Consternado por las horrendas descripciones de abusos sexuales cometidos por fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU, el secretario general de la organización habló con vehemencia de la necesidad de poner fin a este tipo de delitos en sus filas. "No descansaremos", dijo, "hasta que hayamos erradicado todas estas prácticas. Y debemos asegurarnos de que todos los implicados rinden cuentas plenamente."
Estas palabras se parecen mucho a las pronunciadas la semana pasada por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon como respuesta a los informes de abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana.
Pero datan de hace más de un decenio: son del anterior secretario general, Kofi Annan, el primero que se comprometió a eliminar la lacra de los abusos sexuales de la ONU.
Annan, dicho sea en su haber, hizo algo más que limitarse a deplorar el problema: anunció una política de tolerancia cero, encargó un informe pionero sobre el asunto y ayudó a la ONU a iniciar varias reformas.
Pero los escándalos de abusos sexuales han continuado. Este mismo mes, Amnistía Internacional ha revelado indicios creíbles de que un soldado de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana agredió sexualmente a una niña de doce años durante un registro efectuado a las dos de la madrugada en el domicilio de su familia. La niña dice que el soldado la llevó por la fuerza a una parte aislada del patio, la abofeteó cuando comenzó a llorar, le desgarró la ropa y la violó. Sus afirmaciones son respaldadas por datos médicos.
El miércoles, la ONU reveló nuevas denuncias de abusos cometidos contra niñas o mujeres jóvenes por personal de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana.
Como respuesta a las revelaciones anteriores, Ban destituyó de sus funciones al jefe de la misión de mantenimiento de la paz en el país y convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el asunto.
No es frecuente que rueden cabezas en la ONU. Además, el espectáculo público de uno de los suyos viéndose obligado a dimitir tiene que haber sido edificante para los jefes de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en otros lugares. Como mínimo, debería animar a redoblar la vigilancia sobre el problema de los abusos sexuales.
Lamentablemente, en los últimos dos decenios se ha hecho evidente que la República Centroafricana no es el único país donde han cometido delitos sexuales los mismos individuos encargados de proteger a la población local. La lista de países en los que se ha informado de casos de abusos y explotación sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz de la ONU es ya bastante larga, y al parecer, los abusos son sistémicos en algunos de ellos.
En Haití, por ejemplo, un estudio reciente reveló que integrantes de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU mantuvieron "relaciones sexuales transaccionales" con al menos 229 mujeres a cambio de artículos de primera necesidad como alimentos y medicinas. El mismo estudio afirma que entre 2008 y 2013 se presentaron casi quinientas denuncias de explotación y abusos sexuales contra personal de mantenimiento de la paz de la ONU, un tercio de las cuales afectaban a menores de edad.
En su carta de renuncia, el jefe de la misión de la ONU en la República Centroafricana aludió a la posibilidad de que los abusos sexuales cometidos por fuerzas de mantenimiento de la paz puedan ser un "problema sistémico" que requiere una respuesta estructural. Eso es sin duda así.
La impunidad está en la raíz del problema: casi ninguno de los sospechosos de responsabilidad penal por delitos de violencia sexual se enfrenta a una amenaza real de enjuiciamiento criminal por los delitos cometidos. En la ONU, muchos casos no son objeto de una investigación exhaustiva e inmediata. Pero aunque una investigación de la ONU revele que un sospechoso es responsable de violación, casi nunca se derivan consecuencias.
Normalmente, el presunto autor de los hechos es enviado de vuelta a su país y el caso termina ahí. En virtud de normas cuestionables relativas a la inmunidad procesal del personal de mantenimiento de la paz, la responsabilidad de incoar procesamientos recae generalmente en el país que aporta las tropas. Pero esto no sucede casi nunca, o nunca.
India fue noticia en fechas recientes por castigar a algunos de sus soldados por abusos sexuales que tuvieron lugar en la República Democrática del Congo, pero se trató de sanciones disciplinarias militares, no penales. Y el número de casos no guardaba relación con la magnitud de los incidentes.
Es necesario un enfoque mucho más agresivo de la justicia para tales delitos. Deben establecerse medidas preventivas concretas y efectivas. La rendición de cuentas debe ser real y pública, no meramente teórica. Los países tienen que sentir una presión significativa para llevar los casos de abusos sexuales ante sus tribunales civiles; si no lo hacen, deben ser denunciados públicamente. Tiene que haber seguimiento y transparencia.
Dado que la rendición de cuentas comienza desde dentro, la ONU debe examinar con espíritu crítico sus propios fallos a la hora de abordar los abusos sexuales. La ONU ha dado ya un paso en esa dirección al establecer un grupo de trabajo encargado de examinar el tratamiento que la organización dispensa a las denuncias de explotación y abusos sexuales en la República Centroafricana. Pero deben ampliarse el mandato y las atribuciones del grupo de trabajo, o bien sus trabajos deben ir seguidos de una evaluación de investigación más exhaustiva de la respuesta de la ONU a las denuncias de explotación y abusos sexuales.
Como dijo el secretario general Ban, "ya basta". Después de años de debates, promesas y estrategias, la ONU debe resolver el problema de los abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz, de una vez por todas.
