En pleno noviembre del 2012, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, declaraba ante los medios después de celebrar una junta general de accionistas que realizar cualquier cambio en la ley hipotecaria vigente a fin de paralizar el creciente fenómeno de los desahucios podría "premiar" el impago y añadir "dificultades" a la recuperación de la economía. Simultáneamente, iba en aumento el rosario de suicidios por desesperación y ahogo en casos de desahucio y situaciones sin salida en la mal llamada crisis económica (en realidad, una estafa mundial y calculada para crear un nuevo orden económico, social y humano donde la mayoría queda cada vez más depauperada y sometida a manos de una minoría cada vez más poderosa e hiperrica).
Simultáneamente, la capitalización de los siete grandes bancos que cotizan en Bolsa iba viento en popa, las ganancias eran más que sustanciosas, pero la realidad acabó siendo que el coste total del rescate bancario ascendió a 219.397 millones de euros y, según cálculos de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y del catedrático de Economía Aplicada de la UCM y actua Concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, la cantidad total de las ayudas públicas recibidas por las entidades financieras en España en el periodo 2008-2014 asciende a 1.427.355 millones de euros (1,4 billones).
Sobrecoge leer la lista de suicidios relacionados con desahucios confeccionada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros sitios web dedicados al asunto, que me consta está escrita línea a línea por compañeros, amigos y personas solidarias con quienes resolvieron quitarse la vida por desahucio de su vivienda. A la vez, lleva al vómito la lectura, como contraste, del artículo 47 de la Constitución española: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Un mes después de que el señor Ron hablase de no premiar el impago para no dañar la recuperación de la economía, el obispo católico de Segovia, Ángel Rubio, declaraba no creer que existiera relación entre los suicidios ocurridos en las últimas semanas y los desahucios, reclamando de paso a los medios de comunicación que "no manipularan la verdad". No obstante, leo detenidamente, muy despacio (cada víctima se merece al menos unos segundos en su memoria): ...un día antes del desahucio, ...vivía de alquiler, ...horas después de su desahucio, ...por ejecución hipotecaria, ...tras arrojarse por el balcón de su piso, ...dejó una nota en la que pedía perdón por no poder pagar el alquiler, ...madre de 6 hijos, ...se disparó cuando iban a desahuciarle, ...ahorcado en la calle diez días después de ser desahuciado, ...por impago de alquiler, ...un matrimonio de jubilados, ...al arrojarse desde la ventana del piso, ...le dio un beso a su hijo y se arrojó de un segundo piso tras llamar al timbre un miembro de la comisión judicial, ...se tiró desde el puente, ...se ahorca en plena calle...
Parece un cuento siniestro, pero solo es real, muy real. Y quedan otras víctimas: las que siguen en vida, sin vivienda, de patitas en la calle con los pocos muebles, enseres y electrodomésticos que les quedan. Recuerdo un caso sangrante, Khalifa, un ciudadano senegalés, de 45 años, pequeño, algo canoso, 22 años en España. Asistí a las dos sesiones de un juicio kafkiano en el que un policía como un armario de grande denunciaba a Khalifa por atentado y lesiones en la espalda mientras efectuaba el desahucio de su casa.
Khalifa, como muchos trabajadores perdió su empleo y no pudo pagar la hipoteca que tenía contratada con el banco. Una mañana, Khalifa al regresar a su domicilio, vio cómo dos amigos suyos estaban sacando a la calle sus pertenencias principales (un frigorífico y una lavadora), bajo la atenta vigilancia de dos policías y dos funcionarias. Khalifa declaró que mientras le esposaba, el policía, corpulento, cerca de 1,90, joven -rondaba los veintimuchos o los treinta le puso una rodilla en la espalda y otra en el tobillo. Resultado: rotura de tobillo de Khalifa, operación en el hospital, donde hubo de permanecer un mes, además de tener que ir durante un año a recuperación. Khalifa estaba en el hospital, recién operado o a punto de ser operado del tobillo, mientras el policía que le esposó interponía una denuncia contra Khalifa por "atentado y lesiones" (en su espalda), con "varias semanas de baja". Posteriormente, una magistrada de un Juzgado de lo Penal condenó a seis meses de cárcel y una multa de 60 euros a Khalifa como autor de un delito de resistencia y de una falta de lesiones.
Sentí vergüenza por la denuncia y por la sentencia. Ambas son síntomas de la marcha de este país. Las cárceles españolas están atestadas de reclusos y reclusas que no tienen millones de euros para pagar la fianza y salir de la trena. No sería extraño que a Khalifa le costase más pagar sesenta euros de su bolsillo que sus grandes fianzas a todos los superchorizos del Reino, con sus millones, sus amiguetes y sus compinches con cargo y despacho ministerial.
