México se ha visto intensamente sacudido por las atrocidades y el alto nivel de corrupción en Guerrero. El epicentro del terremoto se encuentra en Iguala, la tercera ciudad más grande del Estado.
Cincuenta mil manifestantes atestaron las principales avenidas de Ciudad de México el pasado miércoles, y las protestas se sucedieron en todo el país. Más de 80 delegados de la Asamblea Interuniversitaria han pedido un paro nacional en todas las actividades educativas el 5 de noviembre, y quieren que se unan otros grupos sociales. Los manifestantes incendiaron la sede estatal de Chilpancingo, la capital de Guerrero, y están saqueando supermercados y centros comerciales.
Estos son los acontecimientos que desataron el terremoto:
El 26 de septiembre, María de los Ángeles Pineda Villa, la mujer del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -de izquierdas-, estaba en la plaza principal dando un discurso sobre sus logros como jefa de la agencia de los servicios sociales municipales, y se rumoreaba que anunciaría su candidatura para suceder a su marido como alcaldesa en las próximas elecciones de junio, ya que ella también ostenta un cargo en el PRD estatal.
Justo cuando estaba empezando, llegaron dos grandes grupos de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una institución educativa con estudiantes notoriamente radicales. Se dirigían a la plaza central de Iguala con el fin de conseguir dinero para complementar su escaso subsidio diario de 50 pesos (2,90 euros). Según la Procuraduría General de la República, el alcalde ordenó al jefe de la Policía local que los detuviera. Después de un pequeño choque con la policía, los estudiantes "tomaron prestados" tres autobuses de la terminal local de autobuses para volver a Ayotzinapa y viajar hasta Ciudad de México para la marcha que conmemoraba la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Estaban saliendo de la ciudad cuando fueron atacados con ametralladoras por policías y tiradores del cártel Guerreros Unidos.
Murieron tres estudiantes, un jugador de fútbol que viajaba con su equipo de tercera división en un autobús que también fue baleado, un conductor de taxi y la pasajera que iba con él. Un estudiante aterrorizado que salió corriendo cuando la policía y los miembros de la banda rodearon a sus compañeros, fue hallado muerto. En un acto de violencia gratuita, le habían desollado la cara con una navaja y sacado los ojos. Los 43 estudiantes que se llevaron en coches de policía están desaparecidos desde entonces.
La familia de Pineda lleva años colaborando con los cárteles Beltrán Leyva, Sinaloa y Guerreros Unidos. Dos de sus hermanos murieron en una pelea entre bandas, otro pasó un tiempo en prisión, y un líder de Guerreros Unidos capturado hace poco la identificó como "operadora principal" de la actividad criminal dentro y en el entorno de Iguala. No se ha visto a los Abarcas desde que el alcalde pidió apresuradamente una licencia, y puede que ya estén en una de las fosas.
Los comunicados oficiales de que los 38 cuerpos descubiertos hasta ahora en diez fosas improvisadas no son de los estudiantes, más que calmar la indignación pública, la han exacerbado. Ahora la cuestión es: ¿de quién son los cadáveres atados, torturados, decapitados y carbonizados? ¿Habrá una investigación para encontrar a los criminales? ¿O se dejará que pase el tiempo hasta que la indignación pública se disipe y estos casos se unan al 98% de los homicidios no resueltos en el país, que han ocultado bajo una alfombra tan alta como el Pico de Orizaba, el más elevado de México? El 27 de octubre, cuatro personas detenidas esa mañana ofrecieron una información que llevó al descubrimiento de otra fosa clandestina con restos humanos en el vertedero municipal de Cocula, cuyo alcalde y fuerzas policiales habían sido arrestados dos semanas antes.
Un mes después de las atrocidades de Iguala, el gobierno federal está empantanado en un lodazal de información contradictoria y una parálisis en el castigo de los responsables de la desaparición de 43 estudiantes.
