La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hace pocos días una inédita labor: una consulta de carácter hemisférico con el objeto de documentar el tipo de legislación vigente para enfrentar la concentración de medios de comunicación y su eventual aplicación práctica.
La consulta invita a gobiernos, sociedad civil, instituciones académicas y a los profesionales de los medios a responder acerca de obstáculos estructurales que favorecen la concentración y también las practicas que la limitan y fomentan un pluralismo real.
Para la región, este no es un tema menor, por el contrario es parte de un debate que, más o menos polarizado dependiendo del país, se extiende a lo largo y ancho de las Américas. Es, quizás, la asignatura pendiente del proceso de democratización, iniciado en los ochenta y profundizado en la última década, en los terrenos económico y social.
Pese a que muchos países iniciaron procesos de regulación, los sistemas oligopólicos se mantienen vigentes con grupos emblemáticos poderosos, desde el grupo Clarín en Argentina pasando por la Globo en Brasil y Televisa en México, hasta el grupo de El Comercio en Perú, por citar ejemplos notorios.
En algunos países, como Uruguay, los dueños de las licencias audiovisuales gozaban de una licencia para operar una frecuencia de por vida, aunque esto cambió con una nueva ley sancionada el pasado año.
Es contradictorio proclamar la libertad de prensa más irrestricta por un lado y, al mismo tiempo, resultado de prácticas oligopólicas, gestar de hecho una consolidación editorial en medios audiovisuales, escritos y electrónicos con un impacto altamente negativo sobre el pluralismo y la diversidad.
Además, el enjambre de redes de propiedad cruzada en otros negocios no estrictamente mediáticos, como el espectáculo, el deporte, entidades del sector financiero o la política, crean centros de poder que poco tienen que ver con el ejercicio de una verdadera libertad de prensa y que tampoco favorecen la libertad de mercado.
Decía el premio Nobel de Economía Joseph Siglitz , en su libro El derecho a contar (The right to tell), que si la libre competencia del mercado es clave, a pesar de sus imperfecciones, lo es más aún en el mercado mediático, para así asegurar la pluralidad y la diversidad, algo que no ocurre en sistemas monopólicos u oligopólicos.
Más aun, sostiene que dichos sistemas son una amenaza real para la democracia, ya que no permiten a la ciudadanía forjarse opiniones sobre la base de un flujo de información o comunicación plural.
En América Latina, la concentración fue en parte acelerada por el impacto de la convergencia tecnológica, que irónicamente amplió dramáticamente la multiplicidad de medios al alcance de todos.
Pero las respuestas a la concentración han sido variadas, desde la legislación que abre espacios para nuevos actores públicos o de la sociedad civil, como en el caso argentino o uruguayo, hasta el caso venezolano, donde se expande la propiedad de medios en manos del Estado.
Por otro lado, los medios públicos independientes del gobierno de turno aún siguen siendo un objetivo deseado pero distante en muchos países. Por el contrario, varios gobiernos, en paralelo a las nuevas regulaciones, se han convertido en operadores de medios al amparo de la lucha contra la concentración de carácter privado, como si la solución fuese generar un contrapeso mediático gubernamental para combatirla.
Si a esto le sumamos que las fronteras entre información y política editorial son cada vez más tenues, la víctima del doble proceso de concentración por un lado, y falta de objetividad por otro, es el ciudadano, que tiende cada vez más a refugiarse en las redes sociales, espacio que percibe como más libre.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA hace bien en incluir el tema de la concentración de medios y el panorama regulatorio regional en su informe anual. Quizás ello pueda contribuir a un debate más ordenado y menos estridente
La consulta invita a gobiernos, sociedad civil, instituciones académicas y a los profesionales de los medios a responder acerca de obstáculos estructurales que favorecen la concentración y también las practicas que la limitan y fomentan un pluralismo real.
Para la región, este no es un tema menor, por el contrario es parte de un debate que, más o menos polarizado dependiendo del país, se extiende a lo largo y ancho de las Américas. Es, quizás, la asignatura pendiente del proceso de democratización, iniciado en los ochenta y profundizado en la última década, en los terrenos económico y social.
Pese a que muchos países iniciaron procesos de regulación, los sistemas oligopólicos se mantienen vigentes con grupos emblemáticos poderosos, desde el grupo Clarín en Argentina pasando por la Globo en Brasil y Televisa en México, hasta el grupo de El Comercio en Perú, por citar ejemplos notorios.
En algunos países, como Uruguay, los dueños de las licencias audiovisuales gozaban de una licencia para operar una frecuencia de por vida, aunque esto cambió con una nueva ley sancionada el pasado año.
Es contradictorio proclamar la libertad de prensa más irrestricta por un lado y, al mismo tiempo, resultado de prácticas oligopólicas, gestar de hecho una consolidación editorial en medios audiovisuales, escritos y electrónicos con un impacto altamente negativo sobre el pluralismo y la diversidad.
Además, el enjambre de redes de propiedad cruzada en otros negocios no estrictamente mediáticos, como el espectáculo, el deporte, entidades del sector financiero o la política, crean centros de poder que poco tienen que ver con el ejercicio de una verdadera libertad de prensa y que tampoco favorecen la libertad de mercado.
Decía el premio Nobel de Economía Joseph Siglitz , en su libro El derecho a contar (The right to tell), que si la libre competencia del mercado es clave, a pesar de sus imperfecciones, lo es más aún en el mercado mediático, para así asegurar la pluralidad y la diversidad, algo que no ocurre en sistemas monopólicos u oligopólicos.
Más aun, sostiene que dichos sistemas son una amenaza real para la democracia, ya que no permiten a la ciudadanía forjarse opiniones sobre la base de un flujo de información o comunicación plural.
En América Latina, la concentración fue en parte acelerada por el impacto de la convergencia tecnológica, que irónicamente amplió dramáticamente la multiplicidad de medios al alcance de todos.
Pero las respuestas a la concentración han sido variadas, desde la legislación que abre espacios para nuevos actores públicos o de la sociedad civil, como en el caso argentino o uruguayo, hasta el caso venezolano, donde se expande la propiedad de medios en manos del Estado.
Por otro lado, los medios públicos independientes del gobierno de turno aún siguen siendo un objetivo deseado pero distante en muchos países. Por el contrario, varios gobiernos, en paralelo a las nuevas regulaciones, se han convertido en operadores de medios al amparo de la lucha contra la concentración de carácter privado, como si la solución fuese generar un contrapeso mediático gubernamental para combatirla.
Si a esto le sumamos que las fronteras entre información y política editorial son cada vez más tenues, la víctima del doble proceso de concentración por un lado, y falta de objetividad por otro, es el ciudadano, que tiende cada vez más a refugiarse en las redes sociales, espacio que percibe como más libre.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA hace bien en incluir el tema de la concentración de medios y el panorama regulatorio regional en su informe anual. Quizás ello pueda contribuir a un debate más ordenado y menos estridente