Las reformas estructurales que el ejecutivo del Partido Popular ha puesto en marcha durante la presente legislatura han pasado fundamentalmente por el abaratamiento del coste de las condiciones del factor trabajo, con una devaluación salarial generalizada. Prometían que así se reactivaría el ciclo de inversión productiva. Que de ese modo atraeríamos inversión directa extranjera.
El resultado ha sido un modelo energético, empresarial, laboral y social, orientado hacia latitudes económicas y sociales que nos sitúan en las antípodas de los países comunitarios: Francia, Alemania, Dinamarca, ..., y más próximas al modelo asiático, que descansa en pauperizadas condiciones productivas, tecnológicas y laborales.
En España en el último año apenas se ha incrementado la inversión directa extranjera en 13.000 millones de euros, mientras que la inversión foránea especulativa ha aumentado en 113.000 millones. Son, sobre todo, fondos de inversión buitres que vienen a rastrear los restos más apetecibles de lo que ha quedado de la economía productiva de nuestro país, para comprar activos (empresariales e inmobiliarios) a precio de saldo.
La devaluación salarial consecuencia de la reforma laboral ha dado lugar a una mejora de los márgenes de beneficio empresarial, pero no ha supuesto un incremento de la productividad de las empresas españolas, ya que la mayor parte de los beneficios no se han reinvertido en las empresas, han ido al bolsillo de los accionistas. Por otro lado, menores salarios y derechos sociolaborales han deprimido la demanda de consumo de decenas de millones de españoles, tanto de aquellos que mantienen empleos -ahora con menores salarios-, como de los que se han ido al paro.
Ello ha reducido las ventas de millones de pequeñas y medianas empresas, provocando una espiral que limita la inversión productiva en tecnología, investigación e innovación en las empresas. Un 41% de las pymes españolas siguen en peligro de quiebra a pesar de la mejoría económica.
Con las políticas laborales impuestas por el PP no se fomenta la inversión a largo plazo (solo la especulativa), y no se invierte en innovación, mano de obra especializada o gastos de capital necesarios para sostener el crecimiento a largo plazo. Son políticas que de hecho profundizan los problemas estructurales de nuestro modelo productivo.
Con la política de ciencia e innovación del PP el total de gastos en I+D+i se ha desplomado. En 2013, los niveles de gasto en I+D+i estaban por debajo de los de 2007, y seguimos gastando la mitad que la media europea en relación al tamaño de nuestra economía.
Valga como ejemplo lo sucedido con el modelo energético, crucial en la sostenibilidad de nuestro modelo económico. En este caso las políticas energéticas del PP también han ido en sentido contrario a las que están desarrollando y apoyando los países más avanzados. En Alemania, con la German Renewable Energy Act (2000) se da un espaldarazo a la instalación de potencia renovable, que no solo garantizaba una retribución fija (feed-in tariff) sino que además reconocía el derecho de cobro durante 20 años, consiguiendo que la energía fotovoltaica haya pasado de tener un papel testimonial a suponer cada verano, con la llegada del máximo de radiación solar, el 50,6% del consumo eléctrico (9.6.2014), de Alemania.
Muy al contrario, el ejecutivo del PP ha eliminado el "marco regulatorio de retribuciones" a miles de instalaciones de energía renovable. La quiebra de la seguridad jurídica ha minado la confianza y ha dado lugar a más de 300 demandas ante el Tribunal de Justicia de UE, impactando negativamente sobre la imagen internacional de nuestra economía. Este es el estilo y naturaleza de las políticas del PP, ajeno a las preocupaciones por la sostenibilidad del modelo económico-energético, pero atento servidor a los intereses de una minoría de grandes empresas eléctricas.
El año pasado, el Gobierno aprobó la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España. Su elaboración fue externalizada, en vez de contar con los técnicos del ministerio, y en ella no participaron ni las organizaciones empresariales ni los sindicatos. Carece de objetivos cuantificables y de dotación económica. En definitiva, se usa más de propaganda para aparentar que se hace algo de cara a las ayudas europeas que como herramienta efectiva de modernización industrial.
Apostar por una política industrial activa, por una banca pública con capacidad de financiar un cambio de modelo productivo y reformando los actuales instrumentos fiscales son, junto a la reinversión productiva de los beneficios y la recuperación del equilibrio en las relaciones laborales con la derogación de la reforma laboral, el núcleo de las propuestas de Podemos. Para que España no se deslice hacía una estructura económica precaria, muy dependiente de los flujos externos de capital especulativo, y una sociedad crecientemente desigual, sino que apueste por una industria inteligente, generadora de valor añadido y de empleos de calidad.