La caída del PRD en Guerrero -donde Ángel Aguirre, el gobernador que emigró del Partido Revolucionario Institucional (en el poder) al PRD justo a tiempo para ser elegido, se ha visto forzado a tomarse una licencia indefinida- llega tras la revelación de irregularidades multimillonarias en la construcción de una nueva línea de metro en Ciudad de México durante la administración del antiguo alcalde del PRD, Marcelo Ebrard, y la continua violencia en el Estado de Morelos, gobernado por el PRD, donde la capital de Cuernavaca y otras ciudades viven bajo el volcán de un clima de secuestros y ejecuciones a manos de los cárteles de Beltrán Leyva y Guerreros Unidos.
El Partido Acción Nacional (PAN) todavía tiene que recuperarse del estigma que adquirió durante la época del presidente Felipe Calderón.
Diez días después de asumir el cargo el 1 de diciembre de 2006, Calderón inició una guerra contra las drogas que se llevó por delante más de 120000 vidas y dejó 30000 desaparecidos en su legislatura de seis años cargada de violencia. Los oficiales del Gobierno aseguraron que la mayoría de las muertes se debían a luchas internas entre los cárteles, o eran miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en acción. Sin embargo, demasiadas personas eran víctimas inocentes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, como los 16 adolescentes que murieron en una fiesta de Ciudad Juárez acribillados a tiros por un escuadrón de hombres enmascarados.
Recordando al pozolero
Este último episodio en la creciente historia de terror mexicana nos recuerda a la brutalidad espantosa durante la presidencia de Calderón, como la de El Pozolero, que fue acusado en 2009 de haber disuelto los cuerpos de 300 miembros de un cártel rival en sosa cáustica por orden de su jefe, o las masacres de inmigrantes sin papeles de América Central y Sudamérica en su camino hacia Estados Unidos, secuestrados de autobuses y violados, torturados y asesinados en San Fernando, Tamaulipas por el cártel de Los Zetas como represalia por negarse a trabajar para el cártel o a pagar un rescate para ser liberados. En 2010, se descubrieron 72 cuerpos en un rancho, y un año después se exhumaron 193 en fosas comunes.
Un sicario de 14 años (el más joven) que fue arrestado en Cuernavaca declaró que había torturado y decapitado a más de 300 personas. A lo largo de los años de Calderón, era habitual encontrar cuerpos colgados de puentes, cadáveres -a menudo decapitados- o cabezas por las calles de la ciudad, en vehículos abandonados, en centros comerciales o en autovías. Normalmente, se dejaban mensajes amenazadores junto con los restos.
En 2011, varios hombres armados prendieron fuego a un casino de Monterrey, matando a más de 50 personas, de los cuales muchos estaban jugando al bingo. Probablemente se debiera a que los dueños se habían negado a pagar la extorsión. Los maestros de varios estados hicieron huelga en respuesta a las amenazas de los atacantes que exigían dinero. En junio de 2011, la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras anunció que había arrestado a más de 100 de sus agentes desde 2004 por colaborar con cárteles mexicanos. El PAN (Partido Acción Nacional) aún tiene que limpiar su reputación manchada.
"Si (como dijo Goya) el sueño de la razón produce monstruos, la razón ha estado en coma en México"
Dos días después de la tragedia de Ayotzinapa, el líder del PAN en Guerrero fue asesinado en un restaurante de Acapulco por dos miembros de su partido aparentemente descontentos porque no les habían dado los trabajos que querían.
Pero no sólo el PRD y el PAN están en el ojo del huracán. Michoacán, que hace frontera con Guerrero y está gobernado por el PRI (el partido del presidente), estuvo a punto de ser dirigido de facto por el cártel de los Caballeros Templarios, y los grupos de ciudadanos justicieros frustrados por la corrupción policial y la inacción se tomaron la justicia por su mano.