Crearon después el FROB y el SAREB, nos aseguraron que los fondos empleados para la reestructuración bancaria no irían a cargo de los contribuyentes, pero finalmente ha resultado ser solo un pingüe negocio para la Banca y los fondos buitre, que tampoco han hecho ascos a especular asquerosamente con las viviendas sociales. ¿Dónde está la bolita?, ¿dónde está la bolita? -gritan los trileros.
Simultáneamente, la capitalización de los siete grandes bancos que cotizan en Bolsa iba viento en popa, las ganancias eran más que sustanciosas, pero la realidad acabó siendo que el coste total del rescate bancario ascendió a 219.397 millones de euros y, según cálculos de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y del catedrático de Economía Aplicada de la UCM y actua Concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, la cantidad total de las ayudas públicas recibidas por las entidades financieras en España en el periodo 2008-2014 asciende a 1.427.355 millones de euros (1,4 billones).
Sobrecoge leer la lista de suicidios relacionados con desahucios confeccionada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros sitios web dedicados al asunto, que me consta está escrita línea a línea por compañeros, amigos y personas solidarias con quienes resolvieron quitarse la vida por desahucio de su vivienda. A la vez, lleva al vómito la lectura, como contraste, del artículo 47 de la Constitución española: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".
Un mes después de que el señor Ron hablase de no premiar el impago para no dañar la recuperación de la economía, el obispo católico de Segovia, Ángel Rubio, declaraba no creer que existiera relación entre los suicidios ocurridos en las últimas semanas y los desahucios, reclamando de paso a los medios de comunicación que "no manipularan la verdad". No obstante, leo detenidamente, muy despacio (cada víctima se merece al menos unos segundos en su memoria): ...un día antes del desahucio, ...vivía de alquiler, ...horas después de su desahucio, ...por ejecución hipotecaria, ...tras arrojarse por el balcón de su piso, ...dejó una nota en la que pedía perdón por no poder pagar el alquiler, ...madre de 6 hijos, ...se disparó cuando iban a desahuciarle, ...ahorcado en la calle diez días después de ser desahuciado, ...por impago de alquiler, ...un matrimonio de jubilados, ...al arrojarse desde la ventana del piso, ...le dio un beso a su hijo y se arrojó de un segundo piso tras llamar al timbre un miembro de la comisión judicial, ...se tiró desde el puente, ...se ahorca en plena calle...
Parece un cuento siniestro, pero solo es real, muy real. Y quedan otras víctimas: las que siguen en vida, sin vivienda, de patitas en la calle con los pocos muebles, enseres y electrodomésticos que les quedan. Recuerdo un caso sangrante, Khalifa, un ciudadano senegalés, de 45 años, pequeño, algo canoso, 22 años en España. Asistí a las dos sesiones de un juicio kafkiano en el que un policía como un armario de grande denunciaba a Khalifa por atentado y lesiones en la espalda mientras efectuaba el desahucio de su casa.
Khalifa, como muchos trabajadores perdió su empleo y no pudo pagar la hipoteca que tenía contratada con el banco. Una mañana, Khalifa al regresar a su domicilio, vio cómo dos amigos suyos estaban sacando a la calle sus pertenencias principales (un frigorífico y una lavadora), bajo la atenta vigilancia de dos policías y dos funcionarias. Khalifa declaró que mientras le esposaba, el policía, corpulento, cerca de 1,90, joven -rondaba los veintimuchos o los treinta le puso una rodilla en la espalda y otra en el tobillo. Resultado: rotura de tobillo de Khalifa, operación en el hospital, donde hubo de permanecer un mes, además de tener que ir durante un año a recuperación. Khalifa estaba en el hospital, recién operado o a punto de ser operado del tobillo, mientras el policía que le esposó interponía una denuncia contra Khalifa por "atentado y lesiones" (en su espalda), con "varias semanas de baja". Posteriormente, una magistrada de un Juzgado de lo Penal condenó a seis meses de cárcel y una multa de 60 euros a Khalifa como autor de un delito de resistencia y de una falta de lesiones.
Sentí vergüenza por la denuncia y por la sentencia. Ambas son síntomas de la marcha de este país. Las cárceles españolas están atestadas de reclusos y reclusas que no tienen millones de euros para pagar la fianza y salir de la trena. No sería extraño que a Khalifa le costase más pagar sesenta euros de su bolsillo que sus grandes fianzas a todos los superchorizos del Reino, con sus millones, sus amiguetes y sus compinches con cargo y despacho ministerial.
Crearon después el FROB y el SAREB, nos aseguraron que los fondos empleados para la reestructuración bancaria no irían a cargo de los contribuyentes, pero finalmente ha resultado ser solo un pingüe negocio para la Banca y los fondos buitre, que tampoco han hecho ascos a especular asquerosamente con las viviendas sociales. ¿Dónde está la bolita?, ¿dónde está la bolita? -gritan los trileros.