Hace unos días se recibía en el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando (Cádiz) un mensaje del Observatorio de París para añadir un segundo de nuestro tiempo, lo que los expertos denominan "el segundo intercalar". Esto se debe de forma muy resumida a que el tiempo medido según el meridiano de Greenwich (GMT) es inexacto y se retrasa con respecto al tiempo más exacto medido con los actuales relojes atómicos. Esta operación se tiene que realizar periódicamente para que no exista entre ambos una diferencia mayor a un segundo.
Algo parecido ocurre en nuestro país con el sistema de atención a la infancia: se retrasa, y de vez en cuando, con mayor demora de la aconsejable, se actualiza. Así que el mes pasado, el Congreso aprobó la denominada Ley de modificación del sistema de protección a la infancia, que acaba de entrar en vigor. Todo un paquete de reformas legislativas, que modifica un buen numero de leyes que pretenden actualizar nuestro sistema de protección infantil.
Esta iniciativa legislativa viene en muchos casos a dar respuesta a múltiples demandas que la sociedad y que los profesionales del sector venimos demandado desde hace tiempo. Los españoles podemos felicitarnos porque ve la luz una reforma que se inició en el Senado hace nada menos que siete años, pero que año tras año siempre iba quedando atrás.
Felicitarnos porque, once años después de la ley de violencia de genero, al fin se reconocen legalmente como víctimas a los menores que sufren situaciones de maltrato como consecuencia de la violencia de genero en su propia familia y obliga a los jueces a mirar también a los niños y niñas que viven este tipo de maltrato.
Felicitarnos porque, diecinueve años después de la ley que decía que el acogimiento familiar es la opción preferente, al fin se comienzan a dar los primeros pasos para que esto sea así; evitando un despropósito tal como que fuese más fácil llevar a niño a un centro que a una familia; con ello se confieren derechos a los menores acogidos y a las propias familias de acogida y se elimina la institucionalización de los niños y niñas menores de tres años. Desde luego, después de que prácticamente ya hayan desaparecido en muchos lugares.
Felicitarnos porque nos acercaremos un poco más a los países de nuestro entorno, regulándose la adopción abierta, de manera que los menores puedan seguir manteniendo alguna relación con su familia de origen, lo que debería contribuir a que más niños y niñas se puedan beneficiar de esta medida sin renunciar a una parte importante de sus vidas.
Felicitarnos porque la pobreza no será causa de desamparo, como ya hace años que venimos diciendo muchos profesionales, y porque ya a ningún ministro del ramo se le podrá ocurrir con frivolidad responsabilizar a los padres de la desnutrición infantil en nuestro país. Aunque no se proponga ninguna medida para afrontar las terribles cifras de pobreza infantil que soportamos.
Felicitarnos porque se le recuerde una vez más a los Gobiernos que no tenemos un sistema de información en materia de infancia que nos aporte datos fiables sobre la situación de la infancia en España. Pero quizá lo más novedoso y curioso de una ley de esta envergadura es la Disposición final vigésima, que dice expresamente: "Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal". Sin duda, una cuadratura difícil de encajar.
Volviendo al tema del tiempo, y como nos dicen los expertos desde San Fernando, probablemente esta sea la última vez que se introduce el llamado "segundo intercalar", ya que finalmente se terminará adoptando un sistema que no requiera maquillajes y se opte por un sistema continuo de medición del tiempo más exacto.
Deberíamos hacer algo parecido con el sistema de protección a la infancia. No porque no necesite actualizarse periódicamente, sino porque lo que sería realmente interesante sería diseñar un nuevo sistema de atención a la infancia en nuestro país. Un sistema que coloque definitivamente a la infancia en el centro de las políticas destinadas a su bienestar, considerando a los niños y las niñas como uno de los mayores valores que actualmente dispone nuestra sociedad. Que nos permita pasar de un sistema centrado en los servicios (salud, educación, justicia, bienestar, protección), en los que es el niño el que debe ir saltando de un lado a otro y adaptarse a cada uno de ellos según sus peculiaridades, a un sistema centrado en el niño, en su vida diaria, donde sean los proveedores de servicios los que se deben adaptar a los niños y niñas y, sobre todo, poner de acuerdo, y no a la inversa.
Aprendiendo de las lecciones, miremos al sistema de salud: su prioridad es el déficit, y por eso el presupuesto se lo lleva la cronicidad y la alta tecnología. Una parte importante del desarrollo de esta nueva ley se dedica a intentar dar respuesta al daño cuando este ya se ha producido, sea grave (situación legal de desamparo), o moderado (situación legal de riesgo). Centrase en curar, sin la prevención y promoción del buen trato y el bienestar, es olvidarse de la mejor forma de evitar que este tipo de situaciones se produzcan y, por tanto de construir una sociedad que atiende los riesgos y los déficit con eficiencia, lo más costoso, pero que no contiene su aparición, lo más rentable.
Necesitamos recuperar como sociedad la capacidad de responder a los retos que nos plantean los niños y las niñas (los más sanos y felices de la pirámide de población) y sobre todo orientar los recursos con precisión, poniendo énfasis en potenciar los activos y riquezas en las primeras etapas del río de la vida y romper el hueco entre las rentas de los niños más ricos y los más pobres.