El presidente nombró a un comisario para hacerse cargo de la situación y cuando el hijo del gobernador salió en varios vídeos en los que compartía una cerveza y charlaba con La Tuta, líder del cártel (todavía en libertad), el gobernador fue sustituido por el director de la universidad estatal. Los justicieros fueron desarmados y crearon para ellos una policia rural ad hoc, pero el descontento actual está provocando que se unan de nuevo. El Estado de México, de donde procede Peña Nieto, y que hace frontera con Michoacán, Guerrero y otros cinco estados, también sufre serios problemas de violencia criminal en ciudades colindantes con Ciudad de México, como Ecatepec. Además, el fiscal general de Justicia Militar acaba de condenar a siete soldados y a un general por implicación en la ejecución sumaria de 22 presuntos traficantes de drogas.
Ahora que se acercan las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán el 15 de junio, los tres partidos dominantes han caído en el descrédito, dejando a los mexicanos huérfanos y sin alternativas para purgar al país de la corrupción rampante. Los siete partidos más pequeños son irrelevantes.
Las reformas del presidente Peña Nieto
Mucho antes de que Peña Nieto asumiera el cargo de presidente el 1 de diciembre de 2012, se sabía que los principales objetivos del nuevo Gobierno del PRI eran cambiar la imagen de México en el extranjero y promover la inversión extranjera. Para evitar el bloqueo legislativo, sus operadores improvisaron un "Pacto por México", regateando con los líderes de los principales partidos de la oposición, y lograron la aprobación de un paquete de reformas ambiciosas en el Congreso.
Las reformas educativas de gran alcance -precedidas por la detención y la encarcelación de la poderosa líder del mayor sindicato de profesores en México, que había desafiado públicamente al presidente- fueron seguidas por nuevas normas que pretendían fomentar la competencia en las telecomunicaciones, actualmente controladas por tres grandes empresas. Sin embargo, la reforma más amplia y más controvertida ha abierto el sector de la energía a la inversión privada y extranjera, un tabú desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió y nacionalizó todas las reservas de petróleo y las empresas petroleras extranjeras en México.
Para muchos, uno de los aspectos más preocupantes de la reforma energética es la posibilidad de que propiedades privadas sean expropiadas para la búsqueda de petróleo y gas. La reforma podría someterse a un referéndum que exigen millones de ciudadanos cuando los tribunales determinen su legalidad.
La euforia y el autobombo tras la aprobación de las reformas han evocado el alarde del antiguo presidente José Lopez Portillo, que dijo lo de "¡mexicanos, somos ricos!" cuando se descubrieron amplias reservas petroleras en el Golfo de México en 1978, dando lugar a un boom de varios años de corrupción.
Durante los dos últimos años, se ha detenido o asesinado a una serie de jefes de la droga, pero sus secuaces, a la espera de su turno, les han sucedido rápidamente, o el control del territorio ha pasado a otros grupos. Los cárteles se han diseminado y ramificado, complementando sus ingresos del mercado lucrativo de la droga en Estados Unidos -donde se originan la mayoría de las armas que utilizan los delincuentes mexicanos- con la extorsión, los chantajes y los secuestros.
Peña Nieto puso fin a la práctica de Calderón de exhibir en televisión a los delincuentes capturados y ha bajado el tono de los informes sobre violencia en los medios. Hay fuerzas de policía municipal que se han disuelto por completo. No obstante, cada día hay noticias de nuevos enfrentamientos, secuestros y asesinatos, y ya se han descubierto fosas comunes clandestinas en Jalisco, Tamaulipas y Veracruz.
Hace cinco años, Ciudad Juárez, en la frontera del norte con Estados Unidos, se consideraba la ciudad más peligrosa de México, pero ahora el centro de gravedad parece haberse desplazado a Guerrero, históricamente uno de los estados más violentos y caldo de cultivo de la insurgencia guerrillera.
Tras los últimos descubrimientos en Iguala, la gente sospecha que el país puede estar plagado de fosas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha abrumado a las embajadas y los consulados con instrucciones para el control de daños. Hay una parodia de la portada de la revista Time con Peña Nieto y el lema "Saving Mexico" [Salvando México], mostrándolo con una guadaña, que se ha hecho muy popular en Internet.
