La economía española crece impulsada por la depreciación del euro, el estímulo monetario del Banco Central Europeo (BCE) -que ha relajado las condiciones financieras de familias y empresas-, y la caída de los precios del petróleo. Factores que inciden positivamente sobre "el vigor de la demanda interna", en palabras del Banco de España, y que reproducen viejas y preocupantes pautas de crecimiento de nuestra economía como la aportación negativa del sector exterior.
Esta recuperación económica tiene dos grandes debilidades que se retroalimentan. La primera, el aumento de la desigualdad. La segunda, su evidente carencia de modelo de crecimiento a medio y largo plazo. Ambas debilidades, al revés que los factores que impulsan el crecimiento, son el resultado de decisiones y políticas adoptadas por el Gobierno español. Ambas cuestionan la sostenibilidad de la recuperación que exige recuperar la inmensa pérdida de capital social -físico y humano- provocada por la crisis, así como la de la confianza de los agentes económicos, empresas y familias. Este elemento, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en Europa incluso, es el capital intangible imprescindible para volver a crecer, un intangible que todavía estamos lejos de recomponer.
La pérdida de confianza en nuestro sistema institucional se debe a los graves errores de diagnóstico que nos han acompañado desde que estalló la crisis. No hay más que recordar que el BCE subió los tipos de interés 3 semanas antes de la quiebra de Lehman Brothers-, o las políticas que generaron la crisis durante la burbuja y que nadie criticó. Las medidas impuestas por la Alemania de Ángela Merkel después, y la desafección con las instituciones democráticas y con los partidos políticos tradicionales desatada por las consecuencias sociales de la crisis y la proliferación de casos de corrupción, han hecho el resto.
En este contexto, la creciente desigualdad tiene varios orígenes: la elevadísima tasa de desempleo, la salida de la crisis elegida por el Gobierno en sintonía con el núcleo duro de la eurozona -la llamada austeridad-, y nuestro imperfecto sistema fiscal que por el lado de los ingresos no grava a todas las fuentes de renta y riqueza con equidad, y que apenas redistribuye por la vía del gasto. La alternativa debe ser una fiscalidad progresista inspirada en las mejores prácticas vigentes en Europa. También amplía la desigualdad la apuesta por un modelo productivo descapitalizado que, si no se cambia, minimizará a medio y largo plazo la creación de puestos de trabajo estables y bien remunerados, "buenos empleos", con gravísimas consecuencias sociales. Un modelo en el que el empleo se destruye con facilidad debido a su escasa calidad así como a la fragilidad de la estructura económica, y de las empresas, sobre la que se sustenta.
El ajuste fiscal no sólo ha generado un injusto reparto de los costes de la crisis por la dureza de los recortes sociales, sino que ha cercenado la capacidad de crecimiento futuro. La caída de la inversión, el colapso de la I+D+i, el castigo a la educación y a la formación de capital humano, el recorte de las política activas de empleo en un país con una tasa de paro inaceptable, lastran gravemente el crecimiento potencial. La salida de la crisis apostando por la precarización laboral y social, por la reducción de costes salariales como principal vía de mejora de la productividad, olvidando que nuestros principales competidores afrontan la productividad total de los factores de otro modo, alimenta el crecimiento de la desigualdad. Cada mes, los datos de creación de empleo ratifican esta dura realidad.
Nadie duda ya de que existía una alternativa de política económica a la elegida por Europa a partir de 2010. Estados Unidos lo ha demostrado. Con todo, y a pesar del giro que Europa comienza a dar gracias a Mario Draghi en el BCE y a las propuestas de los socialistas europeos que han forzado la puesta en marcha del llamado Plan Juncker, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha levantado nunca su voz en Europa para exigir otra política económica, para compensar una austeridad que sólo se justifica desde la moral alemana y no desde la teoría y ciencia económica.
España y Europa necesitan una estrategia económica a medio plazo para consolidar el crecimiento y desterrar las dos grandes debilidades que presenta. Una estrategia que permita también reconstruir el capital intangible, la confianza en nuestro sistema económico, político e institucional, gravemente afectado por la crisis.
Tan importante es redibujar nuestra política económica como restaurar la confianza en nuestras instituciones, porque sin la combinación de ambas no habrá recuperación. El planteamiento de este binomio con rigor constituye el gran reto para la socialdemocracia en Europa y para el PSOE en nuestro país. Una socialdemocracia atrapada entre la frialdad e injusticia de los resultados contables que comienza a generar la austeridad y el discurso impracticable del populismo.
