La mayoría de partidos se han lanzado a la competición de ver cuál es el más transparente, proponiendo medidas de este tipo que afectan tanto a su organización política como a las instituciones que gobiernan o que buscan gobernar. Esto es consecuencia de los casos de corrupción que acorralan a la política y que han creado un sentimiento de indignación que ha alcanzado sus cotas máximas en los últimos tiempos.
El caso más llamativo es el del Gobierno de España. No pasa un día sin que conozcamos un nuevo caso de corrupción que afecta a las siglas de su partido. Sabiéndose acosados por la opinión pública y por la evidencia, impulsaron hace tiempo una ley de transparencia como respuesta a esos casos de corrupción, cuando todos sabemos que esos casos ya se han producido, y que por muchas medidas que implanten no van a conseguir que la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se vista de Michael J. Fox para retroceder al pasado, aprobar una ley con efecto retroactivo y que ante el miedo de ser descubiertos ningún responsable político haga con el dinero público lo que no debe hacer.
No me gusta la filosofía que aplica al gobierno de Rajoy para proponer una ley de transparencia, basándola solamente en los casos de corrupción. La transparencia debe ser una vacuna contra la corrupción y no un tratamiento cuando esta se produce. El acceso a la información pública debe ser un derecho ciudadano. Es inconcebible que en una democracia avanzada sea tan complicado conocer a qué se dedica cada céntimo de dinero público, quién recibe cada uno de los contratos, de las subvenciones y de los convenios con las administraciones públicas, cuánto cobran nuestros representantes públicos, cuáles son sus méritos para ocupar ese puesto... Es irrenunciable que en la próxima reforma de la Constitución se incluya el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. Debemos aplicar a nuestros representantes y a nuestros gobiernos el concepto de bolsillos y de las paredes de cristal.
Es cierto que el Gobierno de Rajoy ha aprobado una ley de transparencia, pero no es menos cierto que lo que menos está consiguiendo es poner foco y transparencia a todo lo que tiene que ver con lo público. Se ha quedado en una mera declaración de intenciones con poco efecto. Otro engaño más a unos ciudadanos cansados de tantas mentiras.
Les animo a que intenten solicitar cualquier información en el portal de transparencia. Si consiguen superar todos los trámites necesarios y recibir dicha información, les felicito: serán de los pocos españoles que lo han conseguido y, como premio, el Gobierno debería tener el detalle de obsequiarles, como mínimo, con un viaje para dos personas. El portal debería permitir la solicitud de información de manera anónima, como se hace en muchos países. No hay ningún motivo para que la Administración quiera saber quién solicita dicha información. No esperen encontrar tampoco dentro del portal archivos en formato abierto y reutilizable que permitan procesar la información, haciéndola más accesible y entendible.
Reconozco que siento envidia sana de países como Brasil, en cuyo parlamento nacional han creado un Laboratorio Hacker donde diputados, programadores... trabajan codo con codo para poner la información pública a disposición de los ciudadanos en formatos y aplicaciones accesibles. O Chile, donde su Consejo para la Transparencia propone como sanciones la retirada de parte del salario de representantes públicos por incumplimiento de las normas de transparencia.
Y muchos se preguntarán: ¿por qué después de tantos anuncios de medidas de transparencia no se están aplicando de la forma más adecuada en España? Fácil respuesta tiene esta pregunta: muchos de los gobernantes que defendían la transparencia han comprobado que saca a la luz sus vergüenzas y contradicciones, pudiendo perder votos. Si no, que se lo pregunten al presidente extremeño Monago, que después de publicar los coches oficiales retiró el listado al hacerse eco los medios de comunicación que no solo no se habían reducido, como había anunciado antes de ser presidente, sino que habían aumentado. O que al publicar la ejecución de presupuesto, puso en evidencia que quehabía triplicado el gasto de algunos departamentos en partidas como publicidad y propaganda respecto al presupuesto inicialmente aprobado.
El caso más llamativo es el del Gobierno de España. No pasa un día sin que conozcamos un nuevo caso de corrupción que afecta a las siglas de su partido. Sabiéndose acosados por la opinión pública y por la evidencia, impulsaron hace tiempo una ley de transparencia como respuesta a esos casos de corrupción, cuando todos sabemos que esos casos ya se han producido, y que por muchas medidas que implanten no van a conseguir que la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría se vista de Michael J. Fox para retroceder al pasado, aprobar una ley con efecto retroactivo y que ante el miedo de ser descubiertos ningún responsable político haga con el dinero público lo que no debe hacer.
No me gusta la filosofía que aplica al gobierno de Rajoy para proponer una ley de transparencia, basándola solamente en los casos de corrupción. La transparencia debe ser una vacuna contra la corrupción y no un tratamiento cuando esta se produce. El acceso a la información pública debe ser un derecho ciudadano. Es inconcebible que en una democracia avanzada sea tan complicado conocer a qué se dedica cada céntimo de dinero público, quién recibe cada uno de los contratos, de las subvenciones y de los convenios con las administraciones públicas, cuánto cobran nuestros representantes públicos, cuáles son sus méritos para ocupar ese puesto... Es irrenunciable que en la próxima reforma de la Constitución se incluya el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. Debemos aplicar a nuestros representantes y a nuestros gobiernos el concepto de bolsillos y de las paredes de cristal.
Es cierto que el Gobierno de Rajoy ha aprobado una ley de transparencia, pero no es menos cierto que lo que menos está consiguiendo es poner foco y transparencia a todo lo que tiene que ver con lo público. Se ha quedado en una mera declaración de intenciones con poco efecto. Otro engaño más a unos ciudadanos cansados de tantas mentiras.
Les animo a que intenten solicitar cualquier información en el portal de transparencia. Si consiguen superar todos los trámites necesarios y recibir dicha información, les felicito: serán de los pocos españoles que lo han conseguido y, como premio, el Gobierno debería tener el detalle de obsequiarles, como mínimo, con un viaje para dos personas. El portal debería permitir la solicitud de información de manera anónima, como se hace en muchos países. No hay ningún motivo para que la Administración quiera saber quién solicita dicha información. No esperen encontrar tampoco dentro del portal archivos en formato abierto y reutilizable que permitan procesar la información, haciéndola más accesible y entendible.
Reconozco que siento envidia sana de países como Brasil, en cuyo parlamento nacional han creado un Laboratorio Hacker donde diputados, programadores... trabajan codo con codo para poner la información pública a disposición de los ciudadanos en formatos y aplicaciones accesibles. O Chile, donde su Consejo para la Transparencia propone como sanciones la retirada de parte del salario de representantes públicos por incumplimiento de las normas de transparencia.
Y muchos se preguntarán: ¿por qué después de tantos anuncios de medidas de transparencia no se están aplicando de la forma más adecuada en España? Fácil respuesta tiene esta pregunta: muchos de los gobernantes que defendían la transparencia han comprobado que saca a la luz sus vergüenzas y contradicciones, pudiendo perder votos. Si no, que se lo pregunten al presidente extremeño Monago, que después de publicar los coches oficiales retiró el listado al hacerse eco los medios de comunicación que no solo no se habían reducido, como había anunciado antes de ser presidente, sino que habían aumentado. O que al publicar la ejecución de presupuesto, puso en evidencia que quehabía triplicado el gasto de algunos departamentos en partidas como publicidad y propaganda respecto al presupuesto inicialmente aprobado.