Podría parecer que el tan proclamado Momento Mexicano no pertenece a las corporaciones multinacionales ansiosas por una porción de petróleo, gas, energía del viento y por los proyectos del mega-aeropuerto de la Ciudad de México, trenes de alto velocidad y autopistas. En la explosiva situación actual, si a la ciudadanía se le deja sin opciones democráticas para afrontar la corrupción política, corremos el riesgo de que se repita un 1968, cuando los movimientos estudiantiles pusieron al Gobierno contra las cuerdas poco antes de las Olimpiadas de Verano en Ciudad de México. Todo culminó en la matanza de Tlatelolco, cuando un número desconocido de manifestantes pacíficos fueron asesinados a tiros por fuerzas de choque y tropas del Gobierno y más de 1300 fueron detenidos.
Hoy en día, en todo México resuena el grito: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Si algún día se encuentra a los 43 estudiantes, y están muertos (¿por qué y dónde los estarán escondiendo sus secuestradores?), se desatará la cólera de todo el país. ¿Están el presidente y su gabinete preparados para tal cataclismo?
Un número significante de la policía, los políticos y los jueces ha sido comprado o puesto en el cargo por los cárteles. Los mexicanos están hartos de vivir en un estado de corrupción e impunidad persistente. Están perdiendo la esperanza. Si (como dijo Goya) el sueño de la razón produce monstruos, la razón ha estado en coma en México. Lo que necesitamos desesperadamente por parte de Peña Nieto es un nuevo pacto que se resuma en dos palabras: honestidad y justicia.
Éste puede ser el verdadero Momento Mexicano.
Homero Aridjis es un poeta, novelista, activista ambiental y antiguo embajador mexicano. Es autor de la obra 1492, Vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla.
Este post fue publicado originalmente en The World Post, una iniciativa conjunta de The Huffington Post y The Berggruen Institute on Governance y ha sido traducido del inglés.
Traducción de Marina Velasco Serrano
Cincuenta mil manifestantes atestaron las principales avenidas de Ciudad de México el pasado miércoles, y las protestas se sucedieron en todo el país. Más de 80 delegados de la Asamblea Interuniversitaria han pedido un paro nacional en todas las actividades educativas el 5 de noviembre, y quieren que se unan otros grupos sociales. Los manifestantes incendiaron la sede estatal de Chilpancingo, la capital de Guerrero, y están saqueando supermercados y centros comerciales.
Estos son los acontecimientos que desataron el terremoto:
El 26 de septiembre, María de los Ángeles Pineda Villa, la mujer del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -de izquierdas-, estaba en la plaza principal dando un discurso sobre sus logros como jefa de la agencia de los servicios sociales municipales, y se rumoreaba que anunciaría su candidatura para suceder a su marido como alcaldesa en las próximas elecciones de junio, ya que ella también ostenta un cargo en el PRD estatal.
Justo cuando estaba empezando, llegaron dos grandes grupos de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una institución educativa con estudiantes notoriamente radicales. Se dirigían a la plaza central de Iguala con el fin de conseguir dinero para complementar su escaso subsidio diario de 50 pesos (2,90 euros). Según la Procuraduría General de la República, el alcalde ordenó al jefe de la Policía local que los detuviera. Después de un pequeño choque con la policía, los estudiantes "tomaron prestados" tres autobuses de la terminal local de autobuses para volver a Ayotzinapa y viajar hasta Ciudad de México para la marcha que conmemoraba la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Estaban saliendo de la ciudad cuando fueron atacados con ametralladoras por policías y tiradores del cártel Guerreros Unidos.
Murieron tres estudiantes, un jugador de fútbol que viajaba con su equipo de tercera división en un autobús que también fue baleado, un conductor de taxi y la pasajera que iba con él. Un estudiante aterrorizado que salió corriendo cuando la policía y los miembros de la banda rodearon a sus compañeros, fue hallado muerto. En un acto de violencia gratuita, le habían desollado la cara con una navaja y sacado los ojos. Los 43 estudiantes que se llevaron en coches de policía están desaparecidos desde entonces.