Esa alternativa económica que Europa nunca aplicó es el espacio que debe ocupar la izquierda de los socialistas europeos. Sería una tragedia que sólo partidos como Podemos generen la certeza de que existe una alternativa económica a la actual. Lo que sabemos de la suya la hace inviable. El populismo de izquierdas es incompatible con la economía social de mercado. Con un sistema en el que el bienestar social y la igualdad de oportunidades son tan importantes como el dinamismo económico y la capacidad para generar riqueza de modo sostenible y competitivo en un mundo globalizado. Fuera de Europa no hay nada que justifique arriesgados experimentos sociales.
La alternativa socialdemócrata debe incluir un potente intangible institucional. Porque capital intangible es recuperar la confianza en las instituciones. Confianza es también el nuevo contrato social que muchos exigen de manera más pretenciosa. El éxito de formaciones como Ciudadanos, a pesar de ofrecer la misma y fracasada política económica de siempre con unas pinceladas de modernidad, muestra la avidez de propuestas de reforma institucional que siente nuestra sociedad. Desde la izquierda llevamos mucho tiempo exigiendo priorizar el conocimiento, afinar las ventajas competitivas de nuestra economía, incentivar la natalidad empresarial, diversificar y abandonar el ladrillo. Ciudadanos no tiene el monopolio de la regeneración democrática, pero sí un inmenso granero de voto conservador hastiado por la corrupción y la esclerosis del PP al que le atrae sus propuestas de política económica de "boutique". Un filón desengañado por una legislatura de mayoría absoluta en la que la derecha ha optado por el inmovilismo absoluto. Una oportunidad que el PP no volverá a tener.
Hasta ahora, la ruta elegida por la derecha supone un cambio estructural de fondo en nuestro modelo de sociedad, más desigualdad, al tiempo que alimenta la desconfianza en nuestras instituciones democráticas porque sus consecuencias destruyen el capital social, intangible, sin el cual no lograremos seguir progresando como sociedad.
Sólo la socialdemocracia puede ofrecer una alternativa que combine una estrategia de crecimiento económico a medio plazo con un esquema de reformas democráticas que permitan atajar conjuntamente las debilidades de nuestra recuperación. Reformas modernizadoras para conservar nuestro Estado del bienestar como elemento de cohesión y progreso seguro. Frente al adanismo de las nuevas formaciones políticas que olvidan que en ningún lugar del mundo existe nada comparable a la realidad democrática, económica y social de la vieja Europa, no sólo hay que ofrecer una política económica alternativa sino cambios democráticos.
Transformaciones que erradiquen todas las prácticas y plataformas institucionales que han alimentado la corrupción y la endogamia propias de la vieja política. También, reformas desde la izquierda que racionalicen y reorienten el gasto público como exige la sociedad. Creo que el camino emprendido por Matteo Renzi en Italia es un buen ejemplo de ello. Hagámoslo.
Esta recuperación económica tiene dos grandes debilidades que se retroalimentan. La primera, el aumento de la desigualdad. La segunda, su evidente carencia de modelo de crecimiento a medio y largo plazo. Ambas debilidades, al revés que los factores que impulsan el crecimiento, son el resultado de decisiones y políticas adoptadas por el Gobierno español. Ambas cuestionan la sostenibilidad de la recuperación que exige recuperar la inmensa pérdida de capital social -físico y humano- provocada por la crisis, así como la de la confianza de los agentes económicos, empresas y familias. Este elemento, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en Europa incluso, es el capital intangible imprescindible para volver a crecer, un intangible que todavía estamos lejos de recomponer.
La pérdida de confianza en nuestro sistema institucional se debe a los graves errores de diagnóstico que nos han acompañado desde que estalló la crisis. No hay más que recordar que el BCE subió los tipos de interés 3 semanas antes de la quiebra de Lehman Brothers-, o las políticas que generaron la crisis durante la burbuja y que nadie criticó. Las medidas impuestas por la Alemania de Ángela Merkel después, y la desafección con las instituciones democráticas y con los partidos políticos tradicionales desatada por las consecuencias sociales de la crisis y la proliferación de casos de corrupción, han hecho el resto.
En este contexto, la creciente desigualdad tiene varios orígenes: la elevadísima tasa de desempleo, la salida de la crisis elegida por el Gobierno en sintonía con el núcleo duro de la eurozona -la llamada austeridad-, y nuestro imperfecto sistema fiscal que por el lado de los ingresos no grava a todas las fuentes de renta y riqueza con equidad, y que apenas redistribuye por la vía del gasto. La alternativa debe ser una fiscalidad progresista inspirada en las mejores prácticas vigentes en Europa. También amplía la desigualdad la apuesta por un modelo productivo descapitalizado que, si no se cambia, minimizará a medio y largo plazo la creación de puestos de trabajo estables y bien remunerados, "buenos empleos", con gravísimas consecuencias sociales. Un modelo en el que el empleo se destruye con facilidad debido a su escasa calidad así como a la fragilidad de la estructura económica, y de las empresas, sobre la que se sustenta.