Estas palabras se parecen mucho a las pronunciadas la semana pasada por el secretario general de la ONU Ban Ki-moon como respuesta a los informes de abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana.
Pero datan de hace más de un decenio: son del anterior secretario general, Kofi Annan, el primero que se comprometió a eliminar la lacra de los abusos sexuales de la ONU.
Annan, dicho sea en su haber, hizo algo más que limitarse a deplorar el problema: anunció una política de tolerancia cero, encargó un informe pionero sobre el asunto y ayudó a la ONU a iniciar varias reformas.
Pero los escándalos de abusos sexuales han continuado. Este mismo mes, Amnistía Internacional ha revelado indicios creíbles de que un soldado de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana agredió sexualmente a una niña de doce años durante un registro efectuado a las dos de la madrugada en el domicilio de su familia. La niña dice que el soldado la llevó por la fuerza a una parte aislada del patio, la abofeteó cuando comenzó a llorar, le desgarró la ropa y la violó. Sus afirmaciones son respaldadas por datos médicos.
Este mismo mes, Amnistía Internacional ha revelado indicios creíbles de que un soldado de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana.
El miércoles, la ONU reveló nuevas denuncias de abusos cometidos contra niñas o mujeres jóvenes por personal de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana.
Como respuesta a las revelaciones anteriores, Ban destituyó de sus funciones al jefe de la misión de mantenimiento de la paz en el país y convocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el asunto.
No es frecuente que rueden cabezas en la ONU. Además, el espectáculo público de uno de los suyos viéndose obligado a dimitir tiene que haber sido edificante para los jefes de las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en otros lugares. Como mínimo, debería animar a redoblar la vigilancia sobre el problema de los abusos sexuales.
Lamentablemente, en los últimos dos decenios se ha hecho evidente que la República Centroafricana no es el único país donde han cometido delitos sexuales los mismos individuos encargados de proteger a la población local. La lista de países en los que se ha informado de casos de abusos y explotación sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz de la ONU es ya bastante larga, y al parecer, los abusos son sistémicos en algunos de ellos.
Lamentablemente, en los últimos dos decenios se ha hecho evidente que la República Centroafricana no es el único país donde han cometido delitos sexuales los mismos individuos encargados de proteger a la población local.
En Haití, por ejemplo, un estudio reciente reveló que integrantes de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU mantuvieron "relaciones sexuales transaccionales" con al menos 229 mujeres a cambio de artículos de primera necesidad como alimentos y medicinas. El mismo estudio afirma que entre 2008 y 2013 se presentaron casi quinientas denuncias de explotación y abusos sexuales contra personal de mantenimiento de la paz de la ONU, un tercio de las cuales afectaban a menores de edad.
En su carta de renuncia, el jefe de la misión de la ONU en la República Centroafricana aludió a la posibilidad de que los abusos sexuales cometidos por fuerzas de mantenimiento de la paz puedan ser un "problema sistémico" que requiere una respuesta estructural. Eso es sin duda así.
La impunidad está en la raíz del problema: casi ninguno de los sospechosos de responsabilidad penal por delitos de violencia sexual se enfrenta a una amenaza real de enjuiciamiento criminal por los delitos cometidos. En la ONU, muchos casos no son objeto de una investigación exhaustiva e inmediata. Pero aunque una investigación de la ONU revele que un sospechoso es responsable de violación, casi nunca se derivan consecuencias.
Normalmente, el presunto autor de los hechos es enviado de vuelta a su país y el caso termina ahí. En virtud de normas cuestionables relativas a la inmunidad procesal del personal de mantenimiento de la paz, la responsabilidad de incoar procesamientos recae generalmente en el país que aporta las tropas. Pero esto no sucede casi nunca, o nunca.
Normalmente, el presunto autor de los hechos es enviado de vuelta a su país y el caso termina ahí.
India fue noticia en fechas recientes por castigar a algunos de sus soldados por abusos sexuales que tuvieron lugar en la República Democrática del Congo, pero se trató de sanciones disciplinarias militares, no penales. Y el número de casos no guardaba relación con la magnitud de los incidentes.
Es necesario un enfoque mucho más agresivo de la justicia para tales delitos. Deben establecerse medidas preventivas concretas y efectivas. La rendición de cuentas debe ser real y pública, no meramente teórica. Los países tienen que sentir una presión significativa para llevar los casos de abusos sexuales ante sus tribunales civiles; si no lo hacen, deben ser denunciados públicamente. Tiene que haber seguimiento y transparencia.
Dado que la rendición de cuentas comienza desde dentro, la ONU debe examinar con espíritu crítico sus propios fallos a la hora de abordar los abusos sexuales. La ONU ha dado ya un paso en esa dirección al establecer un grupo de trabajo encargado de examinar el tratamiento que la organización dispensa a las denuncias de explotación y abusos sexuales en la República Centroafricana. Pero deben ampliarse el mandato y las atribuciones del grupo de trabajo, o bien sus trabajos deben ir seguidos de una evaluación de investigación más exhaustiva de la respuesta de la ONU a las denuncias de explotación y abusos sexuales.
Como dijo el secretario general Ban, "ya basta". Después de años de debates, promesas y estrategias, la ONU debe resolver el problema de los abusos sexuales cometidos por personal de mantenimiento de la paz, de una vez por todas.