La familia de Pineda lleva años colaborando con los cárteles Beltrán Leyva, Sinaloa y Guerreros Unidos. Dos de sus hermanos murieron en una pelea entre bandas, otro pasó un tiempo en prisión, y un líder de Guerreros Unidos capturado hace poco la identificó como "operadora principal" de la actividad criminal dentro y en el entorno de Iguala. No se ha visto a los Abarcas desde que el alcalde pidió apresuradamente una licencia, y puede que ya estén en una de las fosas.
Los comunicados oficiales de que los 38 cuerpos descubiertos hasta ahora en diez fosas improvisadas no son de los estudiantes, más que calmar la indignación pública, la han exacerbado. Ahora la cuestión es: ¿de quién son los cadáveres atados, torturados, decapitados y carbonizados? ¿Habrá una investigación para encontrar a los criminales? ¿O se dejará que pase el tiempo hasta que la indignación pública se disipe y estos casos se unan al 98% de los homicidios no resueltos en el país, que han ocultado bajo una alfombra tan alta como el Pico de Orizaba, el más elevado de México? El 27 de octubre, cuatro personas detenidas esa mañana ofrecieron una información que llevó al descubrimiento de otra fosa clandestina con restos humanos en el vertedero municipal de Cocula, cuyo alcalde y fuerzas policiales habían sido arrestados dos semanas antes.
Un mes después de las atrocidades de Iguala, el gobierno federal está empantanado en un lodazal de información contradictoria y una parálisis en el castigo de los responsables de la desaparición de 43 estudiantes.
La caída del PRD en Guerrero -donde Ángel Aguirre, el gobernador que emigró del Partido Revolucionario Institucional (en el poder) al PRD justo a tiempo para ser elegido, se ha visto forzado a tomarse una licencia indefinida- llega tras la revelación de irregularidades multimillonarias en la construcción de una nueva línea de metro en Ciudad de México durante la administración del antiguo alcalde del PRD, Marcelo Ebrard, y la continua violencia en el Estado de Morelos, gobernado por el PRD, donde la capital de Cuernavaca y otras ciudades viven bajo el volcán de un clima de secuestros y ejecuciones a manos de los cárteles de Beltrán Leyva y Guerreros Unidos.
El Partido Acción Nacional (PAN) todavía tiene que recuperarse del estigma que adquirió durante la época del presidente Felipe Calderón.
Diez días después de asumir el cargo el 1 de diciembre de 2006, Calderón inició una guerra contra las drogas que se llevó por delante más de 120000 vidas y dejó 30000 desaparecidos en su legislatura de seis años cargada de violencia. Los oficiales del Gobierno aseguraron que la mayoría de las muertes se debían a luchas internas entre los cárteles, o eran miembros de las fuerzas de seguridad asesinados en acción. Sin embargo, demasiadas personas eran víctimas inocentes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, como los 16 adolescentes que murieron en una fiesta de Ciudad Juárez acribillados a tiros por un escuadrón de hombres enmascarados.
Recordando al pozolero
Este último episodio en la creciente historia de terror mexicana nos recuerda a la brutalidad espantosa durante la presidencia de Calderón, como la de El Pozolero, que fue acusado en 2009 de haber disuelto los cuerpos de 300 miembros de un cártel rival en sosa cáustica por orden de su jefe, o las masacres de inmigrantes sin papeles de América Central y Sudamérica en su camino hacia Estados Unidos, secuestrados de autobuses y violados, torturados y asesinados en San Fernando, Tamaulipas por el cártel de Los Zetas como represalia por negarse a trabajar para el cártel o a pagar un rescate para ser liberados. En 2010, se descubrieron 72 cuerpos en un rancho, y un año después se exhumaron 193 en fosas comunes.