Las políticas económicas del PP conducen hacía la africanización de nuestro país, nosotros apostamos porque nuestra estructura productiva cada vez sea más similar
El resultado ha sido un modelo energético, empresarial, laboral y social, orientado hacia latitudes económicas y sociales que nos sitúan en las antípodas de los países comunitarios: Francia, Alemania, Dinamarca, ..., y más próximas al modelo asiático, que descansa en pauperizadas condiciones productivas, tecnológicas y laborales.
En España en el último año apenas se ha incrementado la inversión directa extranjera en 13.000 millones de euros, mientras que la inversión foránea especulativa ha aumentado en 113.000 millones. Son, sobre todo, fondos de inversión buitres que vienen a rastrear los restos más apetecibles de lo que ha quedado de la economía productiva de nuestro país, para comprar activos (empresariales e inmobiliarios) a precio de saldo.
La devaluación salarial consecuencia de la reforma laboral ha dado lugar a una mejora de los márgenes de beneficio empresarial, pero no ha supuesto un incremento de la productividad de las empresas españolas, ya que la mayor parte de los beneficios no se han reinvertido en las empresas, han ido al bolsillo de los accionistas. Por otro lado, menores salarios y derechos sociolaborales han deprimido la demanda de consumo de decenas de millones de españoles, tanto de aquellos que mantienen empleos -ahora con menores salarios-, como de los que se han ido al paro.
Ello ha reducido las ventas de millones de pequeñas y medianas empresas, provocando una espiral que limita la inversión productiva en tecnología, investigación e innovación en las empresas. Un 41% de las pymes españolas siguen en peligro de quiebra a pesar de la mejoría económica.
Con las políticas laborales impuestas por el PP no se fomenta la inversión a largo plazo (solo la especulativa), y no se invierte en innovación, mano de obra especializada o gastos de capital necesarios para sostener el crecimiento a largo plazo. Son políticas que de hecho profundizan los problemas estructurales de nuestro modelo productivo.
Con la política de ciencia e innovación del PP el total de gastos en I+D+i se ha desplomado. En 2013, los niveles de gasto en I+D+i estaban por debajo de los de 2007, y seguimos gastando la mitad que la media europea en relación al tamaño de nuestra economía.
Valga como ejemplo lo sucedido con el modelo energético, crucial en la sostenibilidad de nuestro modelo económico. En este caso las políticas energéticas del PP también han ido en sentido contrario a las que están desarrollando y apoyando los países más avanzados. En Alemania, con la German Renewable Energy Act (2000) se da un espaldarazo a la instalación de potencia renovable, que no solo garantizaba una retribución fija (feed-in tariff) sino que además reconocía el derecho de cobro durante 20 años, consiguiendo que la energía fotovoltaica haya pasado de tener un papel testimonial a suponer cada verano, con la llegada del máximo de radiación solar, el 50,6% del consumo eléctrico (9.6.2014), de Alemania.
Muy al contrario, el ejecutivo del PP ha eliminado el "marco regulatorio de retribuciones" a miles de instalaciones de energía renovable. La quiebra de la seguridad jurídica ha minado la confianza y ha dado lugar a más de 300 demandas ante el Tribunal de Justicia de UE, impactando negativamente sobre la imagen internacional de nuestra economía. Este es el estilo y naturaleza de las políticas del PP, ajeno a las preocupaciones por la sostenibilidad del modelo económico-energético, pero atento servidor a los intereses de una minoría de grandes empresas eléctricas.
El año pasado, el Gobierno aprobó la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España. Su elaboración fue externalizada, en vez de contar con los técnicos del ministerio, y en ella no participaron ni las organizaciones empresariales ni los sindicatos. Carece de objetivos cuantificables y de dotación económica. En definitiva, se usa más de propaganda para aparentar que se hace algo de cara a las ayudas europeas que como herramienta efectiva de modernización industrial.
Apostar por una política industrial activa, por una banca pública con capacidad de financiar un cambio de modelo productivo y reformando los actuales instrumentos fiscales son, junto a la reinversión productiva de los beneficios y la recuperación del equilibrio en las relaciones laborales con la derogación de la reforma laboral, el núcleo de las propuestas de Podemos. Para que España no se deslice hacía una estructura económica precaria, muy dependiente de los flujos externos de capital especulativo, y una sociedad crecientemente desigual, sino que apueste por una industria inteligente, generadora de valor añadido y de empleos de calidad.
Las políticas económicas del PP conducen hacía la africanización de nuestro país, nosotros apostamos porque nuestra estructura productiva cada vez sea más similar