La iniciativa de reforma de la LOTC promovida por el PP merece encaramarse de inmediato al podio de las más disparatadas y deplorables de toda la historia democrática desde la Constitución de 1978.
He denunciado en muchos escritos anteriores la contraproducente contradicción entre el discurso fatuo de muchos que se llenan la boca con las palabras "España", "Constitución" y "Estado de Derecho" mientras con sus actos devalúan, desacreditan o vacían de contenido cada uno de esos activos, y patrimonios colectivos, y los valores que los fundan.
Desde el punto de vista de las formas, repugna la zafiedad con que una medida que afecta nada menos que al TC ha sido anunciada en el Congreso con redoble de tambor por el candidato del PP a las elecciones catalanas, quien ni siquiera es diputado. Resulta, además, inaceptable que se plantee como "iniciativa legislativa" del Grupo parlamentario del PP a los solos efectos de esquivar no solo los trámites consultivos preceptivos que se le exigirían al Gobierno, sino también el diálogo mínimo con los Grupos políticos, que han hecho bien, a mi juicio, en rechazarla de plano.
Desde el punto de vista de su contenido, incorpora una grosera y abyecta reconversión del TC en una suerte de Tribunal administrativo y sancionador de Orden Público. Lo que se propone no tiene nada, pero que nada que ver con ese Derecho comparado de la Justicia Constitucional "concentrada", encomendada a un órgano al que se distingue como "intérprete supremo" de la constitucionalidad de las Leyes y de la conformidad del resto del ordenamiento jurídico a la Constitución. Pretende inyectar, y encapsular, a capón, en el cuerpo del TC, una función policial y sancionadora "de emergencia" notoriamente extraña a su naturaleza y funciones, puesto que no otra cosa añade a las disposiciones ya vigentes de la Constitución (el deber general de acatar y cumplir las resoluciones jurisdiccionales (art. 118 CE), así como en la propia LOTC (art. 2, 4 y 87)).
A todas luces: es evidente que al PP no le ha bastado con el art. 155 CE ni con la "Ley orgánica de Seguridad Nacional". ¡Han tenido que pedirle "un 155" exprés nada más ni nada menos que al TC!
Dicho esto, también me parecen chocantes las vulneraciones que se han apresurado a denunciar tufos "electoralistas" de la medida anunciada.
Porque ello supone dar por sentado que una tropelía así, una tragedia perpetrada con alevosía ante una cita electoral inminente -el 27-S catalán- reportará al PP réditos electorales. No. No lo creo. En absoluto: al contrario.
Es como si el PP continuara empecinado en liquidar y suicidar al TC, y se estuviera suicidando electoralmente, a conciencia, ante los ojos del conjunto de una sociedad española cada vez más saturada y hastiada, cuando no nauseada por los abusos de poder y arbitrariedades sin cuento, y de los retrocesos en materia de derechos, libertades y calidad democrática que ha ido acumulando un PP ebrio de mayoría absoluta.
Ni en Cataluña ni en España puede salirles bien una apuesta semejante por la desnaturalización de las instituciones vertebrales de la cada vez más cansada, deteriorada y fatigada arquitectura del edificio constitucional en España.
He denunciado en muchos escritos anteriores la contraproducente contradicción entre el discurso fatuo de muchos que se llenan la boca con las palabras "España", "Constitución" y "Estado de Derecho" mientras con sus actos devalúan, desacreditan o vacían de contenido cada uno de esos activos, y patrimonios colectivos, y los valores que los fundan.
Desde el punto de vista de las formas, repugna la zafiedad con que una medida que afecta nada menos que al TC ha sido anunciada en el Congreso con redoble de tambor por el candidato del PP a las elecciones catalanas, quien ni siquiera es diputado. Resulta, además, inaceptable que se plantee como "iniciativa legislativa" del Grupo parlamentario del PP a los solos efectos de esquivar no solo los trámites consultivos preceptivos que se le exigirían al Gobierno, sino también el diálogo mínimo con los Grupos políticos, que han hecho bien, a mi juicio, en rechazarla de plano.
Desde el punto de vista de su contenido, incorpora una grosera y abyecta reconversión del TC en una suerte de Tribunal administrativo y sancionador de Orden Público. Lo que se propone no tiene nada, pero que nada que ver con ese Derecho comparado de la Justicia Constitucional "concentrada", encomendada a un órgano al que se distingue como "intérprete supremo" de la constitucionalidad de las Leyes y de la conformidad del resto del ordenamiento jurídico a la Constitución. Pretende inyectar, y encapsular, a capón, en el cuerpo del TC, una función policial y sancionadora "de emergencia" notoriamente extraña a su naturaleza y funciones, puesto que no otra cosa añade a las disposiciones ya vigentes de la Constitución (el deber general de acatar y cumplir las resoluciones jurisdiccionales (art. 118 CE), así como en la propia LOTC (art. 2, 4 y 87)).
A todas luces: es evidente que al PP no le ha bastado con el art. 155 CE ni con la "Ley orgánica de Seguridad Nacional". ¡Han tenido que pedirle "un 155" exprés nada más ni nada menos que al TC!
Dicho esto, también me parecen chocantes las vulneraciones que se han apresurado a denunciar tufos "electoralistas" de la medida anunciada.
Porque ello supone dar por sentado que una tropelía así, una tragedia perpetrada con alevosía ante una cita electoral inminente -el 27-S catalán- reportará al PP réditos electorales. No. No lo creo. En absoluto: al contrario.
Es como si el PP continuara empecinado en liquidar y suicidar al TC, y se estuviera suicidando electoralmente, a conciencia, ante los ojos del conjunto de una sociedad española cada vez más saturada y hastiada, cuando no nauseada por los abusos de poder y arbitrariedades sin cuento, y de los retrocesos en materia de derechos, libertades y calidad democrática que ha ido acumulando un PP ebrio de mayoría absoluta.
Ni en Cataluña ni en España puede salirles bien una apuesta semejante por la desnaturalización de las instituciones vertebrales de la cada vez más cansada, deteriorada y fatigada arquitectura del edificio constitucional en España.