Cuando en julio de 1976 Adolfo Suárez recibió del rey Juan Carlos I el encargo de formar un nuevo Gobierno, la economía española comenzaba a remontar la crisis económica creada con la elevación del precio del crudo de petróleo, pero en un marco de mayores desequilibrios macroeconómicos, sociales y políticos que los países fundadores de la Comunidad Económica Europea, y disponiendo de un arsenal más limitado de instituciones con el que enfrentarse a ellos, dada la compleja situación social y política creada por la transición a la democracia, pendiente de una Constitución que sancionara las mayores libertades políticas, sociales y sindicales a las que el pueblo español aspiraba. No era difícil que la incipiente recuperación económica se frustrase pronto, lo que ocurrió ya en 1979, año en el que el crecimiento del PIB se detuvo, aunque acusando sobre todo el notable impacto de una nueva alza del precio de los combustibles.
La tasa de desempleo cerraría 1976 con un valor del 4,6%, ridículo visto hoy, pero que superaba en 2,3 puntos porcentuales a la de 1973, indicando una tendencia clara al alza. Pero, sobre todo, los precios aumentaron un 16,9% ese mismo año, presionados por una elevación de los salarios del 23%, expresiva de las tensiones laborales propias de un marco de represión sindical, elevadas expectativas de inflación y aumento del paro. La competitividad exterior se deterioraba como consecuencia de esta dinámica alcista de costes, produciendo un aumento del déficit exterior (3,7% del PIB en 1976) y crecientes destrucciones del empleo. Por si ello fuera poco, el déficit público, apenas conocido hasta entonces, hizo su aparición, para iniciar una senda de rápido crecimiento, en parte debido a la crisis y al desempleo, pero sobre todo, por la entrada en edad de jubilación de un gran número de personas, y los primeros pasos dados en la construcción de un Estado de bienestar hasta entonces inexistente, que se inician elevaciones en las pensiones y en las cotizaciones sociales con poco oportunas (agravando estas últimas el problema de costes laborales y empleo).
Tras su elección como primer presidente de la democracia, el 15 de junio de 1977, Adolfo Suárez forma un nuevo Gobierno en el que nombra vicepresidente segundo para Asuntos Económicos al profesor Enrique Fuentes Quintana, quien busca decididamente frenar el alza de los precios y atajar los restantes desequilibrios. No cabían políticas fiscales y monetarias muy restrictivas, que habrían reducido el PIB y el empleo en un momento político y social delicado. Sólo cabía, de una parte, lograr cercenar las expectativas de inflación, convenciendo a los partidos de la oposición y a los sindicatos de que el Gobierno actuaría decididamente para controlarla, y de otra, realizar una reforma fiscal que dotara a España de un marco impositivo semejante al de los restantes países desarrollados, suficiente, transparente, neutral y flexible, escapando de la herencia de los impuestos sobre productos típicos del franquismo.
Lo primero lo logra con los famosos Pactos de la Moncloa, que alteran la negociación colectiva haciéndola descansar sobre el objetivo de inflación establecido por el Gobierno, y no sobre la tasa de inflación pasada, lo que marca el inicio de una lenta pero notable desaceleración de salarios y precios, desde los máximos alcanzados en 1977 (26,8% de salarios y 23,3% de precios). No obstante, cuando el presidente Suárez presenta su dimisión el 29 de enero de 1981 ambos crecen aún a tasas sensiblemente superiores al 10%, sobre todo los salarios, mientras que la tasa de paro se acerca ya al 15% (a pesar de un lento avance del PIB, en un 1,3%). La reforma fiscal, la segunda medida de gran importancia a la que se ha aludido, modifica profundamente las bases fiscales de la economía española, permitiendo sostener con déficits no muy abultados la gran expansión del gasto público que la sociedad demandaba, la extensión y mejora de las pensiones, de la sanidad y de la educación. Una tercera medida era necesaria para restaurar la competitividad exterior perdida: la devaluación de la peseta. Se realizó en julio de 1977, por un 24,87% de su valor con respecto al dólar, consiguiendo, junto al más moderado crecimiento de la demanda interna, convertir el déficit exterior en un superávit ya en 1978, que sin embargo, apenas duraría, ante la nueva alza del precio del crudo en 1979.
El profesor Fuentes Quintana quiso implementar una política económica transparente, y se preocupó de convencer a toda la población de sus beneficios, haciendo buena pedagogía de lo que significaba el alza del precio del crudo, una pérdida de capacidad adquisitiva de la nación, que cada individuo debía hacer suya, evitando intentar mantener sus ingresos en términos reales a toda costa. Pero su pronta dimisión, en febrero de 1978, mostró el apoyo limitado que las reformas suscitaban en los sectores menos progresistas del ejecutivo de Adolfo Suarez. No obstante, el compromiso del presidente con ellas se hizo patente con la elección como nuevo ministro de economía de Fernando Abril Martorell.
Tras el sombrío año 1981, 1982 reiniciaría tímidamente la definitiva recuperación de la crisis vivida por la economía española durante esta etapa de transición política, en un marco europeo más expansivo. En los años siguientes, de aceleración del crecimiento del PIB, se recogerían los beneficios de estas y otras indispensables reformas realizadas en el tiempo de Suárez. Auspiciando un nuevo tipo de mercado de trabajo y un nuevo marco fiscal, junto a un nuevo marco de libertades con la Constitución, pusieron las bases para enterrar la sociedad y la economía franquistas. La valiente figura de Suárez, y la de su viceministro económico, merecen ser recordadas en un momento como el actual en el que de nuevo problemas económicos y sociales de gran envergadura retan a nuestros líderes, al obstaculizar el camino hacia un crecimiento económico sostenido, susceptible de reducir de forma drástica la lacra del elevado desempleo.