El ajuste fiscal no sólo ha generado un injusto reparto de los costes de la crisis por la dureza de los recortes sociales, sino que ha cercenado la capacidad de crecimiento futuro. La caída de la inversión, el colapso de la I+D+i, el castigo a la educación y a la formación de capital humano, el recorte de las política activas de empleo en un país con una tasa de paro inaceptable, lastran gravemente el crecimiento potencial. La salida de la crisis apostando por la precarización laboral y social, por la reducción de costes salariales como principal vía de mejora de la productividad, olvidando que nuestros principales competidores afrontan la productividad total de los factores de otro modo, alimenta el crecimiento de la desigualdad. Cada mes, los datos de creación de empleo ratifican esta dura realidad.
Nadie duda ya de que existía una alternativa de política económica a la elegida por Europa a partir de 2010. Estados Unidos lo ha demostrado. Con todo, y a pesar del giro que Europa comienza a dar gracias a Mario Draghi en el BCE y a las propuestas de los socialistas europeos que han forzado la puesta en marcha del llamado Plan Juncker, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha levantado nunca su voz en Europa para exigir otra política económica, para compensar una austeridad que sólo se justifica desde la moral alemana y no desde la teoría y ciencia económica.
España y Europa necesitan una estrategia económica a medio plazo para consolidar el crecimiento y desterrar las dos grandes debilidades que presenta. Una estrategia que permita también reconstruir el capital intangible, la confianza en nuestro sistema económico, político e institucional, gravemente afectado por la crisis.
Tan importante es redibujar nuestra política económica como restaurar la confianza en nuestras instituciones, porque sin la combinación de ambas no habrá recuperación. El planteamiento de este binomio con rigor constituye el gran reto para la socialdemocracia en Europa y para el PSOE en nuestro país. Una socialdemocracia atrapada entre la frialdad e injusticia de los resultados contables que comienza a generar la austeridad y el discurso impracticable del populismo.
Esa alternativa económica que Europa nunca aplicó es el espacio que debe ocupar la izquierda de los socialistas europeos. Sería una tragedia que sólo partidos como Podemos generen la certeza de que existe una alternativa económica a la actual. Lo que sabemos de la suya la hace inviable. El populismo de izquierdas es incompatible con la economía social de mercado. Con un sistema en el que el bienestar social y la igualdad de oportunidades son tan importantes como el dinamismo económico y la capacidad para generar riqueza de modo sostenible y competitivo en un mundo globalizado. Fuera de Europa no hay nada que justifique arriesgados experimentos sociales.
La alternativa socialdemócrata debe incluir un potente intangible institucional. Porque capital intangible es recuperar la confianza en las instituciones. Confianza es también el nuevo contrato social que muchos exigen de manera más pretenciosa. El éxito de formaciones como Ciudadanos, a pesar de ofrecer la misma y fracasada política económica de siempre con unas pinceladas de modernidad, muestra la avidez de propuestas de reforma institucional que siente nuestra sociedad. Desde la izquierda llevamos mucho tiempo exigiendo priorizar el conocimiento, afinar las ventajas competitivas de nuestra economía, incentivar la natalidad empresarial, diversificar y abandonar el ladrillo. Ciudadanos no tiene el monopolio de la regeneración democrática, pero sí un inmenso granero de voto conservador hastiado por la corrupción y la esclerosis del PP al que le atrae sus propuestas de política económica de "boutique". Un filón desengañado por una legislatura de mayoría absoluta en la que la derecha ha optado por el inmovilismo absoluto. Una oportunidad que el PP no volverá a tener.
Hasta ahora, la ruta elegida por la derecha supone un cambio estructural de fondo en nuestro modelo de sociedad, más desigualdad, al tiempo que alimenta la desconfianza en nuestras instituciones democráticas porque sus consecuencias destruyen el capital social, intangible, sin el cual no lograremos seguir progresando como sociedad.
Sólo la socialdemocracia puede ofrecer una alternativa que combine una estrategia de crecimiento económico a medio plazo con un esquema de reformas democráticas que permitan atajar conjuntamente las debilidades de nuestra recuperación. Reformas modernizadoras para conservar nuestro Estado del bienestar como elemento de cohesión y progreso seguro. Frente al adanismo de las nuevas formaciones políticas que olvidan que en ningún lugar del mundo existe nada comparable a la realidad democrática, económica y social de la vieja Europa, no sólo hay que ofrecer una política económica alternativa sino cambios democráticos.
Transformaciones que erradiquen todas las prácticas y plataformas institucionales que han alimentado la corrupción y la endogamia propias de la vieja política. También, reformas desde la izquierda que racionalicen y reorienten el gasto público como exige la sociedad. Creo que el camino emprendido por Matteo Renzi en Italia es un buen ejemplo de ello. Hagámoslo.