No resulta muy compatible la decisión del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de suspender provisionalmente los diálogos de paz de La Habana con las FARC-EP y el hecho de pedir, al mismo tiempo, explicaciones al Ministerio de Defensa sobre por qué el general secuestrado había incumplido todos los protocolos de seguridad en su extraña visita por el río Atrato. Si existen, como parece, dudas sobre el proceder del general Alzate y de cómo eso ha podido influir en su secuestro, no parece que la decisión correcta sea la de suspender los diálogos de paz. Penalizar el proceso cuando aún existen muchas incógnitas sobre lo que ha sucedido y sobre la implicación o responsabilidad de los diversos actores, es una decisión apresurada.
Negociar en medio del conflicto, sin acuerdos de alto el fuego bilateral o treguas de algún otro tipo, es siempre una decisión arriesgada. En estos dos años de diálogos de paz se ha podido avanzar mucho en los puntos de acuerdo, pero el riesgo de que sucesos como el que hoy comentamos pudieran afectar a las negociaciones ha estado siempre presente. Las FARC-EP han demostrado en los tres periodos de cese el fuego unilateral por ellos decretado que tienen un gran control sobre sus diferentes bloques en el territorio, y durante ellos las violaciones de la tregua fueron escasas. Los llamamientos por parte de muchos sectores a un alto el fuego bilateral o, al menos, de ciertos acuerdos de carácter humanitario, no han sido escuchados y, más allá de lo impactante que pueda ser el secuestro de un general del Ejército, las consecuencias humanitarias de esta decisión de negociar en medio del conflicto han sido, y están siendo, devastadoras para la población colombiana.
Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) entre noviembre de 2012 (fecha de inicio de las negociaciones) y junio de 2014, al menos 248.276 personas fueron desplazadas en Colombia. Esto significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones con las FARC-EP en La Habana, cada mes, cerca de 15.400 personas son forzadas a abandonar su lugar de residencia como consecuencia del conflicto y la violencia. Cerca de la mitad de los desplazamientos en este periodo (48%) fue producto de las acciones de las FARC-EP y el ELN, mientras que los Grupos Armados Post Desmovilización ("BACRIM" en el lenguaje oficial, aunque muchos tienen nexos con el paramilitarismo) generaron uno de cada cinco desplazamientos (19%). Respecto a las minas antipersonal, verdadera lacra en este conflicto, entre noviembre de 2012 y junio de 2014, se registraron 596 víctimas (40% de ellas civiles) de MAP/MUSE , según cifras oficiales, lo que significa que cada día una persona (militar o civil) es víctima de estos artefactos explosivos. Y las minas antipersonal y las personas desplazadas son solo dos de los efectos de este largo conflicto. Es decir, la guerra sigue cada día cobrándose víctimas y, sin embargo, nada de esto ha impedido seguir con las negociaciones. Los propios soldados colombianos, eso sí, sin galones de general, han sufrido las consecuencias de la guerra.
Es el tiempo del alto el fuego bilateral
Haber llegado a acuerdos parciales en tres de los puntos de la agenda -política de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas-, y que se haya iniciado la discusión del apartado relativo a las víctimas con la participación de representantes de este colectivo en La Habana supone el traspaso de un punto de no retorno en el que un acuerdo entre las partes parece posible. Si a esto añadimos el reciente viaje del presidente Santos por Europa "vendiendo la piel del oso", y si de veras se quieren recabar apoyos para lo que el Gobierno llama el "posconflicto"- datos todos ellos que indican un salto cualitativo de la negociación-, el acercamiento hacia un cese bilateral de hostilidades parecería de lo más pertinente.
En todo proceso de negociación de acuerdos de paz, se debe mantener la calma y no perder el norte al que se quiere llegar. Si el Gobierno colombiano decidió no suspender las hostilidades durante el proceso, debe ser consciente de los riesgos que eso implica y, por tanto, no debería suspender el diálogo en estos momentos. Mucho menos si no están claras aún las circunstancias que rodean el caso.
Negociar en medio del conflicto, sin acuerdos de alto el fuego bilateral o treguas de algún otro tipo, es siempre una decisión arriesgada. En estos dos años de diálogos de paz se ha podido avanzar mucho en los puntos de acuerdo, pero el riesgo de que sucesos como el que hoy comentamos pudieran afectar a las negociaciones ha estado siempre presente. Las FARC-EP han demostrado en los tres periodos de cese el fuego unilateral por ellos decretado que tienen un gran control sobre sus diferentes bloques en el territorio, y durante ellos las violaciones de la tregua fueron escasas. Los llamamientos por parte de muchos sectores a un alto el fuego bilateral o, al menos, de ciertos acuerdos de carácter humanitario, no han sido escuchados y, más allá de lo impactante que pueda ser el secuestro de un general del Ejército, las consecuencias humanitarias de esta decisión de negociar en medio del conflicto han sido, y están siendo, devastadoras para la población colombiana.
Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) entre noviembre de 2012 (fecha de inicio de las negociaciones) y junio de 2014, al menos 248.276 personas fueron desplazadas en Colombia. Esto significa que mientras se llevan a cabo las negociaciones con las FARC-EP en La Habana, cada mes, cerca de 15.400 personas son forzadas a abandonar su lugar de residencia como consecuencia del conflicto y la violencia. Cerca de la mitad de los desplazamientos en este periodo (48%) fue producto de las acciones de las FARC-EP y el ELN, mientras que los Grupos Armados Post Desmovilización ("BACRIM" en el lenguaje oficial, aunque muchos tienen nexos con el paramilitarismo) generaron uno de cada cinco desplazamientos (19%). Respecto a las minas antipersonal, verdadera lacra en este conflicto, entre noviembre de 2012 y junio de 2014, se registraron 596 víctimas (40% de ellas civiles) de MAP/MUSE , según cifras oficiales, lo que significa que cada día una persona (militar o civil) es víctima de estos artefactos explosivos. Y las minas antipersonal y las personas desplazadas son solo dos de los efectos de este largo conflicto. Es decir, la guerra sigue cada día cobrándose víctimas y, sin embargo, nada de esto ha impedido seguir con las negociaciones. Los propios soldados colombianos, eso sí, sin galones de general, han sufrido las consecuencias de la guerra.
Es el tiempo del alto el fuego bilateral
Haber llegado a acuerdos parciales en tres de los puntos de la agenda -política de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas-, y que se haya iniciado la discusión del apartado relativo a las víctimas con la participación de representantes de este colectivo en La Habana supone el traspaso de un punto de no retorno en el que un acuerdo entre las partes parece posible. Si a esto añadimos el reciente viaje del presidente Santos por Europa "vendiendo la piel del oso", y si de veras se quieren recabar apoyos para lo que el Gobierno llama el "posconflicto"- datos todos ellos que indican un salto cualitativo de la negociación-, el acercamiento hacia un cese bilateral de hostilidades parecería de lo más pertinente.
En todo proceso de negociación de acuerdos de paz, se debe mantener la calma y no perder el norte al que se quiere llegar. Si el Gobierno colombiano decidió no suspender las hostilidades durante el proceso, debe ser consciente de los riesgos que eso implica y, por tanto, no debería suspender el diálogo en estos momentos. Mucho menos si no están claras aún las circunstancias que rodean el caso.