Aún me produce dolor de cabeza recordar la primera vez que en un curso de formación de docentes y animadores socioculturales, hace muchos años, se propuso un ejercicio que consistía en decir en voz alta la palabra no, muchas veces, moviendo la cabeza de arriba abajo y decir posteriormente sí, moviendo ahora la cabeza de derecha a izquierda. Ya pueden ustedes imaginar las cómicas situaciones que produce este simple ejercicio de formación en asertividad: decir verbalmente lo contrario de lo que se dice corporalmente. A algunos les resultaba casi imposible. Otros, en cambio, enseguida lo asumieron.
Desconozco si en los diálogos en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP alguno de los facilitadores o garantes ha propuesto hacer un ejercicio similar, pero sería interesante que a estas alturas de las conversaciones, de casi tres años, los negociadores cayeran en la cuenta de que es imposible avanzar si no hay una cierta coherencia entre lo que se habla en la mesa de diálogo y lo que se hace en el interior de Colombia. Que en el inicio del proceso de paz se decidiera negociar en medio del conflicto, la famosa "desconexión", con todos los riesgos que eso implicaba, pudo ser comprensible. Se trataba de ir generando confianza, de valorar las reales intenciones del otro, de avanzar paso a paso con prudencia y con el objetivo claro de llegar al final. Pero los acontecimientos de las últimas semanas, "una competencia de asesinatos" -como ha dicho el arzobispo de Cali-, y la escalada de violencia con sus graves consecuencias -que van mucho más allá de la trágica pérdida de vidas humanas- exigen a las partes que planteen con rigor el riesgo de echar por tierra los avances alcanzados y las posibilidades reales de paz que la sociedad colombiana desea.
Convendría también pararse a pensar en que en los hechos que han dado lugar a anteriores suspensiones de los diálogos o al reinicio de los bombardeos subsisten muchas dudas sobre las causas reales que los motivaron. Tanto en la retención del general Alzate en el Departamento del Chocó el pasado mes de noviembre, como en la incursión de las FARC que causó la muerte de 10 soldados en el Valle del Cauca en abril, que está en el origen de la posterior reacción armada del ejército colombiano, el propio Gobierno ha reconocido errores en los protocolos de actuación, hasta el punto de que la Procuraduría los está investigando. Y sin embargo, pese a las muchas sospechas de que sectores del ejército contrarios al proceso de paz están actuando como verdaderos boicoteadores (spoilers), el Gobierno decidió reanudar los bombardeos sin esperar a los resultados de estas investigaciones. La sustitución fulminante del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el pasado 20 de mayo, intercambiando el puesto con el embajador en Washington Luis Carlos Villegas, en un pintoresco cambio de fichas que el presidente colombiano ha descrito como "una especie de enroque", supone, de hecho, un reconocimiento de que Pinzón era un spoiler de la paz. Y si es así, ¿por qué seguir con la política de bombardeos y con el ojo por ojo que amenaza todo el proceso?
La constatación de que el proceso de paz en su conjunto estaba en un momento crucial y con un riesgo de ruptura ha hecho que los países garantes, Noruega y Cuba, y algunos bloques de países como la Unión Europea, normalmente muy ajustados a las normas diplomáticas y poco arriesgados en sus declaraciones, hayan hecho llamamientos a retomar el diálogo y, lo que es más importante, hayan empezado a hablar claro sobre el alto el fuego bilateral como único modo de avanzar. Por el momento, el enviado especial de Estados Unidos Bernard Aronson no ha dicho nada. El inminente riesgo de ruptura y su previsible utilización por sectores políticos cercanos al expresidente Uribe ha hecho también que tanto el Gobierno colombiano como los portavoces de la guerrilla hayan moderado sus declaraciones al volver a la mesa de La Habana. Resulta original leer en la reciente carta del líder de las FARC, Timochenko, que "sin desconocer sus indecisiones, incoherencias y desaciertos es evidente que hay una campaña de desprestigio contra el Gobierno de Santos, dirigida a debilitarlo y obligarlo a romper el proceso de paz", o el saludo al nuevo ministro de Defensa o la presencia de la canciller María Ángela Holguín o el empresario Gonzalo Restrepo en la Mesa de diálogo. Avances, sin duda, para avanzar en el resto de temas de la agenda. Pruebas fidedignas de que también las FARC saben lo que se juegan ahora.
Pero, más allá de estos acontecimientos muy relevantes para la salida pacífica al conflicto colombiano, las últimas semanas se han recrudecido los problemas humanitarios en algunas zonas del país y a esto, los medios de comunicación y la comunidad internacional no suelen prestar atención. El incremento de los desplazamientos masivos en el Departamento de El Chocó y la otra cara de la moneda, las restricciones a la movilidad de las comunidades del Bajo Baudó, ha sido constatado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en cifras que hacía tiempo que no se conocían. Con el riesgo añadido de que los causantes de estas violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos son grupos que no están presentes en los diálogos. En otros casos como en Guapi (Cauca) han sido los enfrentamientos entre las FARC y el ejército los causantes de nuevos desplazamientos masivos.
Sea como fuere, tanto desde la perspectiva de la posibilidad o no de avanzar en la negociación, como desde la preocupación humanitaria, la única vía de salida posible hoy es el alto el fuego bilateral. De lo contrario, la tan ansiada paz seguirá siendo una quimera. Como lo es hablar de la necesidad de acelerar los diálogos de paz sin hacer referencia a la necesidad del alto el fuego como hacen algunos medios.
