La ley en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010 buscaba la reducción de los embarazos no deseados y se construyó sobre una fórmula de probada eficacia que consiste en la combinación de tres elementos:
1. La implementación de la educación sexual como materia curricular.
2. El acceso real a la anticoncepción con la liberalización de la píldora poscoital y la inclusión de anticonceptivos de última generación entre los fármacos financiados por la Seguridad Social.
3. El reconocimiento del libre acceso al aborto en un plazo limitado de 14 semanas.
A diferencia de estas políticas estratégicas las del PP eliminan los tres elementos clave de una buena política pública en materia de DSyR porque limitan el acceso a información preventiva, limitan la financiación a los anticonceptivos más eficaces y pretende imposibilitar el acceso a una atención sanitaria segura para la interrupción voluntaria del embarazo.
Diferentes organizaciones profesionales han realizado análisis detallados del Anteproyecto y han realizado proyecciones sobre del número de mujeres que estarán abocadas a poner en riesgo su salud y su vida como consecuencia de prácticas clandestinas e inseguras.
Con la Ley del PP, España dejará de garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la interrupción del embarazo. Decenas de miles de mujeres se verán abocadas a realizar la IVE en otros países o en entornos de clandestinidad. Las perspectivas son pavorosas:
• 100.000 abortos quedarán en la ilegalidad
• Unas 50.000 mujeres viajarán al extranjero
• 50.000 recurrirán a prácticas clandestinas
• 20.000 de ellas sufrirán graves consecuencias para su salud. (40 %)
Aborto clandestino significa que 50.000 mujeres recurrirán a instrumentos punzantes o al uso de sustancias peligrosas por vía oral o perfusión vaginal. El catálogo de métodos para interrumpir el embarazo es conocido y sus secuelas también.
Para los abortos practicados con instrumentos punzantes (como las agujas de punto) lo más común será:
• Perforación uterina
• Perforación de vejiga urinaria, recto y asas intestinales
• Desgarros del cuello del útero
Las consecuencias de esas lesiones son:
• peritonitis
• abdomen agudo
• hemorragias
• infecciones agudas
• resecciones intestinales
• extirpaciones uterinas y esterilidad
• fístulas recto vesicales con incontinencia urinaria y fecal
• muerte por shock hipovolémico o por shock séptico
A muchas mujeres estos métodos les provocaran pavor y buscarán la interrupción de esos embarazos no deseados a través de lavados vaginales con sustancias variadas, o por vía oral con distintas medicaciones.
En esos casos, las consecuencias y complicaciones más frecuentes serán:
• Quemaduras químicas graves localizadas con lesiones deformantes y con esterilidad
• hipertensión
• edema pulmonar y parada cardíaca
• embolismos que según el vaso donde impactan generarán infartos pulmonares cardiacos o cerebrales, provocando graves secuelas y en algunos casos la muerte.
Todos los organismos internaciones nos recuerdan machaconamente que la práctica de abortos auto-inducidos -los únicos no punibles según el anteproyecto-, generalmente en malas condiciones higiénicas sanitarias, o la realización de abortos por personas que carecen de las habilidades y conocimientos necesarios y que no garantizan estándares médicos mínimos, es una de las causas más importantes de mortalidad materna y morbilidad materna en el mundo.
¿Ha calculado el Gobierno el número de muertes de mujeres como consecuencia de abortos clandestinos? ¿Ha calculado el número de casos de incapacidad permanente o transitoria o infertilidad como consecuencia de las secuelas de abortos practicados con instrumentos punzantes?
La proyección realizada para España por la Sociedad Española de Contracepción calcula que 20.000 mujeres sufrirán complicaciones o daños irreparables y aplicando la tasa estimada de la OMS sobre muertes como consecuencia de un aborto inseguro-entre 20 a 520 fallecimientos anuales por cada 100.000 intervenciones-, con la ley del PP hasta 260 mujeres podrían morir por aborto inseguro.
Es competencia del Ministerio de Sanidad, política social e igualdad la ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, y por tanto le compete el análisis sobre los resultados y efectos que tendrá en la vida de mujeres esa norma, valorando si supondrá un incremento de la inseguridad, la morbilidad y la mortalidad de las mujeres.
El ministro de Justicia, que ha asumido en tono mesiánico la puesta en marcha de este bárbaro anteproyecto, no ha recabado del Ministerio de Sanidad información sobre cuántas mujeres españolas pasarán a engrosar esa estadística de mortalidad y morbilidad. En el Ministerio se practica la alevosía del silencio propuesta por el presidente Rajoy aún a costa de poner en riesgo la vida de las mujeres.
Peligroso, temerario e insensato. Pero lo que provoca enfado severo, es que las diputadas del Partido Popular voten para privar a las mujeres sin recursos de un derecho que ellas sí podrán garantizarle a sus hijas y sus nietas. ¿Cabe que le recordemos al Gobierno que las mujeres con bajo poder adquisitivo también tienen derecho a acceder a un aborto en condiciones de seguridad?
