Las declaraciones, ampliamente divulgadas, del presidente Vladimir Putin a un grupo de voluntarios en Sochi, el 17 de enero, de que las relaciones homosexuales no son un delito en Rusia y que las personas homosexuales "se pueden sentir seguras y libres, pero por favor, dejen a los niños en paz", son muy ofensivas. La sugerencia informal de que los homosexuales son pedófilos potenciales es falsa y peligrosa. Es especialmente dañina y perjudicial para un niño o niña en Rusia, que podría estar lidiando con preguntas sobre su propia identidad sexual, y que Putin quiere que crezca sin tener acceso a ninguna información pertinente.
Bajo el pretexto de proteger a los niños contra el peligro inminente que presuntamente generaría la recepción de información positiva sobre la homosexualidad, Rusia presentó el año pasado su ley contra la propaganda homosexual, dirigida a lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero (LGBT por sus siglas en inglés). Esta ley adopta la posición de que la información positiva sobre la homosexualidad equivale a propaganda dañina (al igual que lo sería la información positiva sobre el consumo de drogas o el suicidio) y debe ser contenida. La ley supone, sin duda, una grave violación de los derechos a la libertad de expresión, la privacidad, la igualdad y la no discriminación de las personas LGBT.
Pero, ¿qué pasa con los niños, por los que Putin dice estar tan preocupado? ¿Es blindar a los menores de información positiva y adecuada acerca de la homosexualidad algo conveniente para ellos? ¿La medida respeta sus derechos o los viola?
En el Reino Unido, en la década de 1980, el Gobierno de Margaret Thatcher introdujo disposiciones legales que prohibían la enseñanza sobre la homosexualidad en las escuelas. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño examinó la polémica ley en 2002. Este órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño recomendó al Reino Unido que derogara la ley. El comité dijo que los países deben "proporcionar información adecuada y de apoyo a los jóvenes homosexuales y transexuales". El Reino Unido revocó la ley en 2003.
Rusia es también parte integrante de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, los miembros de la Duma y el Gobierno han optado por ignorar los derechos que el tratado concede a los niños rusos de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo. Los niños tienen derecho a recibir información que pueda promover su salud mental; y a que se les permita tener acceso a información sanitaria no discriminatoria y a una educación sexual. Todo esto, por supuesto, incluiría la información acerca de la homosexualidad, necesaria para el desarrollo de su identidad y "para abordar de manera positiva y responsable su sexualidad", en palabras del comité de la ONU.
Rusia también forma parte del Consejo de Europa. El 18 de junio de 2013, su órgano consultivo en asuntos constitucionales, la Comisión de Venecia, rechazó el argumento de que los niños eran beneficiarios de la ley rusa. La comisión desafió directamente la afirmación de Rusia de que la ley de propaganda contra la homosexualidad encaja dentro de su discreción para proteger la moral y la salud pública, y concluyó que la ley no era necesaria en una sociedad democrática para alcanzar estos objetivos. En palabras de la comisión: "No se puede considerar en el interés de los menores de edad que estén protegidos de información pertinente y apropiada sobre la sexualidad, incluyendo la homosexualidad".
Independientemente de cómo Putin pretenda justificarla, la ley de propaganda contra la homosexualidad también viola los derechos del niño a la libertad de expresión, la privacidad, la igualdad y la no discriminación, así como el acceso a información vital sobre su salud y sexualidad.
Entonces, si Putin y las autoridades rusas realmente se preocupan por los mejores intereses de los niños, deberían dejar de abusar de ellos para justificar una agenda discriminatoria. Rusia debería tomarse en serio los derechos de los niños y tratar a sus hijos con respeto en lugar de aislarlos de información pertinente y adecuada sobre la homosexualidad. Además, el presidente Putin debería dejar de sugerir que los homosexuales son pedófilos.
Bajo el pretexto de proteger a los niños contra el peligro inminente que presuntamente generaría la recepción de información positiva sobre la homosexualidad, Rusia presentó el año pasado su ley contra la propaganda homosexual, dirigida a lesbianas, homosexuales, bisexuales y personas transgénero (LGBT por sus siglas en inglés). Esta ley adopta la posición de que la información positiva sobre la homosexualidad equivale a propaganda dañina (al igual que lo sería la información positiva sobre el consumo de drogas o el suicidio) y debe ser contenida. La ley supone, sin duda, una grave violación de los derechos a la libertad de expresión, la privacidad, la igualdad y la no discriminación de las personas LGBT.
Pero, ¿qué pasa con los niños, por los que Putin dice estar tan preocupado? ¿Es blindar a los menores de información positiva y adecuada acerca de la homosexualidad algo conveniente para ellos? ¿La medida respeta sus derechos o los viola?
En el Reino Unido, en la década de 1980, el Gobierno de Margaret Thatcher introdujo disposiciones legales que prohibían la enseñanza sobre la homosexualidad en las escuelas. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño examinó la polémica ley en 2002. Este órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño recomendó al Reino Unido que derogara la ley. El comité dijo que los países deben "proporcionar información adecuada y de apoyo a los jóvenes homosexuales y transexuales". El Reino Unido revocó la ley en 2003.
Rusia es también parte integrante de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, los miembros de la Duma y el Gobierno han optado por ignorar los derechos que el tratado concede a los niños rusos de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo. Los niños tienen derecho a recibir información que pueda promover su salud mental; y a que se les permita tener acceso a información sanitaria no discriminatoria y a una educación sexual. Todo esto, por supuesto, incluiría la información acerca de la homosexualidad, necesaria para el desarrollo de su identidad y "para abordar de manera positiva y responsable su sexualidad", en palabras del comité de la ONU.
Rusia también forma parte del Consejo de Europa. El 18 de junio de 2013, su órgano consultivo en asuntos constitucionales, la Comisión de Venecia, rechazó el argumento de que los niños eran beneficiarios de la ley rusa. La comisión desafió directamente la afirmación de Rusia de que la ley de propaganda contra la homosexualidad encaja dentro de su discreción para proteger la moral y la salud pública, y concluyó que la ley no era necesaria en una sociedad democrática para alcanzar estos objetivos. En palabras de la comisión: "No se puede considerar en el interés de los menores de edad que estén protegidos de información pertinente y apropiada sobre la sexualidad, incluyendo la homosexualidad".
Independientemente de cómo Putin pretenda justificarla, la ley de propaganda contra la homosexualidad también viola los derechos del niño a la libertad de expresión, la privacidad, la igualdad y la no discriminación, así como el acceso a información vital sobre su salud y sexualidad.
Entonces, si Putin y las autoridades rusas realmente se preocupan por los mejores intereses de los niños, deberían dejar de abusar de ellos para justificar una agenda discriminatoria. Rusia debería tomarse en serio los derechos de los niños y tratar a sus hijos con respeto en lugar de aislarlos de información pertinente y adecuada sobre la homosexualidad. Además, el presidente Putin debería dejar de sugerir que los homosexuales son pedófilos.