Desde el final de la dictadura franquista no habíamos vivido una situación política tan apasionante, tan llena de posibilidades ni tan estimulante, como la que encaramos este año cargado de citas electorales. Tal y como presagiaron las europeas de 2014, asistimos a la ruptura con el modelo de alternancia bipartidista que, surgido de la transición, ha terminado derivando en una corrupción orgánica y sistémica que ya no es posible ocultar por más tiempo.
Para sorpresa de algunos, que parecen trabajar con esa intención, la ciudadanía no ha reaccionado con la inhibición resignada y la desafección, sino que ha decidido cambiar las reglas de juego y dar entrada en el panorama a opciones nuevas que les representen mejor que los viejos actores. Lo que está ocurriendo en Andalucía demuestra a las claras que las cosas ya no volverán a ser iguales. Se abre un nuevo tiempo en que los partidos tradicionales, además de limpiar sus sentinas, se verán obligados a hacer política. Esto es, a practicar la suma en lugar de la división, a buscar lo que une más que lo que diferencia, y a aunar fuerzas para cambiar la realidad y no sólo administrarla. Pero además, el cambio de praxis requerirá la revisión, el cuestionamiento, y alguna que otra reformulación, de los principios sustantivos de cada formación.
Todo parece indicar que ya no será posible para algunos rechazar, para no dar un éxito al partido menor que las propone, propuestas que no sólo figuraron alguna vez en el propio programa sino que deberían formar parte de su identidad. Y ello así, porque perdidas las hegemonías, se ha hecho imprescindible la negociación y el intercambio de apoyos. La coartada de la falta de consenso unánime para eludir retos legislativos parece estar a punto de desmoronarse. De la necesidad habrá que hacer virtud.
Lo mejor de este nuevo escenario político es que será preciso trabajarse las mayorías después de las urnas, y la negociación pondrá en valor las hasta ahora olvidadas propuestas de profundización democrática y de las libertades individuales, como el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida; una reivindicación que no podrá ya seguir siendo suplantada con leyes de muerte digna ineficaces para conseguir ni tan siquiera una muerte sin sufrimiento. Mucho menos, una muerte que respete y asegure realmente la dignidad de la persona.
Desde luego, no se me oculta que no es el marco de las próximas elecciones locales y autonómicas el indicado para reivindicar el reconocimiento de la vida como una propiedad individual, evaluable y renunciable. Al menos, mientras los parlamentos autonómicos sigan renunciando a la iniciativa legislativa que les reconoce el artículo 87.2 de la Constitución.
Mientras llega ese momento de la reivindicación de máximos, desde la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) hemos hecho llegar a todas las formaciones que concurren a las inminentes elecciones, el que consideramos un programa de mínimos para avanzar realmente en el reconocimiento de la autonomía personal: el cumplimiento de las leyes en vigor y el respeto a los derechos existentes.
Y es que de poco sirven las leyes si no tienen detrás la voluntad política de hacerlas cumplir. La población, y lo que es más grave, muchos profesionales sanitarios, desconocen todavía hoy derechos que, como en el caso de los reconocidos por la Ley General de Sanidad, tienen ya 30 años de antigüedad. Los dos partidos de la alternancia han ignorado su obligación de velar por el cumplimiento de lo avanzado por las leyes. Y lo han hecho en todos los ámbitos de gobierno: local, autonómico y estatal.
Es el momento de poner al servicio de la ciudadanía los recursos locales y autonómicos con dos objetivos generales muy claros:
Nuestras propuestas, destinadas a hacer realidad los deseos manifestados por la ciudadanía en todas las encuestas realizadas, están sobre la mesa de los partidos. Son medidas que no requieren modificar las leyes; sólo la voluntad firme de que se cumplan las existentes.
Como saben los responsables de los partidos en liza, la ciudadanía va a estar muy atenta a las políticas emprendidas entre las inminentes elecciones y las próximas a Cortes Generales. Ahondar en políticas como estas que promueven la autonomía individual, debiera ser un objetivo tanto para las formaciones que irrumpen con el marchamo progresista, como para las que afirman haber comprendido la exigencia de regeneración que reclamamos.
¡Que tinguem sort!
