Destaquemos primero lo bueno: acabamos de asistir a la primera entrega voluntaria de armas por parte de ETA, aunque fiel a su enrevesado estilo, la expresión utilizada no haya sido entrega ni inutilización, sino "sellar y poner fuera de uso operativo" la armas, que ya son ganas de retorcer el lenguaje.
Dicho esto, la puesta en escena de un momento largamente esperado ha sido frustrante, y por momentos, casi cómica. La Comisión Internacional de Verificación ha ejercido de solemne e internacional notario de lo que ya habíamos constatado todos: que ETA efectivamente dejó de actuar el 20 de octubre de 2011. Hecho público el vídeo y el contenido del inventario de las armas "puestas fuera de uso" -un inventario apenas más largo que el apellido del portavoz de la CIV- la sensación de tomadura de pelo es inevitable. El lehendakari Urkullu, que iba a subrayar la presumible trascendencia del acto, ha tenido que recalcar en su comparecencia lo pequeño del paso dado por la organización. Dudo de que hubiera mantenido su intervención de conocer el contenido de esa especie de mercadillo de armas con el que ETA ha querido impresionarnos.
ETA siempre ha tenido debilidad por las puestas en escena de alto contenido dramático. No quedaba más remedio que tomarla muy en serio cuando utilizaba las armas para matar o para extorsionar (el parlamento de Vitoria recordaba hoy mismo los asesinatos de Fernando Buesa y Enrique Casas). El problema es que lo pomposo de sus escenografías ya no casa bien con su paulatina irrelevancia. Y todo ello distrae de lo fundamental: ETA tiene que acelerar su proceso de disolución, porque los pasos dados hasta el momento corren el riesgo de perder valor y relevancia si el proceso sigue dilatándose en el tiempo.
Por su parte, el gobierno del PP tiene en sus manos el ingrediente clave que actúe como acelerador de ese proceso: reanudar ¡al menos! la llamada Vía Nanclares para facilitar la salida de la organización y de la cárcel a los presos que renuncien a la violencia.
Sería incomprensible que Rajoy no aproveche su mayoría absoluta y el apoyo de la gran mayoría de la oposición, significativamente del PNV y del PSOE, para dar ese paso. Ni siquiera tiene que vestirlo, porque es pura voluntad política. No requiere cambiar ni una coma de una ley. Y argumentos le sobran para defenderse de las críticas de algunas asociaciones de víctimas y de un sector tan ruidoso, pero cada vez menos relevante dentro de su propio partido.
Dicho esto, la puesta en escena de un momento largamente esperado ha sido frustrante, y por momentos, casi cómica. La Comisión Internacional de Verificación ha ejercido de solemne e internacional notario de lo que ya habíamos constatado todos: que ETA efectivamente dejó de actuar el 20 de octubre de 2011. Hecho público el vídeo y el contenido del inventario de las armas "puestas fuera de uso" -un inventario apenas más largo que el apellido del portavoz de la CIV- la sensación de tomadura de pelo es inevitable. El lehendakari Urkullu, que iba a subrayar la presumible trascendencia del acto, ha tenido que recalcar en su comparecencia lo pequeño del paso dado por la organización. Dudo de que hubiera mantenido su intervención de conocer el contenido de esa especie de mercadillo de armas con el que ETA ha querido impresionarnos.
ETA siempre ha tenido debilidad por las puestas en escena de alto contenido dramático. No quedaba más remedio que tomarla muy en serio cuando utilizaba las armas para matar o para extorsionar (el parlamento de Vitoria recordaba hoy mismo los asesinatos de Fernando Buesa y Enrique Casas). El problema es que lo pomposo de sus escenografías ya no casa bien con su paulatina irrelevancia. Y todo ello distrae de lo fundamental: ETA tiene que acelerar su proceso de disolución, porque los pasos dados hasta el momento corren el riesgo de perder valor y relevancia si el proceso sigue dilatándose en el tiempo.
Por su parte, el gobierno del PP tiene en sus manos el ingrediente clave que actúe como acelerador de ese proceso: reanudar ¡al menos! la llamada Vía Nanclares para facilitar la salida de la organización y de la cárcel a los presos que renuncien a la violencia.
Sería incomprensible que Rajoy no aproveche su mayoría absoluta y el apoyo de la gran mayoría de la oposición, significativamente del PNV y del PSOE, para dar ese paso. Ni siquiera tiene que vestirlo, porque es pura voluntad política. No requiere cambiar ni una coma de una ley. Y argumentos le sobran para defenderse de las críticas de algunas asociaciones de víctimas y de un sector tan ruidoso, pero cada vez menos relevante dentro de su propio partido.