimos.
Detrás de este diagnóstico o de la evolución macroeconómica, que tanto gusta exhibir a los portavoces del Gobierno, hay millones de ciudadanos/as que cada vez lo pasan peor, 5.444.460 personas en el desempleo, 1.800.000 hogares con todos sus miembros en paro y más de la mitad de los jóvenes en edad de trabajar sin poder hacerlo. Así que seamos claros: las severas e injustas políticas de austeridad y recortes que impulsaron los gobernantes europeos en 2010 y que se aplicaron con especial intransigencia en nuestro país arrojan un balance indeseable: una crisis económica con devastadores efectos sobre el empleo, la cohesión social y la calidad de vida de la ciudadanía.
Desigualdad y renta mínima
Lo dijimos y lo decimos: así no salimos de la crisis. Las políticas de austeridad han golpeado a millones de personas en Europa, especialmente a países como Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, Chipre o España. Pero ha sido el propio proyecto europeo el que ha conocido un profundo descrédito. La deplorable gestión de la crisis a cargo de la llamada troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) debe tener urgente punto final. Es necesario iniciar un nuevo tiempo en Europa y en España, con actuaciones concretas para impulsar la economía, el empleo de calidad y la mejora de la protección social. Son las personas nuestro objetivo, y solo así las estadísticas macroeconómicas podrán ser explicadas sin recurrir a estrafalarias interpretaciones contables.
Un Plan de inversiones como el propuesto por la CES, más ambicioso que el llamado Plan Juncker, un calendario más amplio y flexible de reducción del déficit y de la deuda, una política fiscal europea más armonizada, la eliminación de los paraísos fiscales, un suelo salarial mínimo europeo y una decidida lucha contra la desigualdad en general y en su vertiente especifica de género, son algunas de las tareas que deben acometer, a mi juicio, los gobernantes europeos y por supuesto en España. Si por el contrario, la Unión Europea sigue agarrada a la inercia de las políticas de austeridad, insinuando únicamente aisladas declaraciones retóricas del presidente de la Comisión y dejando la gestión de la economía al Banco Central Europeo y los resultados al albur de la evolución del precio de los hidrocarburos, no sería descartable una nueva fase recesiva de las economías europeas con graves consecuencias para el bienestar de la ciudadanía, después de los efectos de las dos que hemos atravesado en estos siete años.
España protagoniza este año un intenso ciclo electoral: tras las elecciones andaluzas del 22 de marzo, municipales y autonómicas el 24 de mayo, elecciones catalanas -quizás en septiembre- y generales en el último trimestre de 2015. Una buena ocasión para que las formaciones políticas se pronuncien sobre el rumbo económico y social del país. Ya no valen ni el trueque de los números ni la fabulación de soluciones mágicas. Hay que bajar al terreno de juego, compartir diagnóstico y comprometerse con la realidad. CCOO cree además, que hay que fijar prioridades: políticas expansivas para impulsar el crecimiento; recuperar el empleo de calidad como objetivo central de la política económica y proteger a las personas desempleadas; avanzar con decisión hacia un nuevo modelo productivo; reconstruir el estado de bienestar y recuperar los derechos perdidos; hacer efectiva una democracia más real y participativa.
Como sindicato estamos en disposición de trabajar para apuntalar el cambio de ciclo desde la estabilidad en las relaciones de trabajo, a través de un acuerdo de convenios que apueste por el empleo de calidad, y con una política salarial que permita el inicio de la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios y que apueste por el reforzamiento del papel de la negociación colectiva, especialmente la sectorial.
Por otro lado, es urgente una particular atención a la población más joven, para reducir sensiblemente la insoportable tasa de desempleo juvenil y para poner freno a la sangría que supone la emigración forzada a que se ven forzados.
Pero este primero de mayo, elevamos la voz con una propuesta precisa, concreta para combatir la desigualdad. Sabemos que la lucha contra desigualdad, imprescindible para creer en la democracia, exige actuaciones en varios ámbitos, pero CCOO y UGT se han propuesto levantar la bandera de la RENTA MÍNIMA, como una de sus prioridades básicas. El 21 de abril, registramos en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular sobre una Prestación de Ingresos Mínimos (renta mínima), que atienda las necesidades de las personas más afectadas por la crisis económica. Una iniciativa con la que se pretende ampliar la protección social a 2,1 millones de personas y a 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en paro, en los que viven cerca de 6 millones de personas. No hay excusas. El poder legislativo que resulte de las urnas del próximo otoño tiene en sus manos la decisión de que la economía española cambie de rumbo y que las personas que peor lo pasan dispongan, en tanto no encuentran un empleo, de unos ingresos mínimos.