Para sorpresa de algunos, que parecen trabajar con esa intención, la ciudadanía no ha reaccionado con la inhibición resignada y la desafección, sino que ha decidido cambiar las reglas de juego y dar entrada en el panorama a opciones nuevas que les representen mejor que los viejos actores. Lo que está ocurriendo en Andalucía demuestra a las claras que las cosas ya no volverán a ser iguales. Se abre un nuevo tiempo en que los partidos tradicionales, además de limpiar sus sentinas, se verán obligados a hacer política. Esto es, a practicar la suma en lugar de la división, a buscar lo que une más que lo que diferencia, y a aunar fuerzas para cambiar la realidad y no sólo administrarla. Pero además, el cambio de praxis requerirá la revisión, el cuestionamiento, y alguna que otra reformulación, de los principios sustantivos de cada formación.
Todo parece indicar que ya no será posible para algunos rechazar, para no dar un éxito al partido menor que las propone, propuestas que no sólo figuraron alguna vez en el propio programa sino que deberían formar parte de su identidad. Y ello así, porque perdidas las hegemonías, se ha hecho imprescindible la negociación y el intercambio de apoyos. La coartada de la falta de consenso unánime para eludir retos legislativos parece estar a punto de desmoronarse. De la necesidad habrá que hacer virtud.
Lo mejor de este nuevo escenario político es que será preciso trabajarse las mayorías después de las urnas, y la negociación pondrá en valor las hasta ahora olvidadas propuestas de profundización democrática y de las libertades individuales, como el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida; una reivindicación que no podrá ya seguir siendo suplantada con leyes de muerte digna ineficaces para conseguir ni tan siquiera una muerte sin sufrimiento. Mucho menos, una muerte que respete y asegure realmente la dignidad de la persona.
Desde luego, no se me oculta que no es el marco de las próximas elecciones locales y autonómicas el indicado para reivindicar el reconocimiento de la vida como una propiedad individual, evaluable y renunciable. Al menos, mientras los parlamentos autonómicos sigan renunciando a la iniciativa legislativa que les reconoce el artículo 87.2 de la Constitución.
Mientras llega ese momento de la reivindicación de máximos, desde la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) hemos hecho llegar a todas las formaciones que concurren a las inminentes elecciones, el que consideramos un programa de mínimos para avanzar realmente en el reconocimiento de la autonomía personal: el cumplimiento de las leyes en vigor y el respeto a los derechos existentes.
Y es que de poco sirven las leyes si no tienen detrás la voluntad política de hacerlas cumplir. La población, y lo que es más grave, muchos profesionales sanitarios, desconocen todavía hoy derechos que, como en el caso de los reconocidos por la Ley General de Sanidad, tienen ya 30 años de antigüedad. Los dos partidos de la alternancia han ignorado su obligación de velar por el cumplimiento de lo avanzado por las leyes. Y lo han hecho en todos los ámbitos de gobierno: local, autonómico y estatal.
Es el momento de poner al servicio de la ciudadanía los recursos locales y autonómicos con dos objetivos generales muy claros:
- Formación e información sobre la normativa en vigor tanto a pacientes como, sobre todo, a los profesionales sanitarios. Resulta incluso ofensivo que nuestros sanitarios estén obligados a conocer la normativa de prevención de incendios y no la ley que regula los derechos de los pacientes y sus correlativas obligaciones.
- Estimular los procesos de toma de control sobre la propia muerte. Muy especialmente en lo relativo a la expresión de Instrucciones Previas, más conocidas como Testamento Vital. El insignificante número de ellos registrado hasta la actualidad es el resultado de la falta de voluntad política; cuando no de un deliberado interés en su ocultación.
- Facilitar el conocimiento de este relevante instrumento y garantizar su eficacia, es contribuir al final del interesado tabú alrededor de la muerte. Facilitar su acceso, acercando el Registro a los y las ciudadanas en el ámbito municipal, es una obligación moral tanto de ayuntamientos como de gobiernos autonómicos.
Nuestras propuestas, destinadas a hacer realidad los deseos manifestados por la ciudadanía en todas las encuestas realizadas, están sobre la mesa de los partidos. Son medidas que no requieren modificar las leyes; sólo la voluntad firme de que se cumplan las existentes.
Como saben los responsables de los partidos en liza, la ciudadanía va a estar muy atenta a las políticas emprendidas entre las inminentes elecciones y las próximas a Cortes Generales. Ahondar en políticas como estas que promueven la autonomía individual, debiera ser un objetivo tanto para las formaciones que irrumpen con el marchamo progresista, como para las que afirman haber comprendido la exigencia de regeneración que reclamamos.
¡Que tinguem sort!