Un sicario de 14 años (el más joven) que fue arrestado en Cuernavaca declaró que había torturado y decapitado a más de 300 personas. A lo largo de los años de Calderón, era habitual encontrar cuerpos colgados de puentes, cadáveres -a menudo decapitados- o cabezas por las calles de la ciudad, en vehículos abandonados, en centros comerciales o en autovías. Normalmente, se dejaban mensajes amenazadores junto con los restos.
En 2011, varios hombres armados prendieron fuego a un casino de Monterrey, matando a más de 50 personas, de los cuales muchos estaban jugando al bingo. Probablemente se debiera a que los dueños se habían negado a pagar la extorsión. Los maestros de varios estados hicieron huelga en respuesta a las amenazas de los atacantes que exigían dinero. En junio de 2011, la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección de Fronteras anunció que había arrestado a más de 100 de sus agentes desde 2004 por colaborar con cárteles mexicanos. El PAN (Partido Acción Nacional) aún tiene que limpiar su reputación manchada.
"Si (como dijo Goya) el sueño de la razón produce monstruos, la razón ha estado en coma en México"
Dos días después de la tragedia de Ayotzinapa, el líder del PAN en Guerrero fue asesinado en un restaurante de Acapulco por dos miembros de su partido aparentemente descontentos porque no les habían dado los trabajos que querían.
Pero no sólo el PRD y el PAN están en el ojo del huracán. Michoacán, que hace frontera con Guerrero y está gobernado por el PRI (el partido del presidente), estuvo a punto de ser dirigido de facto por el cártel de los Caballeros Templarios, y los grupos de ciudadanos justicieros frustrados por la corrupción policial y la inacción se tomaron la justicia por su mano.
El presidente nombró a un comisario para hacerse cargo de la situación y cuando el hijo del gobernador salió en varios vídeos en los que compartía una cerveza y charlaba con La Tuta, líder del cártel (todavía en libertad), el gobernador fue sustituido por el director de la universidad estatal. Los justicieros fueron desarmados y crearon para ellos una policia rural ad hoc, pero el descontento actual está provocando que se unan de nuevo. El Estado de México, de donde procede Peña Nieto, y que hace frontera con Michoacán, Guerrero y otros cinco estados, también sufre serios problemas de violencia criminal en ciudades colindantes con Ciudad de México, como Ecatepec. Además, el fiscal general de Justicia Militar acaba de condenar a siete soldados y a un general por implicación en la ejecución sumaria de 22 presuntos traficantes de drogas.
Ahora que se acercan las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán el 15 de junio, los tres partidos dominantes han caído en el descrédito, dejando a los mexicanos huérfanos y sin alternativas para purgar al país de la corrupción rampante. Los siete partidos más pequeños son irrelevantes.
Las reformas del presidente Peña Nieto
Mucho antes de que Peña Nieto asumiera el cargo de presidente el 1 de diciembre de 2012, se sabía que los principales objetivos del nuevo Gobierno del PRI eran cambiar la imagen de México en el extranjero y promover la inversión extranjera. Para evitar el bloqueo legislativo, sus operadores improvisaron un "Pacto por México", regateando con los líderes de los principales partidos de la oposición, y lograron la aprobación de un paquete de reformas ambiciosas en el Congreso.
Las reformas educativas de gran alcance -precedidas por la detención y la encarcelación de la poderosa líder del mayor sindicato de profesores en México, que había desafiado públicamente al presidente- fueron seguidas por nuevas normas que pretendían fomentar la competencia en las telecomunicaciones, actualmente controladas por tres grandes empresas. Sin embargo, la reforma más amplia y más controvertida ha abierto el sector de la energía a la inversión privada y extranjera, un tabú desde 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió y nacionalizó todas las reservas de petróleo y las empresas petroleras extranjeras en México.
