Los trabajos de la investigación parlamentaria sobre el espionaje masivo de la NSA sobre la privacidad de los europeos, llevada a cabo en el marco de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (Comisión LIBE), están llegando a término con el fin de la legislatura. A expensas de escuchar todavía por videoconferencia al exanalista Edward Snowden, del que proceden las revelaciones acerca de las prácticas abusivas de la inteligencia de los EEUU, las comparecencias y estudios desarrollados durante los últimos meses sustentan a estas alturas unas cuantas conclusiones relevantes:
1. El PE ha sido la única institución europea que ha estado a la altura del escándalo y la preocupación suscitados en toda Europa y entre millones de ciudadanos europeos. Ningún Gobierno nacional en los Estados miembro, ningún Parlamento nacional, ha respondido con ninguna actividad institucional significativa, ni ha deducido lecciones políticas de las revelaciones, ni ha adelantado propuestas para que no vuelva a pasar. Sólo el PE (la Comisión LIBE que presido) ha hecho algo al respecto.
2.La Comisión LIBE propone suspender el Acuerdo Safe Harbour de transferencia de datos, el Acuerdo SWIFT (Transferencia de datos financieros para rastreo de terroristas) y las negociaciones en curso sobre el TTIP (Tratado de comercio e Inversiones EUR-EEUU).
3. La Comisión LIBE propone, además, suspender la negociación del TTIP en tanto no se den garantías para la privacidad de los ciudadanos europeos, y propone incorporar un protocolo específico de protección de datos.
4. La Comisión LIBE urge, asimismo, al Consejo a desbloquear de una vez el Paquete de Protección de Datos. En este 'paquete' sobresale un nuevo Reglamento de Protección de Datos, que por su propia naturaleza es una ley europea directamente vinculante (no necesita transposición legislativa nacional), directamente aplicable en los Estados miembro y directamente invocable por los ciudadanos europeos ante los tribunales de Justicia. Y esa ley está llamada a reforzar la protección de los europeos frente a las intrusiones no consentidas en sus datos personales y en su privacidad.
5. La Comisión LIBE reclama de la Comisión Europea que negocie con los EEUU una nueva garantía de reciprocidad en la protección judicial de los derechos de los europeos ante los tribunales de los EEUU, en los mismos términos en que los ciudadanos americanos disfrutan de acceso a la Justicia de los Estados miembro y ante el Tribunal de Justicia de la UE.
6. La Comisión LIBE propone a la Comisión Europea que adopte medidas para asegurar la confidencialidad de las comunicaciones, desde y entre las instituciones europeas. Un nuevo dispositivo de Intelligence Security (IS) debe blindar las comunicaciones de los responsables políticos y funcionarios europeos en las instalaciones y en los establecimientos oficiales de la UE. Resulta inaceptable (en rigor, parece inconcebible) que se haya espiado a las embajadas de la UE, a los edificios de la Comisión o los teléfonos móviles de los negociadores de los acuerdos y tratados con los EEUU. ¡Es preciso recordar que en la UE no se conspira contra la seguridad de los EEUU y que, en ningún caso, se traman desde las instituciones europeas atentados terroristas contra los EEUU!
7. La Comisión LIBE requiere de la Comisión Europea que negocie garantías de corrección de estas prácticas y un nuevo Código de Conducta en la conducción de las pautas de Inteligencia Exterior (las prácticas de espionaje en los Estados miembro de la UE), así como la aseguración del respeto por la privacidad de millones de ciudadanos libres de toda sospecha y no sometidos a ningún tipo de investigación judicial sobre ningún tipo de actividad presuntamente delictiva. No sólo la privacidad de los jefes de Gobierno ha sido saqueada sin escrúpulos, sino la de millones de ciudadanos anónimos a todo lo largo y ancho de la UE: esa privacidad de la ciudadanía no vale ni un ápice menos que la de la canciller Merkel o el presidente Hollande.
8. Finalmente, la Comisión LIBE requiere también de la Comisión Europea que promueva una nueva legislación protectora de los whistleblowers (los delatores o denunciantes). Se trata de proteger a todos aquellos que deciden cooperar con la Justicia revelando prácticas ilícitas de las que hubieran tenido conocimiento en su desempeño confidencial de actividades de Inteligencia. Esto podría conseguirse estableciendo una nueva modalidad de testigo protegido y ofreciendo protección a quienes decidan cooperar con la Justicia, incluso o especialmente, cuando ello comporte asumir riesgos como los que ha encajado Edward Snowden, convertido ahora en un prófugo de la Justicia americana que descargaría sobre él toda la capacidad represiva de la que se sabe capaz esa superpotencia militar y de Inteligencia que continúan siendo los EEUU antes, durante y después de la era Obama...
En definitiva, el PE ha sido la única institución que ha estado a la altura de su representación y de su compromiso con los derechos de los europeos.