Cuando se acerca el comienzo de la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo crece entre los europeístas el temor a estar ante una nueva ocasión perdida para derrotar al adversario de todos: la abstención.
Hasta la fecha, nada indica que la participación vaya a aumentar tras varias convocatorias descendiendo. Pero en esta ocasión, de repetirse la tendencia, será más grave aún porque nos estamos jugando cosas de gran importancia, empezando por dos fundamentales: si va a darse el impulso suficiente para que la UE se convierta en una unión política plena y si va a corregirse la política económica de austeridad por la austeridad.
Si el nuevo Parlamento no recibe un mandato claro y mayoritario para empujar en la primera dirección, será muy difícil conseguir que, a pesar de todas las reticencias, se convoque una nueva Convención con la que, esta vez sí, la UE tenga una Constitución que incluya una unión económica y social digna de tal nombre, exactamente lo que le falta para ser una unión política.
Muchos dirán en los Estados miembros que con un 60 % o más de abstención no se tiene fuerza suficiente para ir más allá y que el único camino posible es conformarse con lo que hay. Pero eso -lo que ya existe- es insuficiente y, además, se ha ido desarrollando durante la crisis extra muros del Tratado de la UE, lejos de un procedimiento democrático en el que todas las instituciones jueguen su papel legislativo, o sea, en detrimento de la voluntad ciudadana.
Y si tal nivel de abstención nos sitúa en el impasse institucional y de competencias, no ocurriría otra cosa con la orientación de la política económica: la austeridad como medio y como fin seguiría dominando la escena con el crecimiento y el empleo como actores de reparto, llamados a intervenir en los cinco minutos de gloria de su papel para decir una frase a incluir en las conclusiones de alguna Cumbre europea.
Por supuesto que la abstención es una decisión tan legítima como ir a votar, pero evidentemente menos productiva, porque quien no acude a las urnas no señala si lo hace por rechazo, indeferencia o desconocimiento, o si está tan de acuerdo con la austeridad que da un cheque en blanco a quienes la gestionan o tan convencido de que no puede cambiarse que no merece la pena ir a manifestarlo al colegio electoral.
Ahora, quienes se presentan a las elecciones no solo tienen un deber de explicación genérica, sino ante todo una obligación de propuestas concretas para alentar el voto.
Por ejemplo: ¿quién propone un seguro de desempleo europeo para complementar el nacional en aquellos países del euro que sufran consecuencias asimétricas en caso de grave crisis económica?, ¿quién apoya un salario mínimo europeo para evitar el dumping laboral o una armonización impositiva para evitar el fiscal?, ¿quién desea que haya eurobonos y un Tesoro europeo?, ¿quién apuesta por garantizar que un nacional de un estado miembro no será expulsado de otro si lleva más de dos meses sin encontrar trabajo en este último, dándole un plazo mucho más largo para intentarlo?, ¿quién se posiciona por dar al Parlamento Europeo iniciativa legislativa y el poder de debatir una moción de censura constructiva contra la Comisión?
Esas y otras muchas propuestas concretas las están haciendo desde la sociedad civil think tanks como la Fundación Alternativas en su III Informe sobre el estado de la UE, que lleva por título La ciudadanía europea en tiempos de crisis y que acaba de presentar con su otro patrocinador, la alemana Friedrich Ebert Stiftung.
Europa es una bella idea, pero los electores tienen el derecho a votar en las urnas programas con concreción suficiente, con el atractivo necesario, con el nivel de compromiso exigible, sin dar -repito la expresión- cheques en blanco. Por eso es tan importante que los partidos (atención, en los niveles europeo y nacional) defiendan propuestas nítidas y medibles, identificables, que les diferencien pero que también puedan unirles, porque la UE siempre ha sido una gran coalición (y no de dos, sino de muchas familias políticas), afortunadamente.
Además, esa es la mejor vía para transmitir un mensaje claro a los ciudadanos: en la UE se decide ya una enorme gama de cuestiones que afectan a la vida cotidiana. Y pronunciarse sobre aquellos programas el 25 de mayo es la mejor manera de definir en qué sentido se quiere que lo hagan.
