En el último Consejo de Ministros de abril, la vicepresidenta de Gobierno anunció que en el paquete de reformas estructurales que se presentará próximamente a Bruselas se incluirá la creación de la Agencia Estatal para la Investigación. El propio ministro de Economía y Competitividad -del que depende la ciencia, la investigación, el desarrollo y la innovación en el actual Gobierno- insistió a principios del mes de mayo en la inminencia de la creación por el Consejo de Ministros de esta Agencia Estatal de Investigación (AEI), pendiente desde 2011. La AEI tiene como objetivo ser el principal instrumento dinamizador de la I+D+I en España, en situación de franca decrepitud en los últimos años. Debe convertirse en una herramienta clave para gestionar la inversión del Estado en investigación, y ha sido un organismo reclamado desde hace tiempo por los investigadores para agilizar y mejorar la gestión de la ciencia en España, hacerla más transparente y lograr una mayor eficacia en la asignación de los recursos.
El modelo que seguir, según la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) es el Consejo Europeo de Investigación. Consideran que con esta agencia se lograría desligar la ciencia de los vaivenes políticos para dotarla de mayor estabilidad. Esta reivindicación histórica de la comunidad científica se recogió en los programas electorales del PP y del PSOE de las últimas elecciones.
Según establece la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011, la Agencia dependerá de la Secretaría de Estado de Investigación, pero dispondrá de autonomía para la financiación, evaluación y verificación de la actividad de investigación científica y técnica destinada a la transferencia, generación y explotación del conocimiento. La AEI es uno de los retos más importantes para nuestro sistema científico, y el mundo de la investigación pone grandes esperanzas en su creación. No debemos olvidar que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que carece de ella.
En paralelo al impulso -¿definitivo?- que la AEI pueda dar a la ciencia española, en los sucesivos Planes Estatales de Investigación Científica, Técnica y de Innovación -el actual va de 2013 hasta 2016 - no se deberá olvidar, tal como establece en su artículo 38 la propia Ley de Ciencia, la necesidad de impulsar el fomento de la comunicación y divulgación científica en la sociedad e incluir la cultura científica como un eje transversal en todo el sistema educativo. Ciencia e investigación, por un lado, y aumento de la educación y cultura científicas, por otro, han de ir de la mano para que podamos dar el salto cualitativo a la sociedad del conocimiento. Desde las indispensables vocaciones científicas y oportunidades profesionales al mismísimo desarrollo y modelo económico de nuestra sociedad dependen de ello.
En los últimos años se han hecho algunos esfuerzos significativos, sobre todo en el ámbito de la comunicación y la divulgación, de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), pero los últimos datos de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y de la Tecnología nos indican que queda un largo camino por recorrer a pesar de los avances realizados. Seguramente, además de en la divulgación, comunicación y periodismo científicos -en el que sin duda hemos realizado una larga transformación desde la herencia que hemos vivido de Galileo a nuestro contemporáneo mundo twitter -, es en el campo de la inserción de la cultura científica en el sistema educativo donde debemos incidir en todos los niveles con mucha mayor fuerza.
Por ello es también una buena noticia -si se confirma además la creación de la Agencia Estatal de Investigación- la constitución este mes de mayo en el ámbito universitario, concretamente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en un departamento de ciencias, de un Centro de Estudios Ciencia, Comunicación y Sociedad, cuya misión principal es el acercamiento entre la sociedad y la ciencia. Esto implica, insistimos, fomentar el conocimiento y la cultura científica entre la ciudadanía y sus representantes sociales, culturales y políticos y, asimismo, establecer un alineamiento más estrecho entre la I+D+i - en todas sus fases - y las necesidades y valores de la sociedad.
El modelo que seguir, según la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) es el Consejo Europeo de Investigación. Consideran que con esta agencia se lograría desligar la ciencia de los vaivenes políticos para dotarla de mayor estabilidad. Esta reivindicación histórica de la comunidad científica se recogió en los programas electorales del PP y del PSOE de las últimas elecciones.
Según establece la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011, la Agencia dependerá de la Secretaría de Estado de Investigación, pero dispondrá de autonomía para la financiación, evaluación y verificación de la actividad de investigación científica y técnica destinada a la transferencia, generación y explotación del conocimiento. La AEI es uno de los retos más importantes para nuestro sistema científico, y el mundo de la investigación pone grandes esperanzas en su creación. No debemos olvidar que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que carece de ella.
En paralelo al impulso -¿definitivo?- que la AEI pueda dar a la ciencia española, en los sucesivos Planes Estatales de Investigación Científica, Técnica y de Innovación -el actual va de 2013 hasta 2016 - no se deberá olvidar, tal como establece en su artículo 38 la propia Ley de Ciencia, la necesidad de impulsar el fomento de la comunicación y divulgación científica en la sociedad e incluir la cultura científica como un eje transversal en todo el sistema educativo. Ciencia e investigación, por un lado, y aumento de la educación y cultura científicas, por otro, han de ir de la mano para que podamos dar el salto cualitativo a la sociedad del conocimiento. Desde las indispensables vocaciones científicas y oportunidades profesionales al mismísimo desarrollo y modelo económico de nuestra sociedad dependen de ello.
En los últimos años se han hecho algunos esfuerzos significativos, sobre todo en el ámbito de la comunicación y la divulgación, de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), pero los últimos datos de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y de la Tecnología nos indican que queda un largo camino por recorrer a pesar de los avances realizados. Seguramente, además de en la divulgación, comunicación y periodismo científicos -en el que sin duda hemos realizado una larga transformación desde la herencia que hemos vivido de Galileo a nuestro contemporáneo mundo twitter -, es en el campo de la inserción de la cultura científica en el sistema educativo donde debemos incidir en todos los niveles con mucha mayor fuerza.
Por ello es también una buena noticia -si se confirma además la creación de la Agencia Estatal de Investigación- la constitución este mes de mayo en el ámbito universitario, concretamente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en un departamento de ciencias, de un Centro de Estudios Ciencia, Comunicación y Sociedad, cuya misión principal es el acercamiento entre la sociedad y la ciencia. Esto implica, insistimos, fomentar el conocimiento y la cultura científica entre la ciudadanía y sus representantes sociales, culturales y políticos y, asimismo, establecer un alineamiento más estrecho entre la I+D+i - en todas sus fases - y las necesidades y valores de la sociedad.