La tasa de desempleo cerraría 1976 con un valor del 4,6%, ridículo visto hoy, pero que superaba en 2,3 puntos porcentuales a la de 1973, indicando una tendencia clara al alza. Pero, sobre todo, los precios aumentaron un 16,9% ese mismo año, presionados por una elevación de los salarios del 23%, expresiva de las tensiones laborales propias de un marco de represión sindical, elevadas expectativas de inflación y aumento del paro. La competitividad exterior se deterioraba como consecuencia de esta dinámica alcista de costes, produciendo un aumento del déficit exterior (3,7% del PIB en 1976) y crecientes destrucciones del empleo. Por si ello fuera poco, el déficit público, apenas conocido hasta entonces, hizo su aparición, para iniciar una senda de rápido crecimiento, en parte debido a la crisis y al desempleo, pero sobre todo, por la entrada en edad de jubilación de un gran número de personas, y los primeros pasos dados en la construcción de un Estado de bienestar hasta entonces inexistente, que se inician elevaciones en las pensiones y en las cotizaciones sociales con poco oportunas (agravando estas últimas el problema de costes laborales y empleo).
Tras su elección como primer presidente de la democracia, el 15 de junio de 1977, Adolfo Suárez forma un nuevo Gobierno en el que nombra vicepresidente segundo para Asuntos Económicos al profesor Enrique Fuentes Quintana, quien busca decididamente frenar el alza de los precios y atajar los restantes desequilibrios. No cabían políticas fiscales y monetarias muy restrictivas, que habrían reducido el PIB y el empleo en un momento político y social delicado. Sólo cabía, de una parte, lograr cercenar las expectativas de inflación, convenciendo a los partidos de la oposición y a los sindicatos de que el Gobierno actuaría decididamente para controlarla, y de otra, realizar una reforma fiscal que dotara a España de un marco impositivo semejante al de los restantes países desarrollados, suficiente, transparente, neutral y flexible, escapando de la herencia de los impuestos sobre productos típicos del franquismo.
Lo primero lo logra con los famosos Pactos de la Moncloa, que alteran la negociación colectiva haciéndola descansar sobre el objetivo de inflación establecido por el Gobierno, y no sobre la tasa de inflación pasada, lo que marca el inicio de una lenta pero notable desaceleración de salarios y precios, desde los máximos alcanzados en 1977 (26,8% de salarios y 23,3% de precios). No obstante, cuando el presidente Suárez presenta su dimisión el 29 de enero de 1981 ambos crecen aún a tasas sensiblemente superiores al 10%, sobre todo los salarios, mientras que la tasa de paro se acerca ya al 15% (a pesar de un lento avance del PIB, en un 1,3%). La reforma fiscal, la segunda medida de gran importancia a la que se ha aludido, modifica profundamente las bases fiscales de la economía española, permitiendo sostener con déficits no muy abultados la gran expansión del gasto público que la sociedad demandaba, la extensión y mejora de las pensiones, de la sanidad y de la educación. Una tercera medida era necesaria para restaurar la competitividad exterior perdida: la devaluación de la peseta. Se realizó en julio de 1977, por un 24,87% de su valor con respecto al dólar, consiguiendo, junto al más moderado crecimiento de la demanda interna, convertir el déficit exterior en un superávit ya en 1978, que sin embargo, apenas duraría, ante la nueva alza del precio del crudo en 1979.
El profesor Fuentes Quintana quiso implementar una política económica transparente, y se preocupó de convencer a toda la población de sus beneficios, haciendo buena pedagogía de lo que significaba el alza del precio del crudo, una pérdida de capacidad adquisitiva de la nación, que cada individuo debía hacer suya, evitando intentar mantener sus ingresos en términos reales a toda costa. Pero su pronta dimisión, en febrero de 1978, mostró el apoyo limitado que las reformas suscitaban en los sectores menos progresistas del ejecutivo de Adolfo Suarez. No obstante, el compromiso del presidente con ellas se hizo patente con la elección como nuevo ministro de economía de Fernando Abril Martorell.
Tras el sombrío año 1981, 1982 reiniciaría tímidamente la definitiva recuperación de la crisis vivida por la economía española durante esta etapa de transición política, en un marco europeo más expansivo. En los años siguientes, de aceleración del crecimiento del PIB, se recogerían los beneficios de estas y otras indispensables reformas realizadas en el tiempo de Suárez. Auspiciando un nuevo tipo de mercado de trabajo y un nuevo marco fiscal, junto a un nuevo marco de libertades con la Constitución, pusieron las bases para enterrar la sociedad y la economía franquistas. La valiente figura de Suárez, y la de su viceministro económico, merecen ser recordadas en un momento como el actual en el que de nuevo problemas económicos y sociales de gran envergadura retan a nuestros líderes, al obstaculizar el camino hacia un crecimiento económico sostenido, susceptible de reducir de forma drástica la lacra del elevado desempleo.