Hasta la fecha, nada indica que la participación vaya a aumentar tras varias convocatorias descendiendo. Pero en esta ocasión, de repetirse la tendencia, será más grave aún porque nos estamos jugando cosas de gran importancia, empezando por dos fundamentales: si va a darse el impulso suficiente para que la UE se convierta en una unión política plena y si va a corregirse la política económica de austeridad por la austeridad.
Si el nuevo Parlamento no recibe un mandato claro y mayoritario para empujar en la primera dirección, será muy difícil conseguir que, a pesar de todas las reticencias, se convoque una nueva Convención con la que, esta vez sí, la UE tenga una Constitución que incluya una unión económica y social digna de tal nombre, exactamente lo que le falta para ser una unión política.
Muchos dirán en los Estados miembros que con un 60 % o más de abstención no se tiene fuerza suficiente para ir más allá y que el único camino posible es conformarse con lo que hay. Pero eso -lo que ya existe- es insuficiente y, además, se ha ido desarrollando durante la crisis extra muros del Tratado de la UE, lejos de un procedimiento democrático en el que todas las instituciones jueguen su papel legislativo, o sea, en detrimento de la voluntad ciudadana.
Y si tal nivel de abstención nos sitúa en el impasse institucional y de competencias, no ocurriría otra cosa con la orientación de la política económica: la austeridad como medio y como fin seguiría dominando la escena con el crecimiento y el empleo como actores de reparto, llamados a intervenir en los cinco minutos de gloria de su papel para decir una frase a incluir en las conclusiones de alguna Cumbre europea.
Por supuesto que la abstención es una decisión tan legítima como ir a votar, pero evidentemente menos productiva, porque quien no acude a las urnas no señala si lo hace por rechazo, indeferencia o desconocimiento, o si está tan de acuerdo con la austeridad que da un cheque en blanco a quienes la gestionan o tan convencido de que no puede cambiarse que no merece la pena ir a manifestarlo al colegio electoral.
Ahora, quienes se presentan a las elecciones no solo tienen un deber de explicación genérica, sino ante todo una obligación de propuestas concretas para alentar el voto.
Por ejemplo: ¿quién propone un seguro de desempleo europeo para complementar el nacional en aquellos países del euro que sufran consecuencias asimétricas en caso de grave crisis económica?, ¿quién apoya un salario mínimo europeo para evitar el dumping laboral o una armonización impositiva para evitar el fiscal?, ¿quién desea que haya eurobonos y un Tesoro europeo?, ¿quién apuesta por garantizar que un nacional de un estado miembro no será expulsado de otro si lleva más de dos meses sin encontrar trabajo en este último, dándole un plazo mucho más largo para intentarlo?, ¿quién se posiciona por dar al Parlamento Europeo iniciativa legislativa y el poder de debatir una moción de censura constructiva contra la Comisión?
Esas y otras muchas propuestas concretas las están haciendo desde la sociedad civil think tanks como la Fundación Alternativas en su III Informe sobre el estado de la UE, que lleva por título La ciudadanía europea en tiempos de crisis y que acaba de presentar con su otro patrocinador, la alemana Friedrich Ebert Stiftung.
Europa es una bella idea, pero los electores tienen el derecho a votar en las urnas programas con concreción suficiente, con el atractivo necesario, con el nivel de compromiso exigible, sin dar -repito la expresión- cheques en blanco. Por eso es tan importante que los partidos (atención, en los niveles europeo y nacional) defiendan propuestas nítidas y medibles, identificables, que les diferencien pero que también puedan unirles, porque la UE siempre ha sido una gran coalición (y no de dos, sino de muchas familias políticas), afortunadamente.
Además, esa es la mejor vía para transmitir un mensaje claro a los ciudadanos: en la UE se decide ya una enorme gama de cuestiones que afectan a la vida cotidiana. Y pronunciarse sobre aquellos programas el 25 de mayo es la mejor manera de definir en qué sentido se quiere que lo hagan.