Para muchos, uno de los aspectos más preocupantes de la reforma energética es la posibilidad de que propiedades privadas sean expropiadas para la búsqueda de petróleo y gas. La reforma podría someterse a un referéndum que exigen millones de ciudadanos cuando los tribunales determinen su legalidad.
La euforia y el autobombo tras la aprobación de las reformas han evocado el alarde del antiguo presidente José Lopez Portillo, que dijo lo de "¡mexicanos, somos ricos!" cuando se descubrieron amplias reservas petroleras en el Golfo de México en 1978, dando lugar a un boom de varios años de corrupción.
Durante los dos últimos años, se ha detenido o asesinado a una serie de jefes de la droga, pero sus secuaces, a la espera de su turno, les han sucedido rápidamente, o el control del territorio ha pasado a otros grupos. Los cárteles se han diseminado y ramificado, complementando sus ingresos del mercado lucrativo de la droga en Estados Unidos -donde se originan la mayoría de las armas que utilizan los delincuentes mexicanos- con la extorsión, los chantajes y los secuestros.
Peña Nieto puso fin a la práctica de Calderón de exhibir en televisión a los delincuentes capturados y ha bajado el tono de los informes sobre violencia en los medios. Hay fuerzas de policía municipal que se han disuelto por completo. No obstante, cada día hay noticias de nuevos enfrentamientos, secuestros y asesinatos, y ya se han descubierto fosas comunes clandestinas en Jalisco, Tamaulipas y Veracruz.
Hace cinco años, Ciudad Juárez, en la frontera del norte con Estados Unidos, se consideraba la ciudad más peligrosa de México, pero ahora el centro de gravedad parece haberse desplazado a Guerrero, históricamente uno de los estados más violentos y caldo de cultivo de la insurgencia guerrillera.
Tras los últimos descubrimientos en Iguala, la gente sospecha que el país puede estar plagado de fosas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha abrumado a las embajadas y los consulados con instrucciones para el control de daños. Hay una parodia de la portada de la revista Time con Peña Nieto y el lema "Saving Mexico" [Salvando México], mostrándolo con una guadaña, que se ha hecho muy popular en Internet.
Podría parecer que el tan proclamado Momento Mexicano no pertenece a las corporaciones multinacionales ansiosas por una porción de petróleo, gas, energía del viento y por los proyectos del mega-aeropuerto de la Ciudad de México, trenes de alto velocidad y autopistas. En la explosiva situación actual, si a la ciudadanía se le deja sin opciones democráticas para afrontar la corrupción política, corremos el riesgo de que se repita un 1968, cuando los movimientos estudiantiles pusieron al Gobierno contra las cuerdas poco antes de las Olimpiadas de Verano en Ciudad de México. Todo culminó en la matanza de Tlatelolco, cuando un número desconocido de manifestantes pacíficos fueron asesinados a tiros por fuerzas de choque y tropas del Gobierno y más de 1300 fueron detenidos.
Hoy en día, en todo México resuena el grito: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Si algún día se encuentra a los 43 estudiantes, y están muertos (¿por qué y dónde los estarán escondiendo sus secuestradores?), se desatará la cólera de todo el país. ¿Están el presidente y su gabinete preparados para tal cataclismo?
Un número significante de la policía, los políticos y los jueces ha sido comprado o puesto en el cargo por los cárteles. Los mexicanos están hartos de vivir en un estado de corrupción e impunidad persistente. Están perdiendo la esperanza. Si (como dijo Goya) el sueño de la razón produce monstruos, la razón ha estado en coma en México. Lo que necesitamos desesperadamente por parte de Peña Nieto es un nuevo pacto que se resuma en dos palabras: honestidad y justicia.
Éste puede ser el verdadero Momento Mexicano.
Homero Aridjis es un poeta, novelista, activista ambiental y antiguo embajador mexicano. Es autor de la obra 1492, Vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla.
Este post fue publicado originalmente en The World Post, una iniciativa conjunta de The Huffington Post y The Berggruen Institute on Governance y ha sido traducido del inglés.
Traducción de Marina Velasco Serrano