Túnez acaba su primera semana de reuniones para redactar el proyecto de su texto constituyente y ya resuenan los primeros tambores de que el resultado servirá de modelo para el resto de países de la zona. Y eso no es una buena noticia ni es tal vez el resultado deseado tras tres años de protestas, de luchas y tensiones internas. Tres años en los que la ciudadanía lo ha entregado todo y será difícil olvidar lo vivido. Como he mencionado en un artículo anterior, llama la atención la poca repercusión del proceso -aún sin acabar- en la prensa internacional. Tanto el diario Le Monde, como El País, han mencionado en titulares los "logros" de la nueva Constitución como la eliminación de la Sharía del texto o la inclusión, por primera vez, de la igualdad entre los sexos. Cabe decir que, si bien el término explícito de Sharía no figura en ningún artículo, el texto desprende desde el inicio -invocando a Dios el misericordioso- una fuerte vinculación con la religión musulmana. El artículo 1 define Túnez como un Estado cuya religión es el islam; se alude constantemente a él en términos de "estado musulmán" en los diferentes artículos. Si bien es cierto que el artículo 6 -polémico y confuso- cita la libertad de conciencia, combinada con la guardia y defensa que debe hacer el Estado de la religión y el carácter sagrado de la vida, es uno de los que ilustra el pulso que está habiendo en el proceso de redacción entre las dos corrientes: la religiosa y la laica.
Otro de los artículos que ha suscitado críticas, tal vez el que más, ha sido el relativo a la Educación. El artículo 38 sostiene que "la educación, la enseñanza y la formación deben inculcar la identidad árabe-musulmana". Este carácter identitario contradice el espíritu de lo que debe ser la educación en la formación de las personas y la convierte en un rehén político; se ha señalado que se trata de un texto que vela más por la identidad que por los derechos. En un mundo global, restringir la educación a una pertenencia y a una lengua, el árabe, resulta empobrecedor y menoscaba la riqueza y la necesaria presencia de otras lenguas extranjeras en el intercambio cultural y científico. Paralelamente, y acorde con esta polarización de las fuerzas, el artículo 41 plantea el derecho a la cultura y a la libertad de creación. Otro escollo lo plantea el artículo 73 -rechazado de momento- que delimita las exigencias que debe cumplir el candidato a jefe del Estado: cumplir un límite de edad, por arriba y por abajo, tener nacionalidad tunecina, presentar un número de avales y ser de religión musulmana. El máximo representante del Estado musulmán debe profesar su religión, y ahí los partidarios de la libertad religiosa -incluida la de ser ateo- han visto cómo sus expectativas se han topado con la indisociable unión islam-estado. De nuevo la asociación entre identidad, cultura y religión se hace patente.
Pero todo ello no es más que el resultado de lo que está pasando en el Parlamento entre sus diputados. Si cada artículo es objeto de intensos debates y enfrentamientos es porque existen dos fuerzas enfrentadas y firmes en sus convicciones y objetivos. Los progresistas le reprochan al partido de Ennahda haber importado una cultura extranjera. Este texto presenta ventajas como son el hecho de ser un logro propio para la ciudadanía, no haber sido importado y que ha sido consecuencia de las protestas de estos tres últimos años. Los inconvenientes que presenta son, entre otros, un enfrentamiento que se vislumbra duradero en el tiempo entre una visión moderna, aperturista y laica frente a otra, identitaria y muy anclada en el sectarismo de la religión. Entre tanto tira y afloja, el texto se parece más a un patchwork en palabras de la diputada del bloque progresista musulmán y representante en la Asamblea Constituyente del partido Al Massar, Nadia Châabanne para quien, si bien ilustra la fuerte división de fuerzas, no sabemos si garantizará la durabilidad necesaria, si al final se aprueba con los dos tercios que necesita.
Conviene finalmente reflexionar sobre la repercusión que en el resto del mundo está teniendo el proceso que ya se vende como "patente de corso" para el resto de países de la zona. Existe interés por parte de la prensa internacional de vender cada titular como una cesión de los islamistas de Ennahda, raras veces se menciona que algunas victorias que plantea este proyecto de Constitución ya se recogían en el anterior, como el tema de la igualdad. ¿Existen intereses internacionales para vender las contínuas cesiones de Ennahda? Porque existe un interés por subrayar que el texto, que dará estabilidad al país, se enmarca dentro de una pertenencia religiosa como el mejor de los males. Así lo destaca el Washington Post en su editorial del pasado 11 de enero: "Los compromisos democráticos de Túnez deberían servir como modelo regional", dejando por sentado que un estado laico es una quimera absolutamente imposible en estos momentos. No en vano hay que señalar que sólo medios de tendencia claramente de izquierdas como el diario francés Libération, se han hecho eco de las dudas y los miedos que plantea un texto en el que la identidad cultural y religiosa gira en torno a la musulmaneidad. Me viene a la cabeza el reparto en nuestro mundo global de los comunitarismos religiosos que señala Maalouf.
Vender que Túnez pacíficamente y democráticamente da carpetazo al antiguo orden y establecerá el paradigma de uno nuevo, que sirva de referente para el resto de países de la zona, transmite paz y tranquilidad a Occidente pero no sé si satisface las esperanzas y deseos de la sociedad tunecina. El debate sigue tenso porque el artículo 90 que atribuye las competencias al jefe del Estado y al primer ministro se ha atascado. Faltan 60 artículos y todo debería haber quedado redactado este martes, fecha del tercer aniversario del inicio de las revueltas.
Otro de los artículos que ha suscitado críticas, tal vez el que más, ha sido el relativo a la Educación. El artículo 38 sostiene que "la educación, la enseñanza y la formación deben inculcar la identidad árabe-musulmana". Este carácter identitario contradice el espíritu de lo que debe ser la educación en la formación de las personas y la convierte en un rehén político; se ha señalado que se trata de un texto que vela más por la identidad que por los derechos. En un mundo global, restringir la educación a una pertenencia y a una lengua, el árabe, resulta empobrecedor y menoscaba la riqueza y la necesaria presencia de otras lenguas extranjeras en el intercambio cultural y científico. Paralelamente, y acorde con esta polarización de las fuerzas, el artículo 41 plantea el derecho a la cultura y a la libertad de creación. Otro escollo lo plantea el artículo 73 -rechazado de momento- que delimita las exigencias que debe cumplir el candidato a jefe del Estado: cumplir un límite de edad, por arriba y por abajo, tener nacionalidad tunecina, presentar un número de avales y ser de religión musulmana. El máximo representante del Estado musulmán debe profesar su religión, y ahí los partidarios de la libertad religiosa -incluida la de ser ateo- han visto cómo sus expectativas se han topado con la indisociable unión islam-estado. De nuevo la asociación entre identidad, cultura y religión se hace patente.
Pero todo ello no es más que el resultado de lo que está pasando en el Parlamento entre sus diputados. Si cada artículo es objeto de intensos debates y enfrentamientos es porque existen dos fuerzas enfrentadas y firmes en sus convicciones y objetivos. Los progresistas le reprochan al partido de Ennahda haber importado una cultura extranjera. Este texto presenta ventajas como son el hecho de ser un logro propio para la ciudadanía, no haber sido importado y que ha sido consecuencia de las protestas de estos tres últimos años. Los inconvenientes que presenta son, entre otros, un enfrentamiento que se vislumbra duradero en el tiempo entre una visión moderna, aperturista y laica frente a otra, identitaria y muy anclada en el sectarismo de la religión. Entre tanto tira y afloja, el texto se parece más a un patchwork en palabras de la diputada del bloque progresista musulmán y representante en la Asamblea Constituyente del partido Al Massar, Nadia Châabanne para quien, si bien ilustra la fuerte división de fuerzas, no sabemos si garantizará la durabilidad necesaria, si al final se aprueba con los dos tercios que necesita.
Conviene finalmente reflexionar sobre la repercusión que en el resto del mundo está teniendo el proceso que ya se vende como "patente de corso" para el resto de países de la zona. Existe interés por parte de la prensa internacional de vender cada titular como una cesión de los islamistas de Ennahda, raras veces se menciona que algunas victorias que plantea este proyecto de Constitución ya se recogían en el anterior, como el tema de la igualdad. ¿Existen intereses internacionales para vender las contínuas cesiones de Ennahda? Porque existe un interés por subrayar que el texto, que dará estabilidad al país, se enmarca dentro de una pertenencia religiosa como el mejor de los males. Así lo destaca el Washington Post en su editorial del pasado 11 de enero: "Los compromisos democráticos de Túnez deberían servir como modelo regional", dejando por sentado que un estado laico es una quimera absolutamente imposible en estos momentos. No en vano hay que señalar que sólo medios de tendencia claramente de izquierdas como el diario francés Libération, se han hecho eco de las dudas y los miedos que plantea un texto en el que la identidad cultural y religiosa gira en torno a la musulmaneidad. Me viene a la cabeza el reparto en nuestro mundo global de los comunitarismos religiosos que señala Maalouf.
Vender que Túnez pacíficamente y democráticamente da carpetazo al antiguo orden y establecerá el paradigma de uno nuevo, que sirva de referente para el resto de países de la zona, transmite paz y tranquilidad a Occidente pero no sé si satisface las esperanzas y deseos de la sociedad tunecina. El debate sigue tenso porque el artículo 90 que atribuye las competencias al jefe del Estado y al primer ministro se ha atascado. Faltan 60 artículos y todo debería haber quedado redactado este martes, fecha del tercer aniversario del inicio de las revueltas.