El ministro Jorge Fernández Díaz parece empecinado en tener una ley que sea recordada con su nombre. Quiere superar lo que parecía insuperable. La Ley de la patada en la puerta del ministro Corcuera. Esta obsesión enfermiza no es nueva en este Gobierno. Le anteceden otros ministros que tienen en su haber leyes con nombre propio: Cañete, Gallardón o Wert. Tienen cierta avidez por pasar a la historia aunque sea a costa de criminalizar la protesta pacifica, privatizar la costa o reducir de forma drástica los derechos civiles y sociales. En definitiva, el ministro de Interior ha optado por poner nombre a una ley a costa de ensombrecer la democracia.
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Este mes de julio el Gobierno dará luz verde a la Ley de Seguridad Ciudadana. Nosotros preferimos llamarla Ley Mordaza porque lo que pretende es amordazar a quien resulte incómodo con el poder, aunque lo manifieste de forma pacífica e imaginativa.
Nuestros anodinos gobernantes, apalancados en las sillas del poder, no son muy partidarios de salirse de las rutinas que controlan. Será por ello, que todo aquello que no sea votar cada cuatro años y realizar manifestaciones, algo totalmente necesario, les genera incertidumbre e incomodidad. Por ello prefieren amordazar al mensajero y mirar para otro lado ante quienes, por ejemplo, son responsables de la degradación ambiental del planeta.
Y en esta labor de denuncia de los desmanes ambientales, la protesta imaginativa, muchas veces polémica, pero siempre no violenta, ha estado presente en los treinta últimos años de existencia de Greenpeace en España.
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Un gran número de organizaciones sociales, de ámbito jurídico, políticas y sindicatos vienen denunciando, desde hace tiempo, los recortes en las libertades que tanto esfuerzo ha costado consolidar en las últimas décadas. La Ley de Seguridad Ciudadana es una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis social, económica y ambiental que padecen España y Europa.
Esta ley, por muy suavizada que parezca, pretende cercenar el legítimo derecho de la ciudadanía a señalar de forma siempre no violenta y de la manera que considere más oportuna a quienes degradan y devalúan el derecho a un medio ambiente limpio recogido en la Constitución, de la que tanto se habla en estos días. Es una ley que socava el derecho a la presunción de inocencia, suplantándolo por el de presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se erigirán en juez y parte ante una protesta pacífica.
La Ley que salió el viernes 11 de julio del Consejo de Ministros mantiene el escalamiento de edificios y la intrusión en infraestructuras críticas, como es el caso de centrales nucleares en la lista actividades sujetas a multa. Solo hay alguien que haya hecho esto de forma regular en estos últimos treinta años y son los activistas de Greenpeace.
Esta reforma de la Ley Corcuera tiene muchas cláusulas específicas contra muchas formas de protesta pacífica que deben de resultar muy incómodas para gobernantes y muchos legisladores. Quizás habrá influido el que sigan molestos con la imagen de los activistas de Greenpeace encaramados en el tejado del Congreso para denunciar la privatización de la costa, el mismo día que el Parlamento aprobaba la ley que lo consagraba. Quizás sigan molestos por cuando amordazaron los Leones del Congreso. O cuando nos colamos en una central nuclear para evidenciar los fallos de seguridad y el peligro que entraña para el medio ambiente y la salud de la ciudadanía la energía nuclear.
Que un Gobierno, y el partido que lo sustenta, legislen contra Greenpeace lejos de amedrentarnos nos honra. Sin duda alguna, muchos de los avances en protección del medio ambiente en este país no se podrían haber escrito si las acciones, no violentas, de Greenpeace cuyo objetivo siempre ha sido que la ciudadanía fuera consciente de la degradación y el expolio del medio ambiente y se movilizase para evitarlo. Y así seguiremos haciéndolo por muchas leyes con nombre del ministro de turno que surjan.
- Blog en vivo acción en el Faro de Moncloa (Madrid) para decir NO a la ley Antiprotesta
- Hazte socio y ayúdanos a defender el derecho a la protesta pacífica para defender el medio ambiente.
- Elige tu propia protesta
- Descubre más sobre esta campaña.
Este mes de julio el Gobierno dará luz verde a la Ley de Seguridad Ciudadana. Nosotros preferimos llamarla Ley Mordaza porque lo que pretende es amordazar a quien resulte incómodo con el poder, aunque lo manifieste de forma pacífica e imaginativa.
Nuestros anodinos gobernantes, apalancados en las sillas del poder, no son muy partidarios de salirse de las rutinas que controlan. Será por ello, que todo aquello que no sea votar cada cuatro años y realizar manifestaciones, algo totalmente necesario, les genera incertidumbre e incomodidad. Por ello prefieren amordazar al mensajero y mirar para otro lado ante quienes, por ejemplo, son responsables de la degradación ambiental del planeta.
Y en esta labor de denuncia de los desmanes ambientales, la protesta imaginativa, muchas veces polémica, pero siempre no violenta, ha estado presente en los treinta últimos años de existencia de Greenpeace en España.
Un gran número de organizaciones sociales, de ámbito jurídico, políticas y sindicatos vienen denunciando, desde hace tiempo, los recortes en las libertades que tanto esfuerzo ha costado consolidar en las últimas décadas. La Ley de Seguridad Ciudadana es una respuesta directa y desproporcionada contra las diversas formas de protesta civil pacífica que se están produciendo debido a la crisis social, económica y ambiental que padecen España y Europa.
Esta ley, por muy suavizada que parezca, pretende cercenar el legítimo derecho de la ciudadanía a señalar de forma siempre no violenta y de la manera que considere más oportuna a quienes degradan y devalúan el derecho a un medio ambiente limpio recogido en la Constitución, de la que tanto se habla en estos días. Es una ley que socava el derecho a la presunción de inocencia, suplantándolo por el de presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se erigirán en juez y parte ante una protesta pacífica.
La Ley que salió el viernes 11 de julio del Consejo de Ministros mantiene el escalamiento de edificios y la intrusión en infraestructuras críticas, como es el caso de centrales nucleares en la lista actividades sujetas a multa. Solo hay alguien que haya hecho esto de forma regular en estos últimos treinta años y son los activistas de Greenpeace.
Esta reforma de la Ley Corcuera tiene muchas cláusulas específicas contra muchas formas de protesta pacífica que deben de resultar muy incómodas para gobernantes y muchos legisladores. Quizás habrá influido el que sigan molestos con la imagen de los activistas de Greenpeace encaramados en el tejado del Congreso para denunciar la privatización de la costa, el mismo día que el Parlamento aprobaba la ley que lo consagraba. Quizás sigan molestos por cuando amordazaron los Leones del Congreso. O cuando nos colamos en una central nuclear para evidenciar los fallos de seguridad y el peligro que entraña para el medio ambiente y la salud de la ciudadanía la energía nuclear.
Que un Gobierno, y el partido que lo sustenta, legislen contra Greenpeace lejos de amedrentarnos nos honra. Sin duda alguna, muchos de los avances en protección del medio ambiente en este país no se podrían haber escrito si las acciones, no violentas, de Greenpeace cuyo objetivo siempre ha sido que la ciudadanía fuera consciente de la degradación y el expolio del medio ambiente y se movilizase para evitarlo. Y así seguiremos haciéndolo por muchas leyes con nombre del ministro de turno que surjan.
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