Algo parecido ocurre en nuestro país con el sistema de atención a la infancia: se retrasa, y de vez en cuando, con mayor demora de la aconsejable, se actualiza. Así que el mes pasado, el Congreso aprobó la denominada Ley de modificación del sistema de protección a la infancia, que acaba de entrar en vigor. Todo un paquete de reformas legislativas, que modifica un buen numero de leyes que pretenden actualizar nuestro sistema de protección infantil.
Esta iniciativa legislativa viene en muchos casos a dar respuesta a múltiples demandas que la sociedad y que los profesionales del sector venimos demandado desde hace tiempo. Los españoles podemos felicitarnos porque ve la luz una reforma que se inició en el Senado hace nada menos que siete años, pero que año tras año siempre iba quedando atrás.
Felicitarnos porque, once años después de la ley de violencia de genero, al fin se reconocen legalmente como víctimas a los menores que sufren situaciones de maltrato como consecuencia de la violencia de genero en su propia familia y obliga a los jueces a mirar también a los niños y niñas que viven este tipo de maltrato.
Los españoles debemos felicitarnos porque, once años después de la ley de violencia de genero, al fin se reconocen legalmente como víctimas a los menores que sufren situaciones de maltrato como consecuencia de la violencia de genero en su propia familia
Felicitarnos porque, diecinueve años después de la ley que decía que el acogimiento familiar es la opción preferente, al fin se comienzan a dar los primeros pasos para que esto sea así; evitando un despropósito tal como que fuese más fácil llevar a niño a un centro que a una familia; con ello se confieren derechos a los menores acogidos y a las propias familias de acogida y se elimina la institucionalización de los niños y niñas menores de tres años. Desde luego, después de que prácticamente ya hayan desaparecido en muchos lugares.
Felicitarnos porque nos acercaremos un poco más a los países de nuestro entorno, regulándose la adopción abierta, de manera que los menores puedan seguir manteniendo alguna relación con su familia de origen, lo que debería contribuir a que más niños y niñas se puedan beneficiar de esta medida sin renunciar a una parte importante de sus vidas.
Felicitarnos porque la pobreza no será causa de desamparo, como ya hace años que venimos diciendo muchos profesionales, y porque ya a ningún ministro del ramo se le podrá ocurrir con frivolidad responsabilizar a los padres de la desnutrición infantil en nuestro país. Aunque no se proponga ninguna medida para afrontar las terribles cifras de pobreza infantil que soportamos.
Felicitarnos porque se le recuerde una vez más a los Gobiernos que no tenemos un sistema de información en materia de infancia que nos aporte datos fiables sobre la situación de la infancia en España. Pero quizá lo más novedoso y curioso de una ley de esta envergadura es la Disposición final vigésima, que dice expresamente: "Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal". Sin duda, una cuadratura difícil de encajar.
Volviendo al tema del tiempo, y como nos dicen los expertos desde San Fernando, probablemente esta sea la última vez que se introduce el llamado "segundo intercalar", ya que finalmente se terminará adoptando un sistema que no requiera maquillajes y se opte por un sistema continuo de medición del tiempo más exacto.
Deberíamos hacer algo parecido con el sistema de protección a la infancia. No porque no necesite actualizarse periódicamente, sino porque lo que sería realmente interesante sería diseñar un nuevo sistema de atención a la infancia en nuestro país. Un sistema que coloque definitivamente a la infancia en el centro de las políticas destinadas a su bienestar, considerando a los niños y las niñas como uno de los mayores valores que actualmente dispone nuestra sociedad. Que nos permita pasar de un sistema centrado en los servicios (salud, educación, justicia, bienestar, protección), en los que es el niño el que debe ir saltando de un lado a otro y adaptarse a cada uno de ellos según sus peculiaridades, a un sistema centrado en el niño, en su vida diaria, donde sean los proveedores de servicios los que se deben adaptar a los niños y niñas y, sobre todo, poner de acuerdo, y no a la inversa.
Debemos defender un sistema centrado en el niño, en su vida diaria, donde sean los proveedores de servicios los que se deben adaptar a los niños y niñas y, sobre todo, poner de acuerdo, y no a la inversa.
Aprendiendo de las lecciones, miremos al sistema de salud: su prioridad es el déficit, y por eso el presupuesto se lo lleva la cronicidad y la alta tecnología. Una parte importante del desarrollo de esta nueva ley se dedica a intentar dar respuesta al daño cuando este ya se ha producido, sea grave (situación legal de desamparo), o moderado (situación legal de riesgo). Centrase en curar, sin la prevención y promoción del buen trato y el bienestar, es olvidarse de la mejor forma de evitar que este tipo de situaciones se produzcan y, por tanto de construir una sociedad que atiende los riesgos y los déficit con eficiencia, lo más costoso, pero que no contiene su aparición, lo más rentable.
Necesitamos recuperar como sociedad la capacidad de responder a los retos que nos plantean los niños y las niñas (los más sanos y felices de la pirámide de población) y sobre todo orientar los recursos con precisión, poniendo énfasis en potenciar los activos y riquezas en las primeras etapas del río de la vida y romper el hueco entre las rentas de los niños más ricos y los más pobres.