Terminó el Consejo de Ministros el pasado viernes y la vicepresidenta cantó las glorias de la visadorada en rueda de prensa, su espacio electoral gratuito.
Digamos en primer lugar que a esta letrada las matemáticas le fallan. Porque si se han otorgado 3.100 permisos de residencia con una inversión mínima de 500.000 euros, la cantidad de inversión extranjera recibida estaría en torno a los 1.550 en lugar de los 690 millones de euros de la vicepresidenta.
Y es que hay que tener en cuenta que la actual Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización permite obtener la residencia a través de una inversión mínima de 500.000 euros en vivienda, un millón de euros en acciones o negocios o dos millones de euros en deuda pública.
Por supuesto que 3.100 visados otorgados no es un mal número, si tan sólo la inversión prevista se hubiese materializado. Pero Soraya, además de ser de letras, utilizó un informe que el Gobierno se sacó de la chistera sin pensarlo demasiado con la única intención de responder a una propuesta que dos días antes había presentado Luis Garicano, el flamante economista de Ciudadanos para atraer inversores y empresarios extranjeros.
De cualquier modo, los agentes económicos y sociales nos alegramos que se piense en generar mas inversión en nuestro país y que se haya dejado a un lado la retórica de los recortes. Pero también sabemos que para pasar del estado larvario electoralista a la realidad económico-social es preciso replantear la estrategia existente en términos más realistas, porque los inversores extranjeros suman y multiplican muy bien.
Pero aquí no se está inventando nada. El permiso de residencia por inversión existe en todos los países del mundo. El modelo español, además de tardío, tiene importantes deficiencias en su administración.
Digamos que las matemáticas de Soraya fallan y es preciso replantear la norma y la estrategia de captación de inversiones extranjeras, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.- La inversión debería ser real; con capital efectivamente desembolsado, con potencial de desarrollo empresarial y que venga acompañada de creación de empleo neto. Los resultados del programa deberían cuantificarse de acuerdo a dichos objetivos y no sólo por el número de permisos de residencia otorgados -como en las matemáticas de la vicepresidenta-.
2.- La inversión realizada y su rentabilidad debería tener un tratamiento fiscal preferente en la medida que se asegure su permanencia en España a largo plazo. De esta forma evitaríamos la desinversión masiva que ocurrió hace unos años.
3.- El inversor que traslade su residencia a España debería tributar sólo por sus ingresos en España. Por lo tanto, sería preciso reformar la normativa del IRPF, Patrimonio y Sucesiones aplicable al inversor que resida en nuestro país por un periodo inferior a cinco años. Se podría contemplar la aplicación extensiva del tratamiento fiscal del régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, previsto en el artículo 93 de la LIRPF, al inversor extranjero que cumpla el criterio previsto.
4.- Es urgente revisar y agilizar la normativa contra el blanqueo de capitales. Y, sobre todo, eliminar la presunción de criminalidad que aplican nuestros bancos a los inversores residentes en ciertos países árabes, latinoamericanos o asiáticos, sin existir informe penal en contra.
5.- A nivel práctico, es preciso que los visados para visitar España antes de la inversión puedan tramitarse de forma más eficiente y con un criterio uniforme regulado por Ley. Nuestros consulados mantienen criterios distintos y un amplio margen de discreción según el país.
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que recalcar que los esfuerzos para atraer inversores extranjeros debería ocupar un lugar importante en la agenda económica y social de cualquier formación política (pero, eso sí, no dejen a Soraya llevar las cuentas).
¡Nuestra visadorada ha otorgado la residencia a 3.100 inversores extranjeros y conseguido una inversión de 690 millones de euros en menos de dos años!
Digamos en primer lugar que a esta letrada las matemáticas le fallan. Porque si se han otorgado 3.100 permisos de residencia con una inversión mínima de 500.000 euros, la cantidad de inversión extranjera recibida estaría en torno a los 1.550 en lugar de los 690 millones de euros de la vicepresidenta.
Y es que hay que tener en cuenta que la actual Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización permite obtener la residencia a través de una inversión mínima de 500.000 euros en vivienda, un millón de euros en acciones o negocios o dos millones de euros en deuda pública.
Por supuesto que 3.100 visados otorgados no es un mal número, si tan sólo la inversión prevista se hubiese materializado. Pero Soraya, además de ser de letras, utilizó un informe que el Gobierno se sacó de la chistera sin pensarlo demasiado con la única intención de responder a una propuesta que dos días antes había presentado Luis Garicano, el flamante economista de Ciudadanos para atraer inversores y empresarios extranjeros.
De cualquier modo, los agentes económicos y sociales nos alegramos que se piense en generar mas inversión en nuestro país y que se haya dejado a un lado la retórica de los recortes. Pero también sabemos que para pasar del estado larvario electoralista a la realidad económico-social es preciso replantear la estrategia existente en términos más realistas, porque los inversores extranjeros suman y multiplican muy bien.
Pero aquí no se está inventando nada. El permiso de residencia por inversión existe en todos los países del mundo. El modelo español, además de tardío, tiene importantes deficiencias en su administración.
Digamos que las matemáticas de Soraya fallan y es preciso replantear la norma y la estrategia de captación de inversiones extranjeras, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.- La inversión debería ser real; con capital efectivamente desembolsado, con potencial de desarrollo empresarial y que venga acompañada de creación de empleo neto. Los resultados del programa deberían cuantificarse de acuerdo a dichos objetivos y no sólo por el número de permisos de residencia otorgados -como en las matemáticas de la vicepresidenta-.
2.- La inversión realizada y su rentabilidad debería tener un tratamiento fiscal preferente en la medida que se asegure su permanencia en España a largo plazo. De esta forma evitaríamos la desinversión masiva que ocurrió hace unos años.
3.- El inversor que traslade su residencia a España debería tributar sólo por sus ingresos en España. Por lo tanto, sería preciso reformar la normativa del IRPF, Patrimonio y Sucesiones aplicable al inversor que resida en nuestro país por un periodo inferior a cinco años. Se podría contemplar la aplicación extensiva del tratamiento fiscal del régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, previsto en el artículo 93 de la LIRPF, al inversor extranjero que cumpla el criterio previsto.
4.- Es urgente revisar y agilizar la normativa contra el blanqueo de capitales. Y, sobre todo, eliminar la presunción de criminalidad que aplican nuestros bancos a los inversores residentes en ciertos países árabes, latinoamericanos o asiáticos, sin existir informe penal en contra.
5.- A nivel práctico, es preciso que los visados para visitar España antes de la inversión puedan tramitarse de forma más eficiente y con un criterio uniforme regulado por Ley. Nuestros consulados mantienen criterios distintos y un amplio margen de discreción según el país.
Teniendo en cuenta lo anterior, hay que recalcar que los esfuerzos para atraer inversores extranjeros debería ocupar un lugar importante en la agenda económica y social de cualquier formación política (pero, eso sí, no dejen a Soraya llevar las cuentas).