Independientemente del resultado final del Grexit y los muchos debates sobre las causas, los medios y las consecuencias, el proceso de negociación ha sido revelador en cuanto a las repercusiones del trasvase de poder de los Estados a la UE, provocado por la crisis financiera y las tensiones entre esta y los principios democráticos básicos.
Desde el punto de vista estructural, las negociaciones intergubernamentales sobre el asunto griego han puesto muy en entredicho el principio de igualdad entre los Estados miembros, poniendo de manifiesto la ausencia de un segundo principio fundamental de cualquier democracia, el de respeto a las minorías, políticas y económicas, como ha sido el caso griego.
Además, la competencia entre Estados miembros por la definición del modelo de la "eternamente en construcción" Unión Europea, sumada a las injerencias políticas y electorales nacionales, no ayudan precisamente a la identificación y al compromiso de las nuevas generaciones de ciudadanos europeos con el proyecto post-democrático actual.
Un ejemplo han sido las distintas posiciones con las que los socios de la UE han afrontado las negociaciones pre y post referéndum: una Alemania soberbia -casi abusiva- por la contestación de su poder, que no puede permitirse que las ovejas se le escapen del redil económico; gobiernos tradicionalmente más conservadores y con ciertas ramificaciones euroescépticas, como Holanda, Austria y Finlandia, que rechazan cualquier solución comunitaria; seguidos por una línea "flotante" formada por gobiernos, como España y Portugal, que por su naturaleza política necesitan la derrota de Tsipras, pero a los que no conviene que Grecia salga del Euro; también están los que podían sufrir un efecto contagio, como Irlanda, Bélgica o Chipre.
Además, debido al alto precio político a nivel nacional que habría que pagar, nadie apoya abiertamente al Gobierno de Tsipras pero, por diversas razones, Francia, Italia y Luxemburgo, apoyados por la Comisión Europea, se esforzaron en salvar a Grecia para no dejar que el proyecto europeo se desplomase a corto plazo.
La cultura tradicional de negociación a puerta cerrada de la UE contrasta con el principio de transparencia y la cultura de dialogo interactivo y en linea de hoy en día, socavando otro principio, el de igualdad en el acceso a la información, que deberían tener los ciudadanos bajo sistemas democráticos saludables.
A nivel institucional, tras el trasvase de poder generado por la crisis financiera hacia las instituciones europeas, la crisis griega también ha generado dudas en cuanto al principio de representatividad de la Comisión Europea, y su desconexión con el genuino interés general. Su carácter "semielecto" hace temer que, además, sea demasiado débil para obtener la confianza de los líderes europeos, o demasiado partidista para ganar la lealtad ciudadana.
En alusiones a la millonaria deuda, Tsipras señalaba que el dinero que se ha dado a Grecia y a otros países como España nunca le ha llegado al pueblo griego, añadiendo que los fondos se dieron "para salvar a los bancos griegos y europeos", basados en dogmas ideológicos y no en el bien común de los ciudadanos griegos. Los roles del Eurogrupo -una no institución de la UE-, de un Banco Central Europeo "independiente" y ajeno al principio de responsabilidad o control político formal, y de un Parlamento Europeo que, aparte de necesitar más herramientas para influenciar el rumbo de la UE, requiere legitimidad paneuropea, no ayudan a generar un debate cercano al interés general de una ciudadanía ya de por sí heterogénea, como es la europea.
A nivel nacional, el referéndum griego a la desesperada no sirvió para que el principio de autonomía y la idea del interés general se tuvieran en cuenta, dado que se ha respetado más la voluntad de no-instituciones. Uno se pregunta qué habría pasado si los griegos hubieran votado que sí.
Con una deuda del 177% del PIB griego, un descenso del 25% del PIB nacional y una tasa de paro juvenil del 60%, es fácil deducir que el modelo actual no produce un escenario beneficioso ni a nivel económico ni democrático. Quizá lo que es necesario sea reformular Europa. Un nuevo tratado que acerque la UE a posturas federales, a la Europa Social o a políticas más ajustadas a la voluntad de los ciudadanos.
El problema se ha agravado ahora que la UE tiene mucho más poder informal -fuera de los tratados- alejado del control ciudadano, tanto en pensiones como en gasto social, en los bolsillos de los ciudadanos. Es previsible que una mejora de los canales democráticos europeos pudiese generar la finalización de las uniones fiscal, financiera y política, además de la unión social que la UE necesita para sostener su credibilidad.
Las soluciones de cara a la galería se han demostrado ineficientes. La iniciativa ciudadana es un procedimiento laberíntico que depende de estar respaldado de ciertos intereses, y las tensiones entre Estados miembros no favorecen el derecho de los parlamentos nacionales a unirse para desafiar leyes europeas.
Medidas como la renta básica garantizada, o una prestación por desempleo europea, son alternativas que generarían un valor democrático añadido, al ayudar a incorporar a los, cada vez más, ciudadanos económicamente vulnerables excluidos del proceso de integración europea. Esta crisis debería disparar mecanismos para, al menos, repensar el carácter democrático de la UE.