Con su mayoría parlamentaria votan medidas que atentan contra la vida de las personas, pero ¡eso, lo puedes parar con TÚ voto!
1. La implementación de la educación sexual como materia curricular.
2. El acceso real a la anticoncepción con la liberalización de la píldora poscoital y la inclusión de anticonceptivos de última generación entre los fármacos financiados por la Seguridad Social.
3. El reconocimiento del libre acceso al aborto en un plazo limitado de 14 semanas.
A diferencia de estas políticas estratégicas las del PP eliminan los tres elementos clave de una buena política pública en materia de DSyR porque limitan el acceso a información preventiva, limitan la financiación a los anticonceptivos más eficaces y pretende imposibilitar el acceso a una atención sanitaria segura para la interrupción voluntaria del embarazo.
Diferentes organizaciones profesionales han realizado análisis detallados del Anteproyecto y han realizado proyecciones sobre del número de mujeres que estarán abocadas a poner en riesgo su salud y su vida como consecuencia de prácticas clandestinas e inseguras.
Con la Ley del PP, España dejará de garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la interrupción del embarazo. Decenas de miles de mujeres se verán abocadas a realizar la IVE en otros países o en entornos de clandestinidad. Las perspectivas son pavorosas:
• 100.000 abortos quedarán en la ilegalidad
• Unas 50.000 mujeres viajarán al extranjero
• 50.000 recurrirán a prácticas clandestinas
• 20.000 de ellas sufrirán graves consecuencias para su salud. (40 %)
Aborto clandestino significa que 50.000 mujeres recurrirán a instrumentos punzantes o al uso de sustancias peligrosas por vía oral o perfusión vaginal. El catálogo de métodos para interrumpir el embarazo es conocido y sus secuelas también.
Para los abortos practicados con instrumentos punzantes (como las agujas de punto) lo más común será:
• Perforación uterina
• Perforación de vejiga urinaria, recto y asas intestinales
• Desgarros del cuello del útero
Las consecuencias de esas lesiones son:
• peritonitis
• abdomen agudo
• hemorragias
• infecciones agudas
• resecciones intestinales
• extirpaciones uterinas y esterilidad
• fístulas recto vesicales con incontinencia urinaria y fecal
• muerte por shock hipovolémico o por shock séptico
A muchas mujeres estos métodos les provocaran pavor y buscarán la interrupción de esos embarazos no deseados a través de lavados vaginales con sustancias variadas, o por vía oral con distintas medicaciones.
En esos casos, las consecuencias y complicaciones más frecuentes serán:
• Quemaduras químicas graves localizadas con lesiones deformantes y con esterilidad
• hipertensión
• edema pulmonar y parada cardíaca
• embolismos que según el vaso donde impactan generarán infartos pulmonares cardiacos o cerebrales, provocando graves secuelas y en algunos casos la muerte.
Todos los organismos internaciones nos recuerdan machaconamente que la práctica de abortos auto-inducidos -los únicos no punibles según el anteproyecto-, generalmente en malas condiciones higiénicas sanitarias, o la realización de abortos por personas que carecen de las habilidades y conocimientos necesarios y que no garantizan estándares médicos mínimos, es una de las causas más importantes de mortalidad materna y morbilidad materna en el mundo.
¿Ha calculado el Gobierno el número de muertes de mujeres como consecuencia de abortos clandestinos? ¿Ha calculado el número de casos de incapacidad permanente o transitoria o infertilidad como consecuencia de las secuelas de abortos practicados con instrumentos punzantes?
La proyección realizada para España por la Sociedad Española de Contracepción calcula que 20.000 mujeres sufrirán complicaciones o daños irreparables y aplicando la tasa estimada de la OMS sobre muertes como consecuencia de un aborto inseguro-entre 20 a 520 fallecimientos anuales por cada 100.000 intervenciones-, con la ley del PP hasta 260 mujeres podrían morir por aborto inseguro.
Es competencia del Ministerio de Sanidad, política social e igualdad la ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, y por tanto le compete el análisis sobre los resultados y efectos que tendrá en la vida de mujeres esa norma, valorando si supondrá un incremento de la inseguridad, la morbilidad y la mortalidad de las mujeres.
El ministro de Justicia, que ha asumido en tono mesiánico la puesta en marcha de este bárbaro anteproyecto, no ha recabado del Ministerio de Sanidad información sobre cuántas mujeres españolas pasarán a engrosar esa estadística de mortalidad y morbilidad. En el Ministerio se practica la alevosía del silencio propuesta por el presidente Rajoy aún a costa de poner en riesgo la vida de las mujeres.
Peligroso, temerario e insensato. Pero lo que provoca enfado severo, es que las diputadas del Partido Popular voten para privar a las mujeres sin recursos de un derecho que ellas sí podrán garantizarle a sus hijas y sus nietas. ¿Cabe que le recordemos al Gobierno que las mujeres con bajo poder adquisitivo también tienen derecho a acceder a un aborto en condiciones de seguridad?
Con su mayoría parlamentaria votan medidas que atentan contra la vida de las personas, pero ¡eso, lo puedes parar con TÚ voto!