El pasado 10 de febrero, el Gobierno de Canarias anunció su decisión de someter las prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias a una consulta popular. Para ese objetivo, adelantó su voluntad de requerir la autorización del Gobierno de España; es decir, del Gobierno del PP, el mismo que ha autorizado por Decreto a una empresa (REPSOL) a ejecutar esas 'catas', cuyo inicio es ya inminente este año 2014.
La intrahistoria de esas autorizaciones lleva la marca inconfundible del PP: opaca, controvertida, ampliamente contestada (así es, desde luego, en Canarias), oscuramente sospechosa de subordinar los intereses generales al apetito de negocio de los particulares y trufada de recursos ante los tribunales.
De hecho, un primer decreto de prospecciones en Canarias había sido dictado ya en 2001 por el Gobierno de Aznar, con mayoría absoluta del PP. Contrarios a este atropello, los socialistas canarios prometimos pararlo si llegábamos al Gobierno en 2004.
Lo hicimos y cumplimos, efectivamente. Y, además, el Tribunal Supremo dictaminó la ilegalidad de aquella medida por la omisión clamorosa de garantías medioambientales legalmente preceptivas, dando la razón al recurso contencioso que había sido presentado por los socialistas canarios. Ocho años después, de nuevo el PP volvió a la carga 'reimprimiendo' su decreto.
Lo hace el Gobierno del PP contra la oposición expresa del Parlamento de Canarias, del Gobierno de Canarias, de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura (las dos islas cuyas costas están más expuestas a la perforaciones y, por tanto, al daño ecológico cierto y perfectamente predecible que provocarán, sí o sí). Y lo hace el Gobierno del PP desoyendo y despreciando a la miríada de organizaciones no gubernamentales, asociaciones científicas, opiniones expertas y redes cívicas y plataformas ciudadanas que se han movilizado 'indesmayablemente' para impedir que se consuma una decisión arbitraria que atropella a las instituciones representativas de los ciudadanos afectados y que retrata el estilo de 'ordeno y mando' del PP.
En este asunto, el Derecho Europeo no ha dicho todavía la última palabra. La Comisión Europea aún no ha tenido ocasión de dictaminar el Informe de Impacto Medioambiental, pendiente todavía de elevación desde España (por el Gobierno del PP y por REPSOL, si es que en esto resultan distinguibles).
Además, el Derecho Europeo se ha endurecido notablemente en esta legislatura 2009-2014, con la entrada en vigor de una nueva legislación europea medioambiental. Y lo ha hecho, particularmente, sobre las prospecciones de hidrocarburos en territorio europeo, endureciendo las exigencias de responsabilidad patrimonial y social de las empresas frente a eventuales daños que podrían ser catastróficos, como por desgracia sucedió con el vertido del Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010.
El Gobierno de Canarias ensaya ahora una actuación que ha suscitado polémica: someter las prospecciones al veredicto popular en una consulta de alcance regional. Lo primero que conviene saber es que tiene fundamento constitucional y estatutario para ello. La Constitución española prevé (art.92 CE) la posibilidad de que el Gobierno de España convoque, con la autorización del Congreso de los Diputados, referendos consultivos sobre "decisiones políticas" de "especial trascendencia". Además, en el Título VIII CE, la Constitución establece la competencia exclusiva del Estado para autorizar la celebración de todo tipo de "consultas populares" (art 149.1.32 CE). El Estatuto de Autonomía de Canarias establece, en su artículo 32, la posibilidad de que el Gobierno de Canarias solicite la autorización del Estado para celebrar consultas de ámbito autonómico. El Ejecutivo canario aduce aquí sus competencias sobre ordenación económica, turismo y medioambiente, ámbitos sin duda afectados 'determinantemente' por las consecuencias predecibles de las catas petrolíferas.
Una vez más, el Gobierno del PP ha derrochado demagogia ante esta iniciativa.
En primer lugar, con su habitual desfachatez, pretende que Canarias no debería oponerse a la explotación de petróleo en sus aguas, a la vista de las importantes tasas de paro que padece el archipiélago. Precisamente, no existe ninguna garantía de la rentabilidad social de las prospecciones de REPSOL, ni en términos fiscales para la Hacienda canaria ni, mucho menos aún, en términos de generación de puestos de trabajo en una tierra ciertamente necesitada de políticas activas de empleo; ¡las mismas que el Gobierno del PP ha derrumbado y aniquilado, reduciendo a cero sus partidas en los Presupuestos Generales del Estado (el último Gobierno del PSOE, en todos sus Presupuestos, las dotó con 42 millones de euros)!
Seguidamente, el PP ha intentado tachar esta consulta de inconstitucional, ¡y ha llegado incluso a compararla con la pretendida consulta secesionista catalana! Lo cierto es que la iniciativa del Ejecutivo canario no tiene ninguna contradicción con ningún precepto, material ni sustantivo, de la Constitución. Y, además, ha respetado la regla constitucional al requerir del Estado la autorización para convocarla. Es decir, ha acatado sin equívoco ni ambigüedad posible la competencia exclusiva del Gobierno de la Nación a la hora de decidir si la consulta tendrá efectivamente lugar o no.
Y es sabido que no tendrá lugar. El PP lo impedirá, con el rodillo habitual con el que viene apostando por la vía (inútil e ineficaz) de pretender que los problemas políticos y sociales de contenido real se disuelvan o dejen de existir, por la sencilla vía de paralizarlos ejecutivamente o impugnarlos ante el Tribunal Constitucional, con el efecto de bloquear las iniciativas de los contados Gobiernos autonómicos que no obedecen sus dictados.
El Gobierno de Canarias ha agitado las aguas. Ha cumplido su propósito político y social, elevando este conflicto a la primera página de la actualidad canaria; los titulares, editoriales y debates en la calle dan cuenta de este primer impacto.
Pero es que la iniciativa ha trascendido y podría ser replicada por otras fuerzas políticas y sociales en otras latitudes, sin ir más lejos, Baleares. Y ha retratado de nuevo a un PP cada vez más instalado en la arrogancia displicente y miope de su despotismo, obcecado en hacer prevalecer los intereses de unos pocos por encima de las preocupaciones de la ciudadanía, de sus necesidades y de sus exigencias.