Digámoslo sin ambages: la querella interpuesta hoy por Podemos y Guanyem Barcelona es una excelente noticia para todos aquellos interesados en una regeneración real y no meramente cosmética de nuestras instituciones, la que parecen abanderar ahora PP y PSOE. La revelación progresiva del manto de corrupción existente en Cataluña y en el que parece estar involucrada directamente la familia del expresidente tiene tintes semejantes a una conspiración de silencio. La, por utilizar un eufemismo, dudosa forma de acumulación de riqueza por parte de los diversos miembros de la familia Pujol-Ferrusola parece ser un hecho respecto al cual habría existido una cierta connivencia por parte de importantes grupos de poder catalanes, los cuales se harían acreedores, si no de una responsabilidad jurídica, sí al menos moral y política.
Un entramado también sostenido, no se olvide, por un importante aparato mediático, cultural e ideológico que permeó la sociedad catalana desde arriba. El hecho de que el Centre d'Estudis Jordi Pujol, preocupado por el descrédito del ejercicio honorable de la política entre la ciudadanía, firmara un convenio con la Cátedra Ethos para llevar a cabo su propuesta de regeneración con una comisión de expertos, entre ellos intelectuales éticos reputados como Norbert Bilbeny, Victoria Camps o Xavier Rubert de Ventós, parece realmente una farsa, máxime cuando muchos de ellos ya conocían el célebre episodio del 3% tras la denuncia de Maragall en el Parlamento o eran conscientes, como reconocen ahora, de las triquiñuelas de la familia.
Recordemos además que Carlos Jiménez Villarejo, exeurodiputado de Podemos y exfiscal del caso Banca Catalana imputó en 1984 a Jordi Pujol y a 18 exconsejeros por la quiebra de la entidad bancaria. Su actuación le llevó a ser ferozmente criticado como "anticatalán" y a sufrir el estigma del apestado. Su Fiscalía se querelló contra el líder de CiU y presidente autonómico por su implicación en la gestión de la entidad -de la que era cofundador- y que supuso una intervención por parte del Banco de España que costó al Estado 20.000 millones de pesetas. Entre otras irregularidades, a Pujol se le acusó de haberse repartido 516 millones (de pesetas) de la entidad bancaria unos años antes cuando el banco presentaba ya importantes pérdidas.
Sin embargo, tras fuertes presiones políticas, en 1986, la Audiencia de Barcelona -con siete votos en contra- eximió a Pujol de toda responsabilidad y posteriormente archivó el caso. Que el asunto Banca Catalana, un presunto delito de aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder (y denunciado por entonces, sobre todo por la casta catalana, como un "ataque a Cataluña") sea recordado hoy con la presencia del actual miembro de Podemos Carlos Jiménez Villarejo en una querella interpuesta a la familia Pujol-Ferrusola por Podemos y la plataforma Guanyem Barcelona parece un acto de justicia en todos los niveles, también la poética, respecto a la, esta sí, indudable honorabilidad del exfiscal.
Aunque no hubiera entonces "persecución" a Cataluña, sino solo una medida judicial contra una casta corrupta catalana que solo ondeaba la bandera con el fin de hacer negocios y aumentar su patrimonio, el uso político de la defensa dotó al Jordi Pujol perseguido por la justicia española de un aura carismática extraordinaria y reforzó aún más su capacidad hegemónica, lo que definía como el "consensus". El Pujol encarcelado por el franquismo y cuyo nombre a comienzos de los sesenta estaba escrito en puentes, túneles y muros de Cataluña alcanzaba así la talla de mártir catalán. El momento en el que la Audiencia Territorial de Barcelona se declaró incompetente para dar curso a la querella fue instrumentalizado por influyentes grupos de poder para dar alas a ese maximalismo imaginario y victimista contra Cataluña tan alentado por sus elites económicas y políticas como por el rancio conservadurismo españolista.
Este capital hegemónico hoy está muy agotado. La lección que en ese momento sirvió a Pujol -que la inspección minuciosa del poder y la fortuna personales de un político puede ser artificiosamente desviada si aprende a llevar su corazón en la mano frente a los supuestamente extraños- difícilmente le va a volver a servir. En 1984, alguien tan lúcido como Vázquez Montalbán escribía de Pujol que se podría pensar "que ha sido un mal banquero, que es un personado camuflado de la derecha o que es feo, pero nadie, absolutamente nadie en Cataluña, sea del credo que sea, podía llegar a la más leve sombra de sospecha de que era un ladrón". El mismo credo que en 1984 le elevó a símbolo se manifiesta en 2014 como un cierre de ciclo histórico, el fin de una época marcada por la impunidad y que ahora llega a su ocaso con la emergencia de nuevos actores políticos.
Hoy, desnudada por segunda vez la honorabilidad de Pujol, queda a la vista el obsceno espectáculo de una casta política que ya no puede hipócritamente tapar sus vergüenzas bajo la bandera catalana de reivindicaciones, por otra parte totalmente legítimas, y el grotesco sainete de un bipartidismo que, solo al precio del cinismo, puede aparecer ahora como denunciante justiciero de esa misma corrupción ante la que antaño hizo la vista gorda. Porque el escándalo de Pujol es un síntoma del desmoronamiento de toda una cultura política. Pujol, decisivo a la hora de conformar los gobiernos en España, es el paradigma del modo de funcionar del entramado institucional y clientelar impuesto desde el Régimen del 78. Su caída hoy es signo también de su irreversible descomposición. Recordemos que Jordi Pujol, el Honorable, el "Español del año" de 1985 del diario ABC, el gobernante prudente de la paz pujoliana que durante veintitrés años rigió los destinos de Cataluña, hizo manitas tanto con Felipe González como con José María Aznar.
Como ha afirmado recientemente el miembro de Podemos Carlos Jiménez Villarejo, cuando se plantea el tema de la relación Cataluña-España, no hay que olvidar que en aquellos momentos los gobiernos de PSOE y PP protegieron a Pujol y a los gobiernos de CiU de todas las actuaciones penales que les pudieran perjudicar. Asimismo, tal y como escribió el periodista Arcadi Espada, los hechos demuestran que, al contrario de la percepción ampliamente extendida, Aznar fue el mejor presidente para los intereses del nacionalismo catalán y sus elites.
La caída de Pujol no es, por tanto, signo del declive de la comedia independentista, como enfatizan los medios de derecha, sino el último sainete por ahora del agotamiento político de una casta política que necesita hoy ser urgentemente combatida con modelos democráticos más transparentes y participativos. Una casta que ya no puede encontrar una nueva máscara. Que nadie se lleve a engaño: el desvelamiento del affaire Pujol es uno de los episodios finales del derrumbamiento de ese castillo de naipes sobre el que se construyó el Régimen del 78, ese cerrojo labrado a golpes con lo que, en 1999, Gregorio Morán llamaba, en un artículo censurado en La Vanguardia y significativamente silenciado en los medios oficiales españoles y catalanes, "la moral de la doblez". "En casi veinte años -escribía Morán- se ha creado un sindicato de intereses de tal envergadura, que al final se impone como moral social la propia doblez pujoliana: no somos como somos sino como creemos que somos. Jordi Pujol no tiene otro enemigo que la sociedad nueva, la que está emergiendo [...]".
Un entramado también sostenido, no se olvide, por un importante aparato mediático, cultural e ideológico que permeó la sociedad catalana desde arriba. El hecho de que el Centre d'Estudis Jordi Pujol, preocupado por el descrédito del ejercicio honorable de la política entre la ciudadanía, firmara un convenio con la Cátedra Ethos para llevar a cabo su propuesta de regeneración con una comisión de expertos, entre ellos intelectuales éticos reputados como Norbert Bilbeny, Victoria Camps o Xavier Rubert de Ventós, parece realmente una farsa, máxime cuando muchos de ellos ya conocían el célebre episodio del 3% tras la denuncia de Maragall en el Parlamento o eran conscientes, como reconocen ahora, de las triquiñuelas de la familia.
Recordemos además que Carlos Jiménez Villarejo, exeurodiputado de Podemos y exfiscal del caso Banca Catalana imputó en 1984 a Jordi Pujol y a 18 exconsejeros por la quiebra de la entidad bancaria. Su actuación le llevó a ser ferozmente criticado como "anticatalán" y a sufrir el estigma del apestado. Su Fiscalía se querelló contra el líder de CiU y presidente autonómico por su implicación en la gestión de la entidad -de la que era cofundador- y que supuso una intervención por parte del Banco de España que costó al Estado 20.000 millones de pesetas. Entre otras irregularidades, a Pujol se le acusó de haberse repartido 516 millones (de pesetas) de la entidad bancaria unos años antes cuando el banco presentaba ya importantes pérdidas.
Sin embargo, tras fuertes presiones políticas, en 1986, la Audiencia de Barcelona -con siete votos en contra- eximió a Pujol de toda responsabilidad y posteriormente archivó el caso. Que el asunto Banca Catalana, un presunto delito de aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder (y denunciado por entonces, sobre todo por la casta catalana, como un "ataque a Cataluña") sea recordado hoy con la presencia del actual miembro de Podemos Carlos Jiménez Villarejo en una querella interpuesta a la familia Pujol-Ferrusola por Podemos y la plataforma Guanyem Barcelona parece un acto de justicia en todos los niveles, también la poética, respecto a la, esta sí, indudable honorabilidad del exfiscal.
Aunque no hubiera entonces "persecución" a Cataluña, sino solo una medida judicial contra una casta corrupta catalana que solo ondeaba la bandera con el fin de hacer negocios y aumentar su patrimonio, el uso político de la defensa dotó al Jordi Pujol perseguido por la justicia española de un aura carismática extraordinaria y reforzó aún más su capacidad hegemónica, lo que definía como el "consensus". El Pujol encarcelado por el franquismo y cuyo nombre a comienzos de los sesenta estaba escrito en puentes, túneles y muros de Cataluña alcanzaba así la talla de mártir catalán. El momento en el que la Audiencia Territorial de Barcelona se declaró incompetente para dar curso a la querella fue instrumentalizado por influyentes grupos de poder para dar alas a ese maximalismo imaginario y victimista contra Cataluña tan alentado por sus elites económicas y políticas como por el rancio conservadurismo españolista.
Este capital hegemónico hoy está muy agotado. La lección que en ese momento sirvió a Pujol -que la inspección minuciosa del poder y la fortuna personales de un político puede ser artificiosamente desviada si aprende a llevar su corazón en la mano frente a los supuestamente extraños- difícilmente le va a volver a servir. En 1984, alguien tan lúcido como Vázquez Montalbán escribía de Pujol que se podría pensar "que ha sido un mal banquero, que es un personado camuflado de la derecha o que es feo, pero nadie, absolutamente nadie en Cataluña, sea del credo que sea, podía llegar a la más leve sombra de sospecha de que era un ladrón". El mismo credo que en 1984 le elevó a símbolo se manifiesta en 2014 como un cierre de ciclo histórico, el fin de una época marcada por la impunidad y que ahora llega a su ocaso con la emergencia de nuevos actores políticos.
Hoy, desnudada por segunda vez la honorabilidad de Pujol, queda a la vista el obsceno espectáculo de una casta política que ya no puede hipócritamente tapar sus vergüenzas bajo la bandera catalana de reivindicaciones, por otra parte totalmente legítimas, y el grotesco sainete de un bipartidismo que, solo al precio del cinismo, puede aparecer ahora como denunciante justiciero de esa misma corrupción ante la que antaño hizo la vista gorda. Porque el escándalo de Pujol es un síntoma del desmoronamiento de toda una cultura política. Pujol, decisivo a la hora de conformar los gobiernos en España, es el paradigma del modo de funcionar del entramado institucional y clientelar impuesto desde el Régimen del 78. Su caída hoy es signo también de su irreversible descomposición. Recordemos que Jordi Pujol, el Honorable, el "Español del año" de 1985 del diario ABC, el gobernante prudente de la paz pujoliana que durante veintitrés años rigió los destinos de Cataluña, hizo manitas tanto con Felipe González como con José María Aznar.
Como ha afirmado recientemente el miembro de Podemos Carlos Jiménez Villarejo, cuando se plantea el tema de la relación Cataluña-España, no hay que olvidar que en aquellos momentos los gobiernos de PSOE y PP protegieron a Pujol y a los gobiernos de CiU de todas las actuaciones penales que les pudieran perjudicar. Asimismo, tal y como escribió el periodista Arcadi Espada, los hechos demuestran que, al contrario de la percepción ampliamente extendida, Aznar fue el mejor presidente para los intereses del nacionalismo catalán y sus elites.
La caída de Pujol no es, por tanto, signo del declive de la comedia independentista, como enfatizan los medios de derecha, sino el último sainete por ahora del agotamiento político de una casta política que necesita hoy ser urgentemente combatida con modelos democráticos más transparentes y participativos. Una casta que ya no puede encontrar una nueva máscara. Que nadie se lleve a engaño: el desvelamiento del affaire Pujol es uno de los episodios finales del derrumbamiento de ese castillo de naipes sobre el que se construyó el Régimen del 78, ese cerrojo labrado a golpes con lo que, en 1999, Gregorio Morán llamaba, en un artículo censurado en La Vanguardia y significativamente silenciado en los medios oficiales españoles y catalanes, "la moral de la doblez". "En casi veinte años -escribía Morán- se ha creado un sindicato de intereses de tal envergadura, que al final se impone como moral social la propia doblez pujoliana: no somos como somos sino como creemos que somos. Jordi Pujol no tiene otro enemigo que la sociedad nueva, la que está emergiendo [...]".
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