Hubo un tiempo en el que los sucesos en nuestro país nos brindaban extraordinarias metáforas de la crisis. En los albores del primero de mayo, muchas de estas metáforas vivas que han convivido con nosotros en esta larga travesía han ido deviniendo en pura identidad. Identidad como lo mismo; identidad como objetivación de un acontecimiento. Dos empresas y dos conflictos condensan a la perfección la estampa de lo que a día de hoy sucede en nuestro país. Por un lado, aquellos que quieren perpetuar y profundizar una situación insostenible, por otro, gente que dice basta y pide cambio. La huelga de los técnicos de Telefónica y la lucha de los trabajadores de Coca-Cola recogen lo que la sabiduría popular, con su sentido común implacable, ha gritado de viva voz en la calle: "no es una crisis, es una estafa".
Telefónica reúne en sí todos los elementos de la degradada situación económica, política e institucional de España. Paradigmática como ninguna, ha tenido el dudoso honor de haber contado entre sus filas con la personificación tragicómica del "espíritu de la crisis". Rodrigo Rato, el ahora defenestrado ex-ministro "estrella", fue parte esencial de la arquitectura del sufrimiento social que experimentamos. Hoy es investigado por supuesto fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Ya se sabe: primero como tragedia, luego como farsa.
La que fuera en su día una empresa pública, mantiene en condiciones de moderna semiesclavitud a sus trabajadores técnicos contratados, sub-contratados y autónomos. Con beneficios multimillonarios, la externalización de servicios que ha practicado Telefónica se ha materializado para sus trabajadores en jornadas de hasta 12 horas, todos los días de la semana, por unos exiguos 600 u 800 euros al mes. El contrapunto de sentido común a esto lo han puesto los trabajadores técnicos de la empresa, que desde el 7 abril están llevando a cabo la que es probablemente la primera huelga indefinida del precariadado en España.
Ejemplo impecable de puertas giratorias, Telefónica ha sentado en su consejo de administración a lo más representativo de la casta. Los nombres, apellidos y relaciones de parentesco son la imagen más nítida del modelo de país que algunos proponen. Estamos hablando de aquellos que nos han querido convencer de que los obsceno, lo verdaderamente insensato, no es que sus salarios anuales sean el equivalente a más de 10 años de trabajo de un técnico sino que los trabajadores hagan uso de su derecho constitucional a la huelga para exigir condiciones laborales justas. Suerte que todavía queden esos imprescindibles que arriesgándose a perder sus precarias condiciones de subsistencia nos demuestran que no han perdido la cabeza (ni su dignidad).
El conflicto de los trabajadores de Coca-cola es otro de esos ejemplos que nos muestran descarnadamente la realidad de un modelo agotado. Como en el caso de Telefónica, hablamos de una empresa que con beneficios lleva a cabo prácticas que atentan contra todo sentido común ciudadano (o mas concretamente: contra el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Así lo ha corroborado el Tribunal Supremo que declaró la nulidad del despido colectivo en Coca-Cola por vulneración del derecho de huelga. Nunca antes hemos asistido a una destrucción del tejido laboral e industrial de una región sin otro motivo que el de desposeer a los trabajadores de sus derechos. Por ello, no nos cansaremos de insistir que lo que hace falta en este país es sentido común o lo que a nuestro entender es lo mismo: la aplicación escrupulosa de los Derechos Humanos. Todavía no hemos conocido mejor programa que ese.
La centralidad del tablero a la que aspiramos es también, entre muchas cuestiones, recuperar un sentido profundo de lo intolerable, esto es, aquello ante lo cual solo se puede decir basta y exigir una alteración inmediata y urgente del estado de la cosas. Muestra de cordura y sensatez son los trabajadores en conflicto a los que nosotros queremos mostrar este primero de mayo toda nuestra solidaridad y con los que juntos vamos a demostrar que sí se puede construir un país donde nadie se quede fuera.
Telefónica reúne en sí todos los elementos de la degradada situación económica, política e institucional de España. Paradigmática como ninguna, ha tenido el dudoso honor de haber contado entre sus filas con la personificación tragicómica del "espíritu de la crisis". Rodrigo Rato, el ahora defenestrado ex-ministro "estrella", fue parte esencial de la arquitectura del sufrimiento social que experimentamos. Hoy es investigado por supuesto fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Ya se sabe: primero como tragedia, luego como farsa.
La que fuera en su día una empresa pública, mantiene en condiciones de moderna semiesclavitud a sus trabajadores técnicos contratados, sub-contratados y autónomos. Con beneficios multimillonarios, la externalización de servicios que ha practicado Telefónica se ha materializado para sus trabajadores en jornadas de hasta 12 horas, todos los días de la semana, por unos exiguos 600 u 800 euros al mes. El contrapunto de sentido común a esto lo han puesto los trabajadores técnicos de la empresa, que desde el 7 abril están llevando a cabo la que es probablemente la primera huelga indefinida del precariadado en España.
Ejemplo impecable de puertas giratorias, Telefónica ha sentado en su consejo de administración a lo más representativo de la casta. Los nombres, apellidos y relaciones de parentesco son la imagen más nítida del modelo de país que algunos proponen. Estamos hablando de aquellos que nos han querido convencer de que los obsceno, lo verdaderamente insensato, no es que sus salarios anuales sean el equivalente a más de 10 años de trabajo de un técnico sino que los trabajadores hagan uso de su derecho constitucional a la huelga para exigir condiciones laborales justas. Suerte que todavía queden esos imprescindibles que arriesgándose a perder sus precarias condiciones de subsistencia nos demuestran que no han perdido la cabeza (ni su dignidad).
El conflicto de los trabajadores de Coca-cola es otro de esos ejemplos que nos muestran descarnadamente la realidad de un modelo agotado. Como en el caso de Telefónica, hablamos de una empresa que con beneficios lleva a cabo prácticas que atentan contra todo sentido común ciudadano (o mas concretamente: contra el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Así lo ha corroborado el Tribunal Supremo que declaró la nulidad del despido colectivo en Coca-Cola por vulneración del derecho de huelga. Nunca antes hemos asistido a una destrucción del tejido laboral e industrial de una región sin otro motivo que el de desposeer a los trabajadores de sus derechos. Por ello, no nos cansaremos de insistir que lo que hace falta en este país es sentido común o lo que a nuestro entender es lo mismo: la aplicación escrupulosa de los Derechos Humanos. Todavía no hemos conocido mejor programa que ese.
La centralidad del tablero a la que aspiramos es también, entre muchas cuestiones, recuperar un sentido profundo de lo intolerable, esto es, aquello ante lo cual solo se puede decir basta y exigir una alteración inmediata y urgente del estado de la cosas. Muestra de cordura y sensatez son los trabajadores en conflicto a los que nosotros queremos mostrar este primero de mayo toda nuestra solidaridad y con los que juntos vamos a demostrar que sí se puede construir un país donde nadie se quede fuera.