Visto lo visto en estos casi tres años, afrontar una negociación real para transformar el conflicto colombiano es plantear abiertamente el alto el fuego por ambas partes. De lo contrario, continuará, en el mejor de los casos, el dolor de cabeza que citaba al inicio o se asumirá esquizofrenia como mal menor. Y en el peor, una guerra cuyas consecuencias han sido y son devastadoras.
Desconozco si en los diálogos en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP alguno de los facilitadores o garantes ha propuesto hacer un ejercicio similar, pero sería interesante que a estas alturas de las conversaciones, de casi tres años, los negociadores cayeran en la cuenta de que es imposible avanzar si no hay una cierta coherencia entre lo que se habla en la mesa de diálogo y lo que se hace en el interior de Colombia. Que en el inicio del proceso de paz se decidiera negociar en medio del conflicto, la famosa "desconexión", con todos los riesgos que eso implicaba, pudo ser comprensible. Se trataba de ir generando confianza, de valorar las reales intenciones del otro, de avanzar paso a paso con prudencia y con el objetivo claro de llegar al final. Pero los acontecimientos de las últimas semanas, "una competencia de asesinatos" -como ha dicho el arzobispo de Cali-, y la escalada de violencia con sus graves consecuencias -que van mucho más allá de la trágica pérdida de vidas humanas- exigen a las partes que planteen con rigor el riesgo de echar por tierra los avances alcanzados y las posibilidades reales de paz que la sociedad colombiana desea.
Convendría también pararse a pensar en que en los hechos que han dado lugar a anteriores suspensiones de los diálogos o al reinicio de los bombardeos subsisten muchas dudas sobre las causas reales que los motivaron. Tanto en la retención del general Alzate en el Departamento del Chocó el pasado mes de noviembre, como en la incursión de las FARC que causó la muerte de 10 soldados en el Valle del Cauca en abril, que está en el origen de la posterior reacción armada del ejército colombiano, el propio Gobierno ha reconocido errores en los protocolos de actuación, hasta el punto de que la Procuraduría los está investigando. Y sin embargo, pese a las muchas sospechas de que sectores del ejército contrarios al proceso de paz están actuando como verdaderos boicoteadores (spoilers), el Gobierno decidió reanudar los bombardeos sin esperar a los resultados de estas investigaciones. La sustitución fulminante del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el pasado 20 de mayo, intercambiando el puesto con el embajador en Washington Luis Carlos Villegas, en un pintoresco cambio de fichas que el presidente colombiano ha descrito como "una especie de enroque", supone, de hecho, un reconocimiento de que Pinzón era un spoiler de la paz. Y si es así, ¿por qué seguir con la política de bombardeos y con el ojo por ojo que amenaza todo el proceso?
La constatación de que el proceso de paz en su conjunto estaba en un momento crucial y con un riesgo de ruptura ha hecho que los países garantes, Noruega y Cuba, y algunos bloques de países como la Unión Europea, normalmente muy ajustados a las normas diplomáticas y poco arriesgados en sus declaraciones, hayan hecho llamamientos a retomar el diálogo y, lo que es más importante, hayan empezado a hablar claro sobre el alto el fuego bilateral como único modo de avanzar. Por el momento, el enviado especial de Estados Unidos Bernard Aronson no ha dicho nada. El inminente riesgo de ruptura y su previsible utilización por sectores políticos cercanos al expresidente Uribe ha hecho también que tanto el Gobierno colombiano como los portavoces de la guerrilla hayan moderado sus declaraciones al volver a la mesa de La Habana. Resulta original leer en la reciente carta del líder de las FARC, Timochenko, que "sin desconocer sus indecisiones, incoherencias y desaciertos es evidente que hay una campaña de desprestigio contra el Gobierno de Santos, dirigida a debilitarlo y obligarlo a romper el proceso de paz", o el saludo al nuevo ministro de Defensa o la presencia de la canciller María Ángela Holguín o el empresario Gonzalo Restrepo en la Mesa de diálogo. Avances, sin duda, para avanzar en el resto de temas de la agenda. Pruebas fidedignas de que también las FARC saben lo que se juegan ahora.
Pero, más allá de estos acontecimientos muy relevantes para la salida pacífica al conflicto colombiano, las últimas semanas se han recrudecido los problemas humanitarios en algunas zonas del país y a esto, los medios de comunicación y la comunidad internacional no suelen prestar atención. El incremento de los desplazamientos masivos en el Departamento de El Chocó y la otra cara de la moneda, las restricciones a la movilidad de las comunidades del Bajo Baudó, ha sido constatado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en cifras que hacía tiempo que no se conocían. Con el riesgo añadido de que los causantes de estas violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos son grupos que no están presentes en los diálogos. En otros casos como en Guapi (Cauca) han sido los enfrentamientos entre las FARC y el ejército los causantes de nuevos desplazamientos masivos.
Sea como fuere, tanto desde la perspectiva de la posibilidad o no de avanzar en la negociación, como desde la preocupación humanitaria, la única vía de salida posible hoy es el alto el fuego bilateral. De lo contrario, la tan ansiada paz seguirá siendo una quimera. Como lo es hablar de la necesidad de acelerar los diálogos de paz sin hacer referencia a la necesidad del alto el fuego como hacen algunos medios.
Visto lo visto en estos casi tres años, afrontar una negociación real para transformar el conflicto colombiano es plantear abiertamente el alto el fuego por ambas partes. De lo contrario, continuará, en el mejor de los casos, el dolor de cabeza que citaba al inicio o se asumirá esquizofrenia como mal menor. Y en el peor, una guerra cuyas consecuencias han sido y son devastadoras.