El nuevo episodio que nos ofrece el culebrón de las cajas de ahorros españolas tiene como protagonista a la antigua Caja Madrid y vuelve a poner en tela de juicio la labor que han realizado algunos directivos y el papel del Banco de España a la hora de controlar la presunta existencia de tarjetas de crédito con límites desorbitados que no constaban, al parecer, en los registros contables relativos al coste de personal o gastos de representación.
La investigación sobre las denominadas tarjetas "black" o "fantasma" forman parte del sumario del Caso Bankia que instruye el juez Andreu en la Audiencia Nacional y que ha dado lugar a una pieza separada en la que el magistrado ha imputado al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, así como al ex director general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj.
Según revela el sumario, 86 consejeros y directivos de la entidad financiera habrían gastado 15.5 millones de euros entre 2003 y 2012 en gastos sin justificar, llegando incluso a producirse supuestas retiradas de efectivo en grandes cantidades, gastos en joyas, viajes, safaris y otros productos de lujo que poco tienen que ver con la actividad laboral de un gestor de una caja de ahorros.
Más allá de la indignación que provoca este tipo de noticias, la clave está ahora en determinar si existe un delito de apropiación indebida, es decir, si los usuarios de esas tarjetas se beneficiaron de las mismas al margen de la normativa retributiva de la entidad. De hecho, cuatro de los directivos de Bankia, entre los que se encuentra su ex presidente Rodrigo Rato, han devuelto el dinero, lo que supone una admisión tácita de que el dinero pudo haber sido gastado de forma irregular.
La otra posibilidad es que no se trate de apropiación indebida, en cuyo caso estaríamos presuntamente ante remuneraciones encubiertas no declaradas a Hacienda y, por lo tanto, ante un fraude fiscal. Si finalmente se demuestra que el gasto de las tarjetas 'black' oculta remuneraciones no declaradas al Fisco, entonces la entidad financiera debería haber realizado las retenciones correspondientes para ingresarlas en la Agencia Tributaria y las cuantías previsiblemente serían superiores a los 120.000 euros anuales que la ley fija como límite a partir del cual existe delito fiscal.
Como Bankia nació en 2011, entonces la nueva entidad habría cometido fraude fiscal -no delito- si no realizó las citadas retenciones en ese año y en el siguiente (2012), dado que las cantidades que debería haber ingresado en Hacienda no superarían los 120.000 euros anuales.
Si nos atenemos ahora a los directivos y consejeros que usaron las tarjetas, estamos ante un presunto fraude en el IRPF ya que, como el resto de ciudadanos, deberían haber declarado los importes al tratarse de rendimientos del trabajo y, por lo tanto, estar sujetos a la retención correspondiente. En el caso de que se apreciara apropiación indebida en los directivos ahora imputados, se habría producido un enriquecimiento injusto para los restantes, y no estaríamos ante un delito ni fraude fiscal, pero sí ante la obligación de todos los consejeros y directivos de devolver las cantidades percibidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Código Penal.
Sin embargo, con independencia de que se devuelva el dinero -algo exigible si se ha producido apropiación indebida- lo importante ahora es que la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda lleguen hasta el final a la hora de investigar a todos los directivos y consejeros implicados en este escándalo, ya que lo habitual cuando se sienten cercados es que presenten declaraciones de IRPF voluntarias para eludir la correspondiente sanción. De todas formas, si ya hay directivos imputados y parte de ellos han devuelto las cantidades, no parece que el uso de las tarjetas sea una práctica tan legal como algunos nos quieren hacer ver.
La investigación sobre las denominadas tarjetas "black" o "fantasma" forman parte del sumario del Caso Bankia que instruye el juez Andreu en la Audiencia Nacional y que ha dado lugar a una pieza separada en la que el magistrado ha imputado al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, al ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, así como al ex director general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj.
Según revela el sumario, 86 consejeros y directivos de la entidad financiera habrían gastado 15.5 millones de euros entre 2003 y 2012 en gastos sin justificar, llegando incluso a producirse supuestas retiradas de efectivo en grandes cantidades, gastos en joyas, viajes, safaris y otros productos de lujo que poco tienen que ver con la actividad laboral de un gestor de una caja de ahorros.
Más allá de la indignación que provoca este tipo de noticias, la clave está ahora en determinar si existe un delito de apropiación indebida, es decir, si los usuarios de esas tarjetas se beneficiaron de las mismas al margen de la normativa retributiva de la entidad. De hecho, cuatro de los directivos de Bankia, entre los que se encuentra su ex presidente Rodrigo Rato, han devuelto el dinero, lo que supone una admisión tácita de que el dinero pudo haber sido gastado de forma irregular.
La otra posibilidad es que no se trate de apropiación indebida, en cuyo caso estaríamos presuntamente ante remuneraciones encubiertas no declaradas a Hacienda y, por lo tanto, ante un fraude fiscal. Si finalmente se demuestra que el gasto de las tarjetas 'black' oculta remuneraciones no declaradas al Fisco, entonces la entidad financiera debería haber realizado las retenciones correspondientes para ingresarlas en la Agencia Tributaria y las cuantías previsiblemente serían superiores a los 120.000 euros anuales que la ley fija como límite a partir del cual existe delito fiscal.
Como Bankia nació en 2011, entonces la nueva entidad habría cometido fraude fiscal -no delito- si no realizó las citadas retenciones en ese año y en el siguiente (2012), dado que las cantidades que debería haber ingresado en Hacienda no superarían los 120.000 euros anuales.
Si nos atenemos ahora a los directivos y consejeros que usaron las tarjetas, estamos ante un presunto fraude en el IRPF ya que, como el resto de ciudadanos, deberían haber declarado los importes al tratarse de rendimientos del trabajo y, por lo tanto, estar sujetos a la retención correspondiente. En el caso de que se apreciara apropiación indebida en los directivos ahora imputados, se habría producido un enriquecimiento injusto para los restantes, y no estaríamos ante un delito ni fraude fiscal, pero sí ante la obligación de todos los consejeros y directivos de devolver las cantidades percibidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Código Penal.
Sin embargo, con independencia de que se devuelva el dinero -algo exigible si se ha producido apropiación indebida- lo importante ahora es que la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda lleguen hasta el final a la hora de investigar a todos los directivos y consejeros implicados en este escándalo, ya que lo habitual cuando se sienten cercados es que presenten declaraciones de IRPF voluntarias para eludir la correspondiente sanción. De todas formas, si ya hay directivos imputados y parte de ellos han devuelto las cantidades, no parece que el uso de las tarjetas sea una práctica tan legal como algunos nos quieren hacer ver.