Esta semana comienzan en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York las sesiones del Comité Especial de Descolonización. El Comité -conocido como C-24- está formado por veintinueve miembros y debe tratar la situación de diecisiete territorios no autónomos, entre ellos Gibraltar y Malvinas, dos lugares de importancia para España y Argentina, respectivamente.
Las Islas Malvinas, que se encuentran bajo la Administración británica, cobran especial interés este año por varias cuestiones.
La primera es que se cumple el cincuenta aniversario de la adopción de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha resolución contiene elementos cruciales para las demandas argentinas. La primera es que dice que lo que ocurre en las Malvinas es una de las formas de colonialismo a las que debe ponerse fin. La segunda es que se toma nota de la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Por último, se invita a los dos Estados a entablar negociaciones para encontrar una "solución pacífica al problema e informar al Comité Especial o a la Asamblea General" el resultado de las mismas.
Claro está, dichas negociaciones deben ser desarrolladas teniendo en cuenta los objetivos y las disposiciones de la Carta de la ONU, la Resolución 1514- que versa sobre el principio de integridad territorial-, y los intereses de la población de las islas. Aunque con respecto a esto último, cabe recordar que al ocupar las Malvinas por la fuerza en 1833, el Reino Unido expulsó a la población local y no permitió que regresaran, quebrando así la integridad territorial de Argentina.
Por tanto, quienes habitan en las islas poseen características y modos de vida británicos. Tampoco se trata de una población "subyugada por un poder colonial". Por ende, no corresponde la aplicación el principio de "autodeterminación de los pueblos", como invoca la defensa británica.
En lo que respecta al avance de las negociaciones, lamento ser pesimista, pero nada parece indicar que ambos países se sienten a negociar en un corto plazo. Argentina sigue buscando- y consiguiendo- apoyo en las distintas regiones del mundo, y lleva bajo el brazo a la ONU resoluciones y declaraciones, además de peticiones de descendientes de quienes fueron expulsados. El Reino Unido, por su parte, sostiene un trabajo de cabildeo constante y a varios niveles -hasta científico- y cuenta con peticionarios que argumentan que el principio de autodeterminación debe ser aplicado en tu totalidad.
Por último, periódicos británicos han informado desde hace algunos días de una creciente militarización en el Atlántico Sur ante la posibilidad de una agresión por parte de la Argentina. Estos mismos medios acusan a Argentina de poseer equipamiento militar comprado a Rusia y a China. Sin embargo, los expertos en defensa a los que he consultado en Argentina rechazan que eso sea verdad, y alegan que este anuncio de una posibilidad de ataque argentino es parte del lobby que llevan a cabo en el Reino Unido ciertos sectores, preocupados ante un recorte presupuestario por parte de Cameron.
Sea como fuere -en caso que esto sea una jugada de la política interna británica-, es preocupante que existan misiles de combate en el Atlántico Sur y que esto empañe la posibilidad de llegar al diálogo entre ambos Estados.
Tarde o temprano, ambos Estados deben sentarse a negociar: esta situación no puede mantenerse así eternamente, especialmente mientras siga siendo materia del C-24.
Las Islas Malvinas, que se encuentran bajo la Administración británica, cobran especial interés este año por varias cuestiones.
La primera es que se cumple el cincuenta aniversario de la adopción de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicha resolución contiene elementos cruciales para las demandas argentinas. La primera es que dice que lo que ocurre en las Malvinas es una de las formas de colonialismo a las que debe ponerse fin. La segunda es que se toma nota de la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Por último, se invita a los dos Estados a entablar negociaciones para encontrar una "solución pacífica al problema e informar al Comité Especial o a la Asamblea General" el resultado de las mismas.
Claro está, dichas negociaciones deben ser desarrolladas teniendo en cuenta los objetivos y las disposiciones de la Carta de la ONU, la Resolución 1514- que versa sobre el principio de integridad territorial-, y los intereses de la población de las islas. Aunque con respecto a esto último, cabe recordar que al ocupar las Malvinas por la fuerza en 1833, el Reino Unido expulsó a la población local y no permitió que regresaran, quebrando así la integridad territorial de Argentina.
Por tanto, quienes habitan en las islas poseen características y modos de vida británicos. Tampoco se trata de una población "subyugada por un poder colonial". Por ende, no corresponde la aplicación el principio de "autodeterminación de los pueblos", como invoca la defensa británica.
En lo que respecta al avance de las negociaciones, lamento ser pesimista, pero nada parece indicar que ambos países se sienten a negociar en un corto plazo. Argentina sigue buscando- y consiguiendo- apoyo en las distintas regiones del mundo, y lleva bajo el brazo a la ONU resoluciones y declaraciones, además de peticiones de descendientes de quienes fueron expulsados. El Reino Unido, por su parte, sostiene un trabajo de cabildeo constante y a varios niveles -hasta científico- y cuenta con peticionarios que argumentan que el principio de autodeterminación debe ser aplicado en tu totalidad.
Por último, periódicos británicos han informado desde hace algunos días de una creciente militarización en el Atlántico Sur ante la posibilidad de una agresión por parte de la Argentina. Estos mismos medios acusan a Argentina de poseer equipamiento militar comprado a Rusia y a China. Sin embargo, los expertos en defensa a los que he consultado en Argentina rechazan que eso sea verdad, y alegan que este anuncio de una posibilidad de ataque argentino es parte del lobby que llevan a cabo en el Reino Unido ciertos sectores, preocupados ante un recorte presupuestario por parte de Cameron.
Sea como fuere -en caso que esto sea una jugada de la política interna británica-, es preocupante que existan misiles de combate en el Atlántico Sur y que esto empañe la posibilidad de llegar al diálogo entre ambos Estados.
Tarde o temprano, ambos Estados deben sentarse a negociar: esta situación no puede mantenerse así eternamente, especialmente mientras siga